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agosto 19, 2024

Inician huelga en Juzgados contra Reforma Judicial de partido oficialista MORENA

Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Trabajadores del Poder Judicial de México iniciaron un paro indefinido de labores en protesta contra el proyecto de reforma en este rubro que impulso el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Según especialistas, el proyecto de reforma al Poder Judicial que ha impulsado López Obrador abriría la puerta al control totalitario del oficialista MORENA mediante la elección del voto en urnas o tómbola de jueces y magistrados que encubrían al 100% las pillerías o corruptelas de los políticos de partido gobernante.

Además, facilitaría a los cárteles del narcotráfico el sometimiento del Poder Judicial que bajo esa estrategia podrían impulsar o financiar la elección de jueces y magistrados para posteriormente hacerse acreedores de beneficios en procesos legales en diversas regiones del país.

En 1991, el entonces poderoso capo  Pablo Escobar impulsó en el seno de la Asamblea Constituyentes de Colombia, (un símil al Congreso de la Unión en México), una reforma a la carta magna para elegir de manera popular a jueces y magistrados, a través de la que pretendía eliminar de una vez por todas las extradiciones de esa nación de Sudamérica hacia Estados Unidos.

El pasado 11 de marzo, la directora de Inteligencia Nacional del Gobierno de Estados Unidos, Avril Danica Haines declaró ante el Senado norteamericano que los cárteles del narcotráfico mantienen bajo control algunas partes del territorio mexicano.

“Creo que no hay duda que es un reto para el Gobierno de México enfrentar a los cárteles. hay partes del país que efectivamente están bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos”, dijo Danica Haines

Danica Haines entregó un informe respecto a la “Evaluación anual de amenazas 2024”, al Comité de Inteligencia de Estados Unidos, en las que incluyó las operaciones de alto riesgo que representantes los cárteles mexicanos.

“Al mismo tiempo, nosotros diríamos que nuestra cooperación con ellos [el Gobierno de México] ha mejorado con el tiempo. Pero esta es un área en la realmente hemos podido trabajar con ellos para tratar de ayudar [en la lucha contra los cárteles del narcotráfico]”, agregó Haines.

Danica Haines confirmó que los cárteles mexicanos representan una amenaza real por su capacidad para el tráfico de drogas a niveles históricos hacia Estados Unidos.

“La amenaza de las drogas ilícitas permanece en niveles históricos, ya que las organizaciones criminales transnacionales en México suministran y mueven grandes cantidades de opioides sintéticos, como el fentanilo, hacia Estados Unidos”, señaló Danica Haines al presentar su testimonio el 11 de marzo de 2024.

De acuerdo con medios locales, la suspensión de actividades arrancó a las 00:00 horas de este lunes, tiempo de la Ciudad de México (06:00 GMT), y está principalmente constituida por los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

En el paro participan trabajadores del Poder Judicial de al menos 16 entidades del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, capital de la nación latinoamericana. La elección de esta fecha es porque la propuesta será próximamente discutida en la Cámara de Diputados mexicana (Cámara Alta).

Aunque trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron las sedes en al menos 16 entidades de la República, prevén definir a través del voto electrónico la viabilidad de un paro general a partir del próximo 21 de agosto. El proceso de captación de sufragios ha sido abierto desde las 09:00 y concluirá a las 20:00 horas de este lunes.

Los trabajadores emitirán su voto a través de una liga de internet a la que ingresan con el correo electrónico institucional del Consejo de la Judicatura Federal desde cualquier computadora o dispositivo electrónico.

En caso de aprobarse la suspensión de labores, los impartidores de justicia cerrarán sus actividades en el primer minuto del miércoles 21 de agosto.

El Consejo de la Judicatura aclaró que sería parcial dado que continuarán los trámites de asuntos urgentes y mantener guardias escalonadas en cada órgano jurisdiccional.

Este lunes cerraron los edificios Prisma de Insurgentes Sur, sede de los juzgados de amparo y ejecución de sentencia; y el Palacio de Justicia de San Lázaro, donde se encuentran 78 juzgados y tribunales colegiados en materia civil, del trabajo y extinción de dominio en la Ciudad de México.

Además, los secretarios de acuerdos, actuarios, oficiales judiciales y personal de base también cerraron el edificio de Picacho-Ajusco 200, donde radican los tribunales laborales y administrativos; y el de Periférico Sur 2321, lugar de los juzgados y tribunales de segunda instancia en materia administrativa, en la capital del país.

Los trabajadores inconformes colocaron mantas y pancartas en los distintos inmuebles con consignas de rechazo a la reforma judicial que se tiene programada votar el próximo 26 de agosto.

Además de la Ciudad de México, el personal jurisdiccional ha cerrado las instalaciones del PJF en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas, informaron.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), organismo que convocó la votación del paro, expresó esta mañana su solidaridad con los trabajadores que se adelantaron al cierre de instalaciones.

“La reforma, por las graves implicaciones que trae consigo para la carrera judicial, la independencia judicial y la democracia, debe procesarse de manera reposada y mediante el diálogo, para construir una reforma integral de la justicia en todos sus niveles.

“La JUFED expresa su solidaridad con las y los trabajadores de distintos circuitos del País que han decidido iniciar hoy una suspensión de labores, en demanda de que se detenga la reforma judicial que pretende procesar la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Ante la narrativa que pretende disminuir la voluntad y capacidad de acción de las y los trabajadores del PJF para expresar la demanda de sus derechos señalándolos de ser manipulados, JUFED saluda la independencia con la que actúan y niega cualquier manipulación”, indicó en un comunicado la directiva nacional de la JUFED.

Agregó que la asociación continuará a lo largo de este lunes con su proceso de votación para que los juzgadoras decidan si inician una suspensión indefinida de labores jurisdiccionales a partir del 21 de agosto.

Acerca de esta movilización, el Presidente López Obrador consideró que los empleados tienen derecho a manifestarse, a pesar de que, en su opinión, la reforma al Poder Judicial no causará afectaciones a este sector.

“No estamos en contra de los trabajadores de México. Estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y [los empleados] lo saben. Lo que queremos es corregir, que desaparezcan [estas prácticas en este rubro], sobre todo”, con jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró.

Igualmente, López Obrador precisó que, a lo largo de la semana, se volverá a explicar a detalle en qué consiste la propuesta, con el fin de que la población cuente con información.

“Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho, pero nada más van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial”, acusó.

La reforma al Poder Judicial propuesta por López Obrador busca, entre otras cuestiones, que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos a través del voto popular.

Esto ha causado una fuerte polémica y que, incluso, los mercados de valores reaccionen de manera negativa. Ante esta situación, la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, propuso una encuesta donde cerca del 80% de la población consultada estuvo de acuerdo con el proyecto, así como en la realización de mesas de diálogo sobre los pros y contras de la modificación.

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