Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron por unanimidad las leyes anticorrupción que habían aprobado los congresos estatales derivado de órdenes políticas de los gobernadores priistas César Duarte y Javier Duarte de Chihuahua y Veracruz, en la recta final de su gestión este 2016.
De acuerdo con los ministros de la SCJN ambos congresos estatales violaron la Constitución debido a que actuaron de forma precipitada para aprobar leyes secundarias antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar explicó que los poderes legislativos locales deben esperar a la emisión de leyes generales del Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal para actuar en consecuencia.
Por tanto, dijo, el recurso de impugnación promovido por el Ejecutivo Federal contra ambas legislaciones estatal resultó procedente.
En el caso de Chihuahua, fue anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción, mientras que en Veracruz quedaron sin efectos seis decretos que abarcaron la Fiscalía y todo el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas.
La PGR presentó acciones de inconstitucionalidad contra estas reformas, y la Corte les dio atención prioritaria, primera vez que el tribunal ha aceptado utilizar esta figura, con lo que las demandas fueron despachadas en poco más de mes y medio.
La Corte no se pronunció sobre el contenido de las reformas, por lo que en teoría, los Congresos podrían volver a emitir normas similares, que en su caso tendrían que ser impugnadas nuevamente.
El Ministro José Ramón Cossío, autor de una de las sentencias, calificó de “precipitada” la actuación de los Congresos locales.
“Es contrario a la idea misma de SNA que los diputados locales no conozcan las bases federales que les sirven de parámetro de actuación”, se establece en una de las sentencias.
“En nada abunda a la seguridad jurídica y a la pretensión de que el sistema empiece a funcionar de manera eficaz y coordinada desde un primer momento, el que los legisladores locales empiecen establecer los órganos y a modificar las normas que materialmente se relacionan con este nuevo sistema Constitucional anticorrupción hasta que el mismo no haya entrado en vigor”.
Las reformas estatales violaron artículos transitorios de la reforma Constitucional de mayo de 2015 en el tema de combate a la corrupción, que fue clara al señalar que los Estados solo podrían adecuar sus normas hasta que estuvieran publicadas las leyes generales respectivas.
Dichas leyes contienen los mecanismos de coordinación y concurrencia entre Federación y Estados para el combate a la corrupción y la responsabilidad de los servidores públicos.
“Cuando se legisló en los dos asuntos no había competencia de las entidades federativas, estaba sujeta a que se expidieran las leyes generales por mandato expreso del sexto transitorio de la reforma Constitucional”, afirmó el ministro Arturo Zaldívar.
La PGR también impugnó una reforma anticorrupción aprobada en Quintana Roo, pero está pendiente la presentación del proyecto de sentencia, que corresponde a la Ministra Norma Piña.
Sobre este tema, el Gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó ante la Corte una controversia constitucional, misma que fue desechada por notoria improcedencia el jueves pasado, ya que esta figura solo pueden utilizarla los Poderes Ejecutivos y no personas que aún no asumen el cargo.