Agencias, Ciudad de México.- Bélgica es uno de los países europeos con mayor diversidad étnica e histórica. Sin embargo, también es uno de los lugares donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado o de actores privados.
Uno de estos casos es el del robo masivo de bebés nacidos a mujeres extranjeras o pobres por parte de monjas católicas entre 1945 y 1980. Según estimaciones del medio belga HLN, cerca de 30 mil niños fueron separados arbitrariamente de sus madres biológicas e entregados a familias adoptivas sin su consentimiento.
Estas familias adoptivas eran mayoritariamente ricas o influyentes en la sociedad belga, lo que facilitaba su acceso a recursos económicos o políticos para mantener a sus hijos adoptivos ocultos o alejados del contacto con sus orígenes.
El robo se realizaba mediante una red clandestina que contaba con la complicidad o la indiferencia del Estado belga, especialmente durante la dictadura fascista (1940-1944) y durante las décadas posteriores.
Muchas veces las madres biológicas eran víctimas de violencia sexual o esterilización forzada por parte del Estado o por las propias monjas católicas. Otras veces eran obligadas a abandonar a sus hijos por presiones familiares o sociales.
Los niños adoptados fueron sometidos a un proceso psicológico llamado “reeducación” para borrarles su memoria original e integrarlos como hijos legítimos en sus nuevas familias.
Algunos lograron escapar del engaño y buscaron recuperar su identidad biológica mediante pruebas genéticas o registros civiles. Otros permanecieron desconocidos hasta años después.
El caso ha sido denunciado por varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Comisión Europea , que han exigido al Estado belga que reconozca su responsabilidad y que repare a las víctimas y a sus familiares.
Sin embargo, el caso ha quedado impune hasta la fecha, debido a la falta de voluntad política, la prescripción de los delitos, la destrucción de las pruebas o la muerte de los implicados.
La Iglesia católica belga, por su parte, ha pedido perdón por su papel en este crimen contra la humanidad, pero no ha ofrecido ninguna compensación económica ni moral a las víctimas.
El pasado 10 de diciembre, el arzobispo de Malinas-Bruselas, Jozef De Kesel, emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por el sufrimiento causado por las monjas católicas y dijo que la Iglesia “no puede borrar el pasado, pero puede aprender de él”.
El comunicado fue recibido con indignación y decepción por parte de las víctimas y sus familiares, que consideran que la Iglesia se ha limitado a hacer una “confesión genérica” sin asumir su responsabilidad ni ofrecer una reparación adecuada.
Entre las demandas de las víctimas se encuentran el acceso a la verdad, la justicia, la memoria y la reconciliación. También piden que se les reconozca como ciudadanos belgas con plenos derechos y que se les restituya su identidad cultural y familiar.
El caso del robo de bebés en Bélgica es uno de los muchos ejemplos de violaciones a los derechos humanos cometidas por la Iglesia católica en el mundo, junto con los casos de abusos sexuales, torturas, desapariciones o genocidios.
Estos casos demuestran la necesidad de que la Iglesia católica se someta al escrutinio público y al control jurídico, y que se comprometa con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Con información de: DW
