Agencias/ Ciudad de México.- Los países de la Unión Europea (UE) recaudarían 50,000 millones de euros más al año en impuestos de sociedades si se aplicase a nivel global un tipo mínimo del 15 % en este tributo para las multinacionales, tal y como se debate actualmente en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La recaudación adicional aumentaría a 100,000 millones de euros de establecer el tipo mínimo efectivo en el 21 % y a 170,000 millones  de euros de fijarlo en el 25 %.

Es el cálculo realizado por el Observatorio de Fiscalidad de la UE, un nuevo centro de investigación financiado por la Unión y dirigido por el economista francés Gabriel Zucman que fue presentado este martes en la Comisión Europea, aunque tendrá sede en París.

Según el informe publicado hoy, España podría aumentar su recaudación en 12,400 millones de euros anuales, un 43,7 % más, si se acuerda un tipo global del 25 %, pero los ingresos extra bajarían a 5,400 millones con el 21 % y a 700 millones con el 15 %, el umbral propuesto por Estados Unidos en la OCDE.

Los países de la OCDE negocian el modo de que las grandes multinacionales, en particular las tecnológicas, tributen de forma justa. Así, contemplan establecer un mínimo global de impuesto de sociedades para evitar que trasladen sus beneficios a jurisdicciones con tipos muy bajos, como es el caso de Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos en la UE, o a paraísos fiscales “off-shore”.

Las discusiones abarcan también el modo de asignar los beneficios para que las empresas tributen dónde operan, aunque no tengan presencia física, y podrían desembocar en un acuerdo en octubre, según indicó ayer el -desde hoy- ex secretario general de la organización, Angel Gurría.

“Si hubiera acuerdo sobre un impuesto mínimo sería extremadamente importante, cualquiera que sea el tipo, porque sería la primera vez que hay acuerdo. E incluso si es el 15 %, que para mi es demasiado bajo, (…) podría allanar el camino para tipos más altos en el futuro”, dijo Zucman en la presentación del Observatorio.

Para el economista, el 15 % es bajo desde una perspectiva internacional, puesto que el tipo medio efectivo ronda el 23 %, e histórica, ya que 15 % era el nivel medio a mediados de los años ochenta. “No es suficiente para restaurar el equilibrio y asegurar que los ganadores de la globalización, en lugar de pagar cada vez menos, pagan más impuestos”, dijo.

Los autores del informe han tomado como referencia un tipo del 25 %, que consideran “relativamente modesto”, y calculado la recaudación adicional en tres escenarios: que haya un acuerdo global, que la UE actúe por su cuenta o que solo países individuales se decidan a dar el paso.

Las cifras descritas arriba se recaudarían aplicando un acuerdo como el debatido en la OCDE, que supondría que cada país recauda el déficit tributario -la diferencia entre lo que pagan ahora y lo que abonarían con un impuesto mínimo global- de sus propias multinacionales.

Con un tipo del 25 %, la UE aumentaría su recaudación en un 50 %, de 340,000 millones a 510,000 millones, un incremento de 170,000 millones equivalente al 1,2 % de su PIB.

Los bancos tendrían que pagar un 42 % más de lo que abonan ahora si se aplicase este tipo, mientras que las multinacionales, incluyendo todos los sectores, abonarían en torno a un 50 % más.

En el segundo escenario, si sólo la UE introduce un tipo mínimo, cada Estado europeo recaudaría el déficit de sus propias multinacionales y una proporción del déficit de las extracomunitarias en función de las ventas que realicen en su territorio.

Con este método, los ingresos adicionales serían de 200,000 millones de euros con un tipo del 25 %, solo 30,000 millones más que recaudando exclusivamente el déficit de sus propias multinacionales.

“Para la UE hay, por tanto, un potencial mucho mayor de ingresos aumentando los impuestos a las empresas de la UE que gravando a las extracomunitarias”, apuntan los autores.

Por último, contemplan la posibilidad de que un solo país o grupo de países europeos aplique unilateralmente el mínimo, lo que aumentaría la recaudación de cada uno en un 70 %. En el caso de España, en 16,700 millones.

Aunque la coordinación internacional “siempre es preferible”, un movimiento unilateral podría llevar a otros países a recaudar también el déficit de sus multinacionales. “Si no lo hacen, dejarían sobre la mesa los ingresos fiscales para que los recojan los primeros en mover ficha”, apuntan los autores.

“Conforme nos centramos en la recuperación tras la pandemia y las enormes inversiones necesarias (…), la justicia fiscal es más importante que nunca. Tenemos que reforzar nuestra armadura frente a abusos fiscales”, dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien advirtió, no obstante, que traducir un posible acuerdo en la OCDE a la legislación comunitaria no será tarea fácil.

La Unión Europea (UE) dio este martes un paso “histórico” en su integración, con la puesta en marcha oficial de la Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés), que permitirá investigar y llevar ante la Justicia a los sospechosos de cometer fraude contra los intereses financieros de la Unión.

El organismo es “histórico”, es “la primera vez que una gran mayoría de Estados miembros comparte sus poderes soberanos en el ámbito del Derecho penal, para proteger el presupuesto de la Unión Europea”, dijo hoy el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el acto celebrado en Luxemburgo, sede de la Fiscalía.

Según el último “Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión”, solo en 2019 se perdieron aproximadamente 460 millones de euros por casos de fraude.

Bruselas reconoce, sin embargo, que probablemente el daño real al presupuesto de la Unión es “mucho mayor”.

La nueva Fiscalía, de la que forman parte todos los estados miembros menos Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia, será competente, entre otros, para investigar y procesar a los responsables de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude en el pago del IVA.

La jefa de la EPPO, la rumana Laura Kövesi, subrayó este jueves la importancia del nuevo organismo.

“No hay precedentes de una Fiscalía Europea. Nuestras decisiones afectarán directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE”, dijo Kövesi, que explicó que el nuevo organismo ayudará a “mantener la credibilidad” de la UE”.

El fraude a las finanzas comunitarias no solo está “poco documentado e infravalorado” sino también “muchas veces incluso tolerado”, señaló la fiscal jefe, que apuntó a la importancia de la independencia de la EPPO.

Según las estimaciones de la propia Fiscalía, cada año registrará unos 3.000 casos.

El primero registrado, dijo la fiscal jefe, fue planteado por Alemania, y también han llegado algunos casos de Italia.

Reynders subrayó la importancia de poder controlar mejor que nunca los fondos europeos con vistas a la puesta en marcha de los planes para la recuperación económica de la UE, tras la pandemia.

En el acto celebrado en Luxemburgo participó también la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, que recordó que al principio solo 14 países de la UE estaban interesados en participar en la Fiscalía Europea y ahora ya hay 22 países que forman parte del nuevo organismo.

El próximo que está previsto que lo haga es Suecia, que ha anunciado que está efectuando los preparativos a nivel nacional para sumarse en 2022.

“Es un buen día para los contribuyentes europeos. Una señal fuerte en la lucha contra el fraude, especialmente en un momento en el que Europa invierte mucho dinero en la recuperación”, señaló la comisaria.

Con base en Luxemburgo, los 22 fiscales y la fiscal jefe forman el primer nivel de la Fiscalía Europea, que se complementa con un segundo plano descentralizado: los fiscales delegados en cada país. En total serán 140 cuando estén todos nombrados.

Finlandia y Eslovania, que forman parte del organismo, aún no han designado a sus fiscales delegados, pero ello no ha impedido la puesta en marcha de la Fiscalía.

Bruselas está en contacto con ambos países para que procedan a esas designaciones.

Su misión será la de investigar delitos que perjudiquen a las finanzas de la Unión Europea, como el fraude transfronterizo del IVA (más de 10 millones de euros anuales), blanqueo de capitales, malversación de fondos de la UE y corrupción.

Podrán, asimismo, ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y sus cómplices de estos; y practicar actos propios en el ejercicio de la acción penal y ejercer las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros de la Unión.

Actualmente, solo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar el fraude contra el presupuesto de la UE, pero sus poderes se detienen en las fronteras nacionales.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.