Agencia/InsurgentePress, Quintana Roo.- Al arranque de su gestión, Roberto Borge Angulo era una de las jóvenes promesas del “nuevo” Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ganó la gubernatura de Quintana Roo con 32 años y, en la campaña presidencial, Enrique Peña Nieto lo presumía como ejemplo de la renovación de su partido, luego de perder la Presidencia en el año 2000.
De secretario particular de su antecesor, Félix González Canto, pasó a tesorero general del gobierno del estado y luego ocupó el cargo de oficial mayor también durante el gobierno de González Canto (2005-2011).
Entre el 2008 y el 2009 fue presidente estatal del PRI, desde donde lanzó su candidatura a diputado federal para la LXI Legislatura, que ganó y que concluiría hasta el 2012. Pero, antes de concluir su gestión en la Cámara Baja, renunció para lanzarse como candidato a la gubernatura de Quintana Roo, que a la postre ganó y asumió en septiembre del 2011.
La joven promesa del priismo tomó posesión de un estado que en el sexenio inmediato anterior había incrementado su deuda soberana de 1,927 millones de pesos a 10,727 millones.
Pese al ya abultado endeudamiento, una de las primeras acciones de su gobierno fue anunciar el “refinanciamiento” de los compromisos bancarios del estado.
El 20 de septiembre del 2011, sin haber cumplido dos semanas al frente de la gubernatura, Borge Angulo anunciaba el envío de una iniciativa al Congreso del estado para refinanciar la deuda pública y emitir certificados bursátiles con el objetivo de “lograr ahorros en el pago de intereses, facilitar el cumplimiento de los compromisos crediticios del Estado y obtener financiamiento en condiciones más ventajosas”, según declaraba textualmente el gobernador.
En un largo discurso, Borge Angulo justificaba esta acción como una “medida preventiva para bajar el gasto y garantizar recursos para obra pública productiva”.
La sola bursatilización de la deuda “permitiría colocar recursos propios en el mercado de capitales para liberar participaciones actualmente comprometidas”.
En lo que hacía al refinanciamiento de la deuda, el principal objetivo era “extender el plazo promedio para pagar la deuda, con una tasa de interés más baja y un periodo de gracia para evitar el riesgo de incumplimiento ante el impacto de una eventual crisis”.
Según Borge Angulo, esas mejores tasas de interés permitirían la liquidez necesaria para invertir en el sector salud, educación, programas de combate a la pobreza y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona maya” del centro y sur de Quintana Roo.
El entonces secretario de Hacienda estatal, Mauricio Góngora Escalante, declaró también que el monto a refinanciar, “en números redondos”, era del orden de los 10,000 millones de pesos, con una tasa de interés menor en por lo menos 1.5% respecto de los términos iniciales, lo cual permitiría al gobierno del estado “obtener un ahorro de 8,515 millones de pesos durante la vida del financiamiento, los cuales podrán destinarse a obra pública productiva, renglón en el que se planea invertir 3,587 millones de pesos en los próximos cinco años”.
La deuda se refinanció con Banobras, extendiéndose de 8 a 20 años el plazo de pago y elevando el monto de 10,727 a 13, 025 millones de pesos.
Este tipo de maniobras fueron una constante a lo largo de toda su administración.
Pese a que el gobierno de Borge Angulo argumentó que el “refinanciamiento” de la deuda tenía como objetivo el ahorro y la capitalización del gobierno estatal para invertir en obra pública, los siguientes dos años continuó incrementándose la deuda estatal, pero con créditos de corto plazo que no tenían que pasar por la aprobación del Congreso.
Cuando los plazos de esos créditos se hicieron impagables por la administración borgista, en julio del 2013 se volvió a enviar al Congreso del estado una nueva iniciativa de refinanciamiento por 4,984 millones de pesos, que se sumaban a los 13,025 millones de pesos que ya enfrentaba Quintana Roo ante instituciones bancarias.
Meses después, la calificadora Fitch Ratings degradaba la calidad crediticia del estado a “BB+(mex)” desde “BBB-(mex)”, lo mismo que las calificaciones de cinco créditos bancarios contraídos por la entidad ante Banobras, Banorte, HSBC, Multiva e Interacciones.
Cuestionado al respecto por El Economista en aquella ocasión, Borge Angulo aseguraba que, después de aquella medida, no había más endeudamiento para el estado “por el momento” y agregaba: “Mi opinión sobre la calificación es que hemos mejorado en muchos aspectos y, si usted lee el reporte completo de Fitch Ratings, ahí verá los reportes positivos; nosotros no hemos incrementado la deuda, simplemente convertimos cortos plazos que a la larga le generarán mayores dividendos a Quintana Roo, como también lo dice el reporte de Fitch Ratings”.
Apenas un año después, el 16 de noviembre del 2014, el Congreso del estado aprobaba sin mayor trámite la solicitud de Roberto Borge para contratar un nuevo crédito por 1,000 millones de pesos, convertir 3,000 millones en deuda de corto a largo plazo y refinanciar pasivos por 10,727 millones de pesos, heredados de su antecesor el también priista Félix González Canto.
En esa ocasión, en total se aprobaron tres decretos. El primero de ellos autorizaba al secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo, contratar a nombre del gobierno del estado un crédito 1,000 millones de pesos, sin que se especificara el uso que se le daría a ese recurso.
El segundo decreto, era el referente al refinanciamiento de un crédito contratado dos años atrás a corto plazo para convertirlo en deuda de largo plazo por un monto de 3,000 millones de pesos.
En el tercer decreto, se autorizaba realizar la segunda reestructura de la deuda bancaria histórica por 10,727 millones 991,143 pesos, que había dejado como herencia la administración de Félix González Canto.
Fitch Ratings había advertido desde agosto del 2014 que muchos de los créditos contratados por la administración borgista estaban en riesgo de impago y corrían el riesgo de que los bancos activaran la cláusula de cobro acelerado, si no se realizaban nuevos convenios modificatorios que eliminaran esa amenaza.
Para junio del 2015, el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecía que la deuda de Quintana Roo se situaba en los 19,549 millones de pesos.
Desde el 2014, la deuda de Quintana Roo llegó a representar 241% respecto de las participaciones federales que recibe la entidad anualmente. Sin embargo, ese indicador no ha dejado de crecer desde entonces. El estudio de deuda subnacional, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) apenas en agosto pasado, sitúa a Quintana Roo en primer lugar a nivel nacional en nivel de deuda pública respecto de sus participaciones federales.
“Bajo esta métrica, el estado de Quintana Roo (gobierno estatal, municipios y sus organismos) ocupa el primer lugar con un saldo de deuda al 30 de junio del 2016 equivalente a 250.3% del total de participaciones federales estimadas para el 2016. En los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León la relación deuda pública/participaciones federales rebasa 200 por ciento. El promedio nacional es de 78.1%”, refiere el reporte.
Lo anterior implica que Quintana Roo triplica el promedio nacional en este indicador.La entidad ocupa dos segundos lugares a nivel nacional en otros indicadores del Imco. El primero es el de la deuda estatal de 7% respecto de su PIB. El segundo segundo lugar es el de la deuda respecto del nivel de ingresos totales, que representa 94.1 por ciento.
En el 2014, cuando la deuda se situaba en los 17,937 millones de pesos, este indicador se situaba en 82%, lo cual quiere decir que en apenas dos años el nivel de deuda en comparación con sus ingresos se incrementó en 12 por ciento.
Cancún, QR. Por unanimidad del Congreso de Quintana ROO, conformada incluso por votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se aprobó el jueves pasado dar marcha atrás al otorgamiento de escoltas hasta por 30 años al gobernador y funcionarios estatales.
También se revirtieron diversas modificaciones al Código Penal del estado para que vuelvan a ser considerados como graves diversos delitos “contra la administración pública cometidos por servidores públicos”.
En resumen, se derogó el decreto 406 mediante el cual se realizaron reformas a diversos artículos del Código Penal, entre ellos el 54, relacionado con las penas de los delitos culposos; los 155 y 209, que castigan el delito de administración indebida; el 212, que condena los relacionados con desvío de recursos públicos, así como los 252 y 256, que sancionan el enriquecimiento ilícito y el delito de peculado, respectivamente.
También se aprobó íntegra la iniciativa contra la Ley de Seguridad Pública para anular el servicio de escoltas hasta por ocho años en el caso de diputados y hasta 15 años en el caso de gobernador, con posibilidad de refrendarlo por un periodo más de otros 15 años.
Esta iniciativa se complementó con otra reforma también a la Ley de Seguridad Pública para reintegrar a sus actividades de vigilancia a alrededor de 600 policías estatales (20% de los elementos en nómina) que se encuentran de comisión prestando servicios de escolta, choferes o gestores de funcionarios de la actual administración.
El martes 13 de septiembre en la tribuna del Congreso estatal la diputada local del PAN, Mayuli Simón, dijo que, de los 600 elementos “en comisiones”, 150 se encontraban al servicio directo del gobernador Roberto Borge Angulo, “realizando diversas funciones en la residencia oficial en Chetumal, sus domicilios particulares y para la seguridad personal de familiares como sus padres, hermanas, exesposa e hijas”
Con información de El Economista
