El PRI puede perder el Estado de México por saqueos y gasolinazo

Agencias / InsurgentePress / Toluca, Estado de México.- A una semana de las acciones simultáneas de protesta por el incremento al precio de los hidrocarburos, la inconformidad de los mexiquenses aunado con los saqueos han creado un descontento general que se verá reflejado en las elecciones para gobernador, el bastión fuerte del PRI puede perderse.

Así coinciden defensores de derechos humanos alertan sobre la infiltración de grupos ajenos a las demandas populares, encaminados a “justificar” que el gobierno de Enrique Peña Nieto recurra a la represión y a la suspensión de garantías.

En ello coinciden, en entrevistas por separado, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), y Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) del Estado de México.

Ambos defensores expresan su preocupación porque ante el reclamo legítimo de la ciudadanía se busque operar de facto una legislación en materia de seguridad pública que está en discusión, como la Ley de Seguridad Interior, o las detenidas por acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2016, como la que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México (llamada “ley Eruviel”) y la federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Tras registrarse los primeros disturbios en el Estado de México, las organizaciones de derechos humanos que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, entre ellas la Red TDT, prendieron las luces de alerta el miércoles 4, por la forma en que las protestas ciudadanas fueron opacadas por saqueos y mensajes de pánico en redes sociales.

Primero en una tienda Chedraui de Nicolás Romero, en Naucalpan y luego en diferentes municipios. Se registraron actos de rapiña en casas de empeño, tiendas departamentales y de autoservicio, principalmente Chedraui, Walmart, Coppel, Elektra, Soriana, Comercial Mexicana, 7 Eleven, Oxxo y pequeños comercios como papelerías, estéticas, fondas económicas y todo lo que esta a su paso.

Un día después, la CNDH pidió a autoridades federales, estatales y municipales, garantías para ejercer el derecho a la protesta, al tiempo que reprobó el vandalismo y los saqueos.

“El Estado de México le interesa mucho al Gobernador Eruviel Ávila Villegas y a la Presidencia, ya que el equipo que hoy gobierna tiene a su grupo político en este territorio. Por eso fue aquí donde echaron a andar este operativo de control de población a través del miedo porque les interesa tener controlada a la gente de aquí, porque es un Estado que simboliza lo que ellos pueden controlar y si les funciona aquí, lo implementarán con mucha mayor fuerza en otros estados de la República”, dijo al respecto José Antonio Lara Duque, Coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

Los pequeños comercios cerraron ante la presencia de grupos de encapuchados que se reunían en los centros de las colonias y de acuerdo con el testimonio de un habitante del Estado de México, el miedo y la incertidumbre incrementó cuando los mismos elementos de la Policía Estatal eran los que invitaban a cerrar los negocios y a no salir, porque “las cosas se pondrían pesadas”.

Luego, según lo visto en el municipio de Zumpango, la misma policía platicaba con los encapuchados.

El Centro detectó un patrón en este comportamiento. También la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México criticó los intentos de los gobiernos estatales y federal por acallar las protestas “legítimas y pacíficas” de la población, mediante la infiltración de grupos de choque pagados y afines con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Antorcha Campesina.

El CDHZL alertó, desde un inicio, de una estrategia gubernamental para intimidar las protestas y la inconformidad popular contra los gasolinazos, luego de las jornadas de protestas, en las que también se bloqueó la autopista México-Toluca y el servicio del Mexibús, ambos actos por más de 5 horas.

“Hemos visto cómo la gente infiltrada, que hace daño al interior del movimiento de resistencia y de inconformidad, sirve para ir abonando a un ambiente de represión. Que haya una mano dura a la que recurre este Estado que no tiene soluciones”.

El Centro logró verificar que en este ambiente de intimidación y de terror que se generó en el Estado de México, participaron miembros de la policía, pero no únicamente de uno de los municipios, sino de varios, que ya pertenecen a un Mando Único.

Ellos, señaló Lara Duque, fueron los que se dirigieron a distintas regiones, sobre todo en las zonas comerciales, para anunciar el arribo inmediato de los grupos de saqueadores a quienes llamaban “los del gasolinazo”, esa era la expresión.

Expone que personas que atestiguaron el saqueo de la tienda Chedraui de Nicolás Romero, el lunes 2, advirtieron de la presencia de agentes municipales y estatales, quienes “no sólo no intervinieron, sino que varias de las televisiones y de los aparatos electrodomésticos que fueron robados, fueron depositados en la parte de atrás de las camionetas de las policías municipal y estatal por las personas que los sustrajeron de la tienda, quienes luego regresaban por más productos.

Si no fue la orden de un mando, al menos los policías presentes no sólo fueron omisos, sino que participaron de forma indirecta en los hechos.”

Agrega que en municipios conurbados del Valle de México, policías locales han “generado un ambiente de miedo”.

Según Lara, vecinos dijeron al CDHZL que los agentes recorrían colonias populares que participaban en protestas, para advertir que “no salieran de sus casas o que desalojaran calles y comercios, porque grupos armados y personas con capuchas iban a causar desmanes y a saquear”.

Sin embargo, “las direcciones de Seguridad Pública y de Comunicación Social de los municipios y en sus redes sociales desmentían los hechos vandálicos”, apunta.

Advierte que en “esta estrategia de provocación e infiltración” y ante la falta de control de las movilizaciones sociales, la intención de “aplicar de facto la ‘ley Eruviel’, que legitima el uso excesivo de la fuerza, protege a los cuerpos policiacos ante posibles violaciones a los derechos humanos, y sobre todo protege a los altos mandos, incluidos presidentes municipales y al gobernador”.

Pero también la misma policía que ayudaba a los saqueos también ayudaba a que presidentes municipales del PRI no fueran afectados sus intereses personales, prueba de ello es que tres negocios de la familia del alcalde Aarón Urbina fueron protegidas por patrullas, mientras otros fueron saqueados y hasta alegan los vecinos que quienes se ‘desviaban’ de la ruta los mandos policíacos indicaban a dónde ir a saquear.

La tienda departamental Ö Store, el restaurante OHM Store, la mueblería Home Total y la casa de materiales Ferretips no sufrieron ningún tipo de daño en medio del caos que vivió Tecámac, Estado de México, durante dos días consecutivos de saqueos.

No se trató de un milagro. Comerciantes de ese Municipio acusaron al alcalde priista, Aarón Urbina Bedolla, de utilizar la policía municipal para proteger los negocios que son propiedad directa de sus hijos, Aarón, Lilia e Isaac, todos ellos de apellidos Urbina Salazar. Además, su hija Lilia Urbina es la presidenta del DIF municipal en Tecámac.

Los comercios incluso comparten apoderados legales, Gerardo Briones Rodríguez y José Roberto Flores García.

Una serie de fotos revelan que al menos tres negocios de la familia del alcalde Aarón Urbina sí contaron con la protección de tres patrullas de la Policía Municipal de Tecámac, durante los disturbios registrados en días pasados. Se trató de la tienda O Store, del restaurante OHM y de la empresa Ferretips.

En contraste, hay imágenes que evidencian el abandono de una tienda Chedraui que fue completamente saqueada. En uno de los videos que circulan en redes sociales, se alcanza a ver cuando una patrulla se retira del lugar ante la llegada de un numeroso grupo de vándalos.

El Director de Comunicación Social de Tecámac, Omar Romero, rechazó la imputación de que Urbina Bedolla haya privilegiado la vigilancia de los negocios familiares con apoyo de la Policía Municipal y argumenta que los 700 elementos de esa corporación resultaron insuficientes para atender la emergencia registrada esta semana.

Para Lara Duque y otros activistas más coinciden que el riesgo es mayor si se considera que la situación podría enconarse aún más, debido a que “hay un descontento popular totalmente legítimo, en el que están participando principalmente transportistas, tradicionalmente controlados por los gobiernos locales, y las mujeres, que protestan ante un incremento totalmente agresivo contra la población, y hasta ahora la lógica gubernamental no ha podido entender el descontento”.

Descontento que se verá reflejado en las elecciones del Estado de México en este año.