Agencias/Ciudad de México.- Como parte de su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, el presidente Joe Biden pidió al Congreso destinar 861 millones de dólares para un programa regional de desarrollo en Centroamérica, a fin de frenar la migración y atender sus causas de origen.
La meta última del gobierno de Biden es la inversión de 4 mil millones de dólares en los próximos cuatro años en la región que “permitirá que Estados Unidos sustente alianzas regionales efectivas” con controles que reduzcan “la corrupción endémica”.
Además de esto, el Gobierno busca para para el periodo fiscal 2022, que comienza en octubre, partidas millonarias para mejorar la seguridad fronteriza y mejorar los trámites de residencia y ciudadanía. La solicitud completa de Biden se conocerá en mayo.
El pedido al Congreso incluiría mil 200 millones de dólares para infraestructura, con la atención centrada en la modernización de los puertos de entrada y la tecnología, además de “esfuerzos para garantizar el tratamiento seguro y humano de los migrantes” bajo custodia de la Patrulla de Fronteras.
“La solicitud no incluye fondos adicionales para la construcción de un muro en la frontera y propone la cancelación de los balances del año anterior que no estén obligados al fin de 2021”, precisó el documento.
Biden tiene en mente pedir 345 millones de dólares para resolver la acumulación de unos 1.3 millones de trámites de naturalización y asilo atrasados en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y 4 mil 300 millones de dólares para procesar la admisión de 125 mil refugiados.
El Gobierno de Trump (2017-2021), que aplicó una política migratoria restrictiva, redujo a 15 mil el número anual de refugiados aceptados.
Hace dos meses Biden presentó al Congreso un plan para aceptar hasta 62 mil 500 refugiados en lo que resta del periodo fiscal 2021, pero el presidente hasta ahora no ha firmado el decreto sin que haya explicaciones por la demora.
El Presidente propone además un aumento del 21 por ciento en los fondos para permitir la contratación de 100 jueces adicionales de inmigración.
Además, Biden propuso hacer más asequible las becas Pell para los estudiantes de ingresos bajos y medios, asegurando que también puedan obtenerlas los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran niños y amparados desde 2012 por una suspensión de las deportaciones en el programa DACA. Con este fin, el presidente tiene previsto solicitar una inversión adicional de 3 mil millones en el programa de becas Pell.
El Gobierno de Biden está considerando un programa de transferencias monetarias con condiciones para ayudar a resolver los problemas económicos que llevan a muchos migrantes centroamericanos hacia el norte, así como el envío de dosis de vacunas para el Covid-19 a esos países, dijo una funcionaria de alto rango de la Casa Blanca a Reuters.
El programa estaría dirigido a personas en la región del Triángulo Norte, que incluye a Guatemala, Honduras y el Salvador, dijo Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur de EU, a Reuters en una entrevista. No dijo exactamente quién recibiría el dinero.
“Estamos considerando todas las opciones productivas para atender tanto las razones económicas por las que la gente migra, así como los motivos de protección y seguridad”, dijo Jacobson. No dio una explicación detallada de cómo funcionaria dicho programa.
“Lo único que puedo prometer es que el Gobierno de Estados Unidos no va a repartir dinero o cheques a la gente”, señaló.
Jacobson dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre si se iba a dar prioridad al envío de vacunas a los países del Triángulo del Norte, pero añadió que el Gobierno del Presidente Joe Biden consideraría cómo las vacunas podrían ayudar a las economías debilitadas de esos países.