Agencias/Ciudad de México.- Francia realizó un número récord de pruebas esta semana, con 10 millones, pero el Gobierno va a aumentar sus capacidades con nuevos centros y ayudas a las farmacias para que contribuyan más todavía a ese esfuerzo.

“El test es una herramienta esencial para el control de la epidemia”, subrayó este domingo el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, que en una entrevista en el canal BFMTV reconoció que eso supone un costo “importante” para las cuentas públicas pero “lo asumimos” porque la alternativa sería peor y más cara.

Attal insistió en que “aceleraremos todavía más nuestra capacidad. Asumimos nuestra campaña masiva de test”.
En la práctica, se abrirán varios cientos de centros de pruebas covid junto a centros de vacunación por todo el país y se permitirá que los farmacéuticos, que desde hace meses realizan test reembolsados por la Seguridad Social -en ocasiones con carpas en la calle- monten sus propias estructuras y contraten a personal para ese objetivo.

Ese personal podrá pertenecer a nuevos grupos profesionales (como los que trabajan en laboratorios de biología molecular o en servicios de socorrismo) a los que se acaba de autorizar para que tomen muestras de pruebas PCR o de antígenos.

Además, el Estado garantizará a las farmacias la devolución de las pruebas que hayan encargado si no los llegaran a utilizar para que no se queden cortas a la hora de hacer sus pedidos.

El portavoz del Ejecutivo precisó que el viernes las existencias eran de 6 millones de pruebas y que la próxima semana se van a recibir 10 millones adicionales.

Attal se defendió de las críticas contra el Gobierno por el nuevo protocolo sanitario en las escuelas que se aplica desde la vuelta al colegio el pasado lunes, y que implica que los alumnos que son contacto de otro compañero contagiado se tienen que someter a tres test consecutivos en una semana para intentar mantener al máximo las clases abiertas.

En paralelo a las quejas de muchos padres por la complejidad del procedimiento, sindicatos de docentes han convocado una huelga para el próximo jueves. Algunos colectivos han pedido la vuelta al protocolo anterior, por el que una clase cerraba cuando se declaraba un positivo.

Para Attal, “la peor de las soluciones sería cerrar las escuelas”. Recordó que precisamente su Gobierno ha apostado “por mantener las escuelas abiertas” y no por eso la situación es peor que en otros países que han enviado a los alumnos a casa.

En cuanto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para imponer un certificado de vacunación en lugar del certificado sanitario que se exige actualmente en muchas actividades de la vida social, indicó que el objetivo es que pueda entrar en vigor “al comienzo de la semana del 17 de enero”.

Inicialmente, la meta era que la ley se pudiera aplicar desde el 15 de enero, pero la tramitación parlamentaria se vio ralentizada en primera lectura en la Asamblea Nacional esta semana por unas maniobras de bloqueo de la oposición tras unas polémicas declaraciones del presidente, Emmanuel Macron.

La diatriba de Macron contra los no vacunados retrasó en unos días el examen por los diputados y ahora el Senado empezará a debatir el proyecto de ley en el plenario a partir del martes.

Con ese texto, no bastará con un test negativo, sino que será imperativo tener la pauta completa de vacunación para tomar algo en un bar o en un restaurante, ir al cine, a un espectáculo o un estadio o utilizar el transporte público de larga distancia (autobús, tren, avión o barco).

Preguntado sobre el hecho de que un 12% de los mayores de 80 años en Francia sigan sin vacunar, el portavoz del Ejecutivo lo atribuyó a que algunos de ellos viven en zonas alejadas de centros de vacunación o están socialmente aislados.

Indicó que para corregir esa situación se están haciendo varias cosas, entre ellas aplicar la fórmula utilizada en España de convocar por carta a los mayores con un lugar, una fecha y una hora precisa.

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