Agencia/Moscú.- El Presidente Vladímir Putin ha firmado  una ley federal que faculta al Gobierno para introducir el estado de emergencia en el país.

El documento recibió la aprobación de ambas cámaras del Parlamento ruso —la Duma Estatal y el Consejo de la Federación— este martes 31 de marzo.

Entre otras cosas, este texto de 44 páginas establece el derecho del Gobierno, en caso de una amenaza o emergencia, para ejercer los poderes del organismo coordinador del sistema estatal unificado para prevención y eliminación de emergencias, informó AP.

Además, el Gobierno podrá introducir tanto un régimen de alerta máxima como de emergencia en todo el territorio del país (o en una parte), así como establecer restricciones y reglas.

Por ejemplo, restricciones a la venta de productos médicos. En caso de emergencia, los legisladores rusos tendrán derecho a establecer un procedimiento especial para el registro y la circulación de medicamentos y equipos médicos necesarios para prevenir y frenar la situación que pone en peligro a los ciudadanos, reportó la agencia AP.

Penas de cárcel

Este miércoles, el Presidente ruso firmó otra ley federal que estipula responsabilidad penal por violación de la cuarentena y por la distribución de información falsa que derive en graves consecuencias, como daños para la salud o la muerte de una o varias personas, señaló AP.

Según la nueva ley, el incumplimiento de las regulaciones de cuarentena por parte de un ciudadano enfermo que provoque o suponga una amenaza de “enfermedad o intoxicación” masiva será penalizado con hasta dos años de prisión. La muerte de una persona será castigada con encarcelamiento de entre tres y cinco años, mientras que la muerte de dos personas se penalizará con hasta 7 años de prisión.

Además, la ley establece sanciones y penas de cárcel por distribución de información falsa “socialmente significativa” bajo la apariencia de datos fiables que cause la muerte o daño a la salud de una persona. Entre particular, multas que oscilan entre 700,000 y 2 millones de rublos (entre $8,890 y $25,400 dólares, aproximadamente), y hasta 5 años de prisión, según la gravedad de las consecuencias.

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