Agencias/Ciudad de México.- Una investigación del diario mexicano ‘Reforma’ que le siguió el rastro a diversos contratos del Gobierno del estado mexicano de Nuevo León (norte) encontró que una empresa creada por el gobernador de la entidad y exaspirante presidencial, Samuel García, ha recibido más de 200 millones de pesos mediante un presunto mecanismo de triangulación.
De acuerdo con la pieza periodística, Suministros MYR facturó al Gobierno, encabezado por García, 964,7 millones de pesos (unos 57,879.252 millones de dólares) por servicios de alimentación en cárceles, campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos.
De ese monto, MYR transfirió cerca de 237 millones de pesos a Productos Mexicanos JACE, una compañía “hermana” que, a su vez, depositó 202,9 millones de pesos a otra empresa “hermana”, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, un bufete jurídico creado por el edil nuevoleonés y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Según Reforma, las transacciones al despacho de García y su progenitor empezaron el 15 de octubre de 2021, sólo 11 días después del inicio de la Administración de Samuel García.
En su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador negó que la información del medio sea verídica, aseguró que su Gobierno es incorruptible y culpó a “la vieja política” de estar detrás de lo que describió como un “montaje”.
“El origen de esta nota es un montaje, y luego, una filtración hecha por la Fiscalía del Estado, manejada por la vieja política, que desde enero ha estado investigando a las empresas de mi familia, como una forma de presionar, extorsionar y difamarnos durante este proceso electoral”, declaró.
Asimismo, el político detalló que MYR es proveedora del gobierno de Nuevo León desde enero de 2016, o sea, desde la Administración de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco.
Mientras que Productos Mexicanos JACE, dijo, es cliente de la firma jurídica de la que es socio desde octubre de 2017, cuatro años antes de asumir la gubernatura.
De igual manera, García explicó que desde 2017, su despacho brindó asesoría a JACE por una auditoría que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con todo, la investigación del Reforma sostiene que la “empresa madre”, Suministros MYR, fue fundada en 2010 y su giro original abarcaba la compra venta de materias primas forestales; comercialización de artículos de oficina, muebles uniformes, equipos médicos, fotográficos, alimentos, artículos publicitarios; elaboración de proyectos y asesorías para Gobiernos de los tres niveles; mantenimiento en general y construcción.
Pero los documentos consultados por el rotativo descubrieron que no fue sino hasta 2022 cuando la compañía incorporó como giro principal la prestación de servicios como alimentación en comedores industriales, restaurantes y sector público. O sea, un año después de recibir los contratos.
La empresa, además, es el segundo proveedor que recibe más pagos de la Administración de García. Además, apunta el diario, no se cuentan los gastos que no se transparentan por “motivos de seguridad”, los cuales podrían incluir a ese mismo proveedor.
Tan solo en la relación de pagos difundida por el Gobierno, señala la nota, el monto de pagos a MYR alcanzó 1.115 millones de pesos.
Mientras tanto, Samuel García anticipó que “vendrán más ataques como este” debido al proceso electoral que dio inicio en marzo pasado.
“Estoy muy tranquilo porque no tengo nada que ocultar y porque tengo pruebas y argumentos para desmentir cada acusación falsa que hagan. Afortunadamente, mi patrimonio lo construí trabajando duro y mucho antes de entrar a la política”, aseguró.
Samuel García empezó su carrera política como diputado local para luego desempeñarse como senador por Nuevo León.
En 2020 pidió licencia para contender por la gubernatura del estado, la cual ganó para asumir el ejecutivo estatal en 2021, convirtiéndose en el gobernador más joven en la historia del estado.
García ha sido acusado de participar en una red de lavado de dinero, al verse involucrado en una red de despojos inmobiliarios, cuya representación legal comparte domicilio con dos empresas señaladas de haber aportado de manera irregular recursos a su campaña.
