Agencias/ Ciudad de México.- Durante un mes, Dolores Barros recorrió las calles aledañas al Portal de Las Américas, uno de los puntos de protesta más álgidos al suroeste de Bogotá, sosteniendo un cartel de la foto de su hijo Duban Felipe, de 17 años, quien fue visto en ese lugar por última vez el 5 de junio: “Desaparecido… se encontraba vestido con camisa amarilla, pantalón negro, gorra negra y zapatos negros”.
La incertidumbre dio paso a un profundo dolor cuando le avisaron que su hijo fue encontrado en Medicina Legal, donde reciben los cuerpos sin vida. El 11 de julio, Dolores hizo el reconocimiento del cadáver. Estaba consternada, pues previamente había ido a ese mismo sitio preguntando por Duban sin recibir respuesta.
“Me llamaron de Medicina Legal, lo tenían hace un mes, lo encontraron en el Portal de las Américas. No me dijeron la causa de su muerte”, dijo Dolores a The Associated Press.
Las alertas por presuntas desapariciones forzadas iniciaron pocos días después del comienzo de las multitudinarias protestas contra las políticas del gobierno que se mantienen en Colombia desde el 28 de abril, primero motivadas por el rechazo a una reforma fiscal que fracasó por la presión ciudadana y después impulsadas por problemas estructurales como la creciente pobreza acentuada por la pandemia, la inequidad y la violencia.
Casi tres meses después, la Fiscalía mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente para 63 personas. Éste puede activarse de oficio o por solicitud de una persona que conozca un presunto caso y ha recibido cinco denuncias formales por desaparición, según el último informe público del 11 de julio. Aunque el número de casos ha descendido -inició siendo de 465 personas-, persiste la preocupación de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
La cifra fue depurada tras cruzar los datos. Las autoridades localizaron a decenas de ellos que estaban capturados, otros fueron finalmente ubicados por sus familiares. Además, 153 solicitudes de búsqueda se descartaron, según la Fiscalía, por “falta de información suficiente”.
“Es importante señalar que, en todos los casos de las personas que han sido ubicadas, se ha descartado por completo la configuración del delito de desaparición forzada”, indicó la Fiscalía en el informe que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras su visita a Colombia, la CIDH le recomendó al Estado colombiano crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas. “La Comisión recibió con extrema preocupación informes de que algunas de las personas reportadas como desaparecidas han sido encontradas sin vida”, indicó el 7 de julio en el documento de observaciones y recomendaciones a Colombia.
Dolores aseguró que ese 5 de junio su hijo salió a las 6 de la tarde para llevar a su novia a su casa. Sin embargo, sus averiguaciones apuntan a que Duban fue después al sitio de la protesta. “Todo coincide con que él estaba en el portal. Mi cuñada -la esposa de mi hermano-, asiste todos los días al portal y me dijo que allá se encontró con Duban como a las 7:30 de la noche. A esa hora ella se iba a ir con Duban para la casa, pero un amigo lo llamó y lo hizo devolver, y él le dijo: “Tía, siga que ahorita me voy”, contó Dolores.
Esta fue una sorpresa para la mujer, quien trabaja en una fábrica de confecciones, porque no sabía que su hijo participaba en las protestas. Ella misma le advertía que podía ser peligroso: “Con una sola piedra te pueden matar”, le decía en referencia a los frecuentes enfrentamientos que se dan en el sector entre los manifestantes y la Policía, esta última acusada frecuentemente de un uso excesivo de la fuerza.
En el caso de Duban, la Policía asegura que él no era manifestante y que este organismo “no tiene ninguna responsabilidad con estos hechos”. El cuerpo fue encontrado el 5 de junio y llevado un día después a Medicina Legal, según declaró el lunes el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Eliécer Camacho. “La Fiscalía adelanta las actividades pertinentes para esclarecer el hecho teniendo en cuenta que tiene algunas declaraciones importantes que dan cuenta que se trataría de un ahogamiento”, agregó.
Medicina Legal informó el lunes en un comunicado que el cuerpo de Duban fue encontrado en “un caño de aguas lluvias” sin embargo, no pudo ser identificado inmediatamente por “las condiciones del hallazgo” y requirió estudios adicionales que tardaron hasta lograr la plena identificación. La necropsia fue entregada a la Fiscalía.
Según la CIDH, en Colombia hay “inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado”, así como disparidad en las cifras que presenta la sociedad civil principalmente en relación a las víctimas fatales y las personas desaparecidas, por lo que pidió al Estado mayor claridad.
El personero de Bogotá, Julián Pinilla, encargado de velar por los derechos humanos, aseguró a la AP que están verificando el paradero de 12 personas en la ciudad, quienes fueron vistas por última vez entre el 28 de abril y el 14 de junio. “Necesitamos celeridad y transparencia con los datos que le estamos dando al país y al mundo frente al tema de los desaparecidos, ni una sola persona puede encontrarse bajo esta condición, pero tampoco se pueden generar falsas alarmas”, agregó.
En las paredes de ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga se repite una consigna: “¿Dónde están los desaparecidos?”. Organizaciones no gubernamentales como Indepaz y Temblores han monitoreado el tema y reportaron el 1 de julio tres personas desaparecidas, una de ellas con “relación directa con las protestas”.
Alejandro Lanz Sánchez, codirector ejecutivo de Temblores, le dijo a la AP que otras nueve personas que fueron halladas les manifestaron “algún tipo de violencia por parte de la fuerza pública y también ocultamiento, que puede ser que no le permitieron comunicarse con abogado o familiar, saber el motivo de la retención o el lugar a donde iba a ser trasladado”.
Más de 200 policías están siendo investigados disciplinariamente por presuntas faltas en el marco de las protestas, al menos 100 de ellos por abuso de autoridad, sin embargo, el gobierno asegura que se trata de casos individuales que tienen que ser investigados.
“Hay familiares que no quieren entablar la denuncia con la esperanza de que su ser querido aparezca o también porque les han metido terror, algunos de los que desaparecieron un tiempo fueron sometidos a malos tratos, torturas, bajo custodia de la policía y les advirtieron que si denuncian los van a imputar por todo el vandalismo”, dijo a la AP Alberto Yepes, coordinador del observatorio de DDHH de la Coordinación Colombia-Europa-EEUU, quien advierte que hay un subregistro de denuncias.
El gobierno ha negado tales acusaciones. En un comunicado difundido el miércoles indicó que “es importante hacer claridad en que no es política del Estado colombiano utilizar sus instituciones legítimas para encubrir actos que no lo son” y agregó que procederán a investigar los casos con contundencia “en la medida en que existan denuncias formales”.
Colombia lleva a cuestas una historia de conflicto interno que ha dejado un saldo de más de 80.000 víctimas de desaparición forzada entre 1970 y 2018, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Actualmente, las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aportan información para dar con el paradero de decenas de víctimas, como parte del cumplimiento del acuerdo de paz que firmaron con el gobierno en 2016.
“Si no actuamos inmediatamente, la historia se va a repetir y en el 2050 podríamos estar buscando a personas que desaparecieron hoy”, advirtió el 28 de mayo en un comunicado la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón Cifuentes.
