Agencias / Ciudad de México.- Los integrantes del Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales de Australia, que operó en Afganistán entre 2005 y 2016, ejecutaron ilegalmente a 39 personas, concluyó Paul Brereton, el inspector general de las Fuerzas de Defensa australianas, en un reporte especial de 465 páginas presentado este jueves.
La investigación llegó a la conclusión de que las fuerzas especiales del país fueron responsables de 39 homicidios, en su mayoría de prisioneros, y que ninguno de ellos tuvo lugar durante combates, por lo que podrían constituir un crimen de guerra.
Además, se descubrió que en varias ocasiones algunos superiores de rango exigieron a soldados jóvenes que dispararan a un prisionero para lograr “su primera muerte“, una práctica de iniciación conocida como “sangrado“. En total se identificaron 25 perpetradores y cómplices, algunos de los cuales están todavía en servicio.
También se encontraron pruebas de que las tropas australianas llevaban armas, radios y granadas no registradas para colocarlas junto a los cadáveres de civiles para justificar que eran un “objetivo legítimo” de sus operaciones.
El informe, sin embargo, exonera a la jefatura del Ejército de la responsabilidad de los asesinatos. Brereton no encontró “pruebas” de que militares de alto rango tuvieran conocimiento de los homicidios ilegítimos, dado que los soldados ocultaron las ejecuciones para evitar el escrutinio.
Scott Morrison, el primer ministro australiano, llamó este miércoles a Ashraf Ghani, el presidente afgano, para expresar su “más profundo pesar” por el descubrimiento.
Por su parte, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Australia, el general Angus Campbell, ofreció este jueves una conferencia de prensa para pedir disculpas al pueblo de Afganistán en nombre de las Fuerzas Armadas de su país y enfatizó que los datos del documento dañan “nuestra autoridad moral como fuerza militar”.
Campbell describió la conducta de las fuerzas especiales como “posiblemente el episodio más vergonzoso en la historia militar de Australia”.
Al mismo tiempo, informó sobre la disolución del Segundo Regimiento de Mandos, y señaló haber aceptado las 143 recomendaciones del reporte, entre ellas someter a los sospechosos a un interrogatorio por parte de la oficina del investigador especial a fin de considerar posibles casos penales.
En 2016 Paul Brereton comenzó la investigación sobre la supuesta mala conducta de las tropas de élite australianas desplegadas en Afganistán entre 2005 y 2016. Durante el trabajo revisó 20,000 documentos y 25,000 imágenes y entrevistó a 423 testigos.
Australia's top military officer General Angus Campbell admits there's credible evidence his special forces unlawfully killed at least 39 Afghanistan civilians and non-combatants after the results of a damning years-long investigation were published pic.twitter.com/d0X9jMpzwU
— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 19, 2020
El texto revela que los asesinatos, en su mayoría perpetrados en 2012 y 2013, no se produjeron “bajo presión en el fragor de la batalla”, y que incluso algunos de los comandantes de las patrullas australianas obligaron a los soldados más jóvenes a matar a prisioneros afganos en rituales de iniciación.
La investigación indica que tras las ejecuciones extrajudiciales se colocaron armas, municiones u otros equipos de combate junto a los cadáveres para presentarlos en fotografías como blancos legítimos y encubrir las atrocidades.
El documento apunta que los soldados de bajo rango sufrieron en algunos casosintimidaciones o descrédito para impedir que denunciasen los crímenes y veían a los comandantes de sus patrullas, generalmente sargentos o cabos, como cargos todopoderosos.
En su rueda de prensa, Campbell aceptó todas las recomendaciones del informe, que incluyen derivar los casos de presuntos delitos a la oficina especial, creada la semana pasada por el Gobierno australiano, para buscar el procesamiento de los responsables.
El jefe del Ejército también anunció que pedirá al gobernador general de Australia que retire las condecoraciones a los presuntos criminales que las recibieron por sus servicios al país.
Also, in recounting Australia's war crimes history, a WWI incident involing New Zealand I had no idea about: pic.twitter.com/Gm7gkaE0Po
— Thomas Manch (@thomasmanch) November 19, 2020
Aunque el informe hecho público aborda los 57 incidentes que habían sido denunciados, no especifica las identidades de los perpetradores, las víctimas o los lugares en que ocurrieron estos asesinatos ilegales.
Sin embargo, los hechos se conocen gracias a informantes y a la prensa, que los ha estado divulgando desde 2016, año en que lainvestigación de la socióloga militar Samantha Crompvoerts sirvió como uno de los detonantes para el proceso que ha culminado en el informe.
Crompvoerts denunció que soldados de élite interrogaban a hombres y jóvenes afganos, los ataban y torturaban.
Después de que los militares abandonaban los pueblos de las víctimas, éstas “eran halladas muertas, con disparos en la cabeza y algunas veces vendadas y degollados”, según un documento publicado en el portal del Parlamento australiano.
Otro incidente descrito fue el de dos adolescentes de 14 añosde los que el Ejército australiano sospechaba que eran simpatizantes de los talibanes, a los que se les cortó la garganta, tras lo cual sus cadáveres fueron arrojados en un río cercano.
La cadena australiana ABC también denunció presuntos crímenes de guerra perpetrados por los militares australianos en Afganistán, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, lo que llevó a la Policía a registrar su redacción tras la filtración en 2017 de los conocidos como “Archivos afganos” sobre estos abusos.
En mayo, ABC denunció que el llamado “Soldado C” presuntamente asesinó a tiros a un hombre con dispacacidad mental y desarmado en 2012 en una aldea de Afganistán, después de divulgar imágenes, grabadas aquel mismo año, en las que este mismo militar aparecía abatiendo a tiros a otro civil desarmado.
“Nos embarcamos en esta investigación con la esperanza de informar de que los rumores sobre los crímenes de guerra carecían de fundamento. Ninguno de nosotros deseó los resultados obtenidos. Todos estamos demoralizados”, escribió el autor del informe, el general mayor Paul Brereton.
The reason to redact this information is because releasing it would prevent prosecutions of the alleged criminals: https://t.co/9aXNdY3jWc.
The information is being kept from future prosecutors and future jurors in such prosecutions: pic.twitter.com/5kZctYoI9G
— Jeremy Gans (@jeremy_gans) November 19, 2020
