Agencias/Ciudad de México.- Miles de haitianos han perdido acceso a recursos, incluidos semillas, préstamos y atención médica, después de que el gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a desmantelar una fundación estadounidense que ayudaba al aquejado país caribeño, de acuerdo con un nuevo informe emitido.
Church World Service, una organización de ayuda con sede en Estados Unidos, dijo que la Fundación Interamericana tenía 27 subvenciones con socios en todo Haití por un valor de más de 10 millones de dólares que estaban dirigidas a casi 82,000 personas.
“Cortar estos programas, especialmente de esta manera, es cruel”, señaló Joel Malebranche, director de programas internacionales en Church World Service. “Los agricultores contaban con el apoyo estadounidense, y ahora les estamos dando la espalda al inicio de la temporada de siembra. El informe muestra que estas acciones van a llevar a que más niños enfrenten desnutrición aguda y, en algunos casos, la pérdida de vidas”.
El informe se publicó el mismo día en que un juez de Estados Unidos acordó bloquear al gobierno de Trump de desmantelar la Fundación Interamericana, una agencia autónoma que distribuye dinero de subvenciones a grupos de desarrollo comunitario en el Caribe y América Latina.
Sin embargo, la agitación en la fundación que comenzó a principios de este año ya resultó en que se negara atención médica a un estimado de 500 a 600 haitianos cada mes; en que unos 14,500 haitianos perdieran acceso a préstamos de semillas, herramientas y otros servicios. y en que hubiera un 40% menos de préstamos disponibles, según el informe.
“Ese daño no se puede deshacer”, dijo Alex Morse, representante regional adjunto para América Latina y el Caribe en Christian World Service. “No hay alternativa para muchas de estas familias”.
Dijo que a pesar del fallo, persisten las preocupaciones.
“Hemos visto lo que este gobierno hace con otros fallos judiciales similares, restauran el programa… pero aún así no envían los fondos”, comentó.
Unos 230 trabajadores de todo Haití ya han sido despedidos, y 17 organizaciones se han visto obligadas a despedir a todo su personal, según el informe.
El reporte, que se basó en un análisis rápido, indicó que era difícil determinar la profundidad del impacto que tendría el desmantelamiento de la Fundación Interamericana en los beneficiarios en Haití.
Las subvenciones ayudaron a los agricultores proporcionándoles semillas, herramientas y capacitación en un país donde unas 2 millones de personas están al borde de la inanición y casi la mitad de sus más de 11 millones de habitantes enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
Las subvenciones también ayudaron a proporcionar servicios de salud de rutina y atención médica a pacientes con enfermedades graves y emergencias en un país donde se ha reportado que más de 4,200 personas han sido asesinadas de julio a febrero, y otras 1,356 resultaron heridas, de acuerdo con la ONU.
Además, las subvenciones ayudaron a financiar préstamos, especialmente para mujeres en áreas rurales, señala el informe.
El desmantelamiento de la Fundación Interamericana, junto con el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), tiene a muchos preocupados por el futuro de Haití, que depende en gran medida de la ayuda extranjera.
Morse dijo que Church World Service está tratando de identificar otras organizaciones que puedan brindar ayuda en todo Haití, especialmente en su región noroeste, que ha luchado contra sequías e inundaciones intensas.
Haití está sumido en la agitación política y se ha visto azotado por la violencia desatada por pandillas que controlan al menos el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Las pandillas también han saqueado otras regiones, atacando recientemente la ciudad central de Mirebalais, donde irrumpieron en una prisión y liberaron a más de 500 reclusos.
Mientras tanto, no hay vuelos comerciales hacia y desde el principal aeropuerto internacional de Haití en la capital, y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos extendió una prohibición de vuelos hasta el 8 de septiembre tras un aumento en la violencia de las pandillas.
Por teléfono desde Miami, una trabajadora social describe un ambiente de “terror absoluto” entre sus clientes de origen haitiano.
“Si me deportan, ¿qué pasa con nuestros hijos, que son ciudadanos estadounidenses? ¿Los dejamos atrás? Si es así, ¿con quién? ¿Cómo podemos verificar su bienestar desde Haití?” son las preguntas que le hacen. Ella no tiene las respuestas. Hasta ahora, nadie parece tener respuestas definitivas.
“Es urgente encontrar soluciones, ya sea a través de la tecnología, como una aplicación, u otro mecanismo que permita a los padres deportados monitorear el bienestar de sus hijos si los dejan atrás”, afirma.
De pronto, un escenario como este parece una realidad posible para muchos migrantes haitianos que, según la decisión del gobierno de Donald Trump, pronto perderán su protección y podrían quedar expuestos a la deportación.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)está diseñado para amparar a personas en Estados Unidos que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen. Esto incluye a medio millón de haitianos, en un momento en que su país atraviesa una profunda crisis política y de seguridad.
Las experiencias de la última ola importante de deportaciones a Haití, que tuvo lugar en 2021, muestran que las personas deportadas a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad al regresar al país.
Muchos de ellos se hallan sin hogar. Lasbandas criminales controlan la mayor parte de la capital, y más de un millón de personas están desplazadas dentro de Haití, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
A menudo no pueden contar con la ayuda económica de sus familiares, quienes dependían de las remesas enviadas por sus parientes en los EEUU que fueron deportados. Por lo tanto, los expertos advierten del riesgo de que un retorno masivo agrave la crisis humanitaria en Haití.
Gédeon Jean, director de la organización haitiana de derechos humanos CARDH, explica que el Estado haitiano no tiene la capacidad de brindar ningún tipo de apoyo a los retornados, ni en términos financieros, ni en cuanto a protección de derechos humanos.
“El sistema judicial de Haití es totalmente disfuncional, y el gobierno no podrá garantizar ni siquiera una protección mínima”, señala.
Si las deportaciones agravan la crisis humanitaria en Haití, eventualmente podrían tener un impacto negativo en Estados Unidos, según Daniel Foote, exdiplomático estadounidense que fue enviado especial para Haití en el gobierno de Joe Biden.
Foote, quien ahora trabaja como consultor independiente, renunció a ese cargo en septiembre de 2021 debido a su desacuerdo con la política de Biden de deportar a miles de migrantes haitianos ese año.
Está convencido de que, a largo plazo, las deportaciones generarán otro grupo de refugiados.
“La política migratoria de Trump no reducirá el deseo de llegar a EE. UU.,” afirma. “Solo hará que las personas recurran a medios aún más peligrosos para llegar allí”.
Relata que, antes de renunciar en 2021, vio a los medios de prensa preguntar a los haitianos que llegaban al aeropuerto qué harían a continuación. “Ellos decían que intentarían regresar a Estados Unidos”, comenta.
Además, esto podría suponer un riesgo de seguridad para EEUU, según Foote.
Debido a su ubicación -Haití está a solo unos 900 kilómetros de la costa de Florida- y a su inestabilidad política, el país se ha convertido en un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de armas.
El riesgo de que las personas deportadas al país caigan en la pobreza y la desesperación las hace más vulnerables al reclutamiento por parte de las pandillas, que han sido descritas como el “mayor empleador del país”.
“Las personas que enviemos de regreso a Haití tendrán que encontrar una manera de sobrevivir. Al final, esto podría derivar en más actividades ilícitas fluyendo entre Haití y Estados Unidos”, dice Foote.
La pregunta es si y cuándo tendrán lugar realmente tales deportaciones.
Es poco probable que los defensores de los derechos de los inmigrantes acepten los planes de la administración Trump sin luchar. Durante el primer mandato de Trump, los intentos de eliminar el TPS para ciertos países fueron detenidos por los tribunales federales.
Además, existen desafíos logísticos para llevar a cabo deportaciones masivas. “EE. UU. simplemente carece de los recursos, financiamiento, autobuses, aviones y personal para llevar a cabo tal operación”, señala Foote. “El gobierno parece estar trabajando para construir la infraestructura necesaria para hacerlo posible en el futuro”, comenta Foote.
En el centro de la capital haitiana, DW habla con Eddy Jean, quien trabaja en una barbería. A pocas calles de distancia, se escuchan disparos. Jean, al igual que los demás en el salón, no reacciona. El sonido es demasiado común y aún lo suficientemente lejano como para ignorarlo.
Más de 100 bandas armadas controlan al menos el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Desde mediados de febrero, han expandido su control a nuevas zonas, obligando a más de 40,000 personas a huir. Jean cuenta que, el día anterior, él mismo tuvo que abandonar la barbería cuando varios miembros de un grupo armado fueron abatidos por la policía justo afuera.
“También murió un policía que era amigo mío”, dice, mientras muestra una foto del agente en su teléfono.
En junio pasado, una fuerza multinacional liderada por Kenia llegó a la capital para apoyar a la policía en su lucha contra las pandillas. Sin embargo, la falta de equipo y la escasez de agentes han generado una creciente frustración entre la población.
“Ayer pasaron cuatro o cinco vehículos con policías kenianos por la calle”, dice Jean. “Pero, ¿para qué sirvió? Los policías del MSS ganan mucho más que los haitianos, pero no han logrado mejorar la situación”.
La Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) cuenta con la autorización de la ONU, pero depende de contribuciones voluntarias y sigue sin financiamiento suficiente. Hasta ahora, las donaciones han alcanzado poco más de dos tercios del presupuesto anual estimado por Kenia para operar a plena capacidad.
Junto con otros factores, como una entrega lenta de los fondos prometidos, esto ha retrasado el despliegue de tropas. Hasta finales de febrero, solo habían llegado 857 agentes, quienes también carecen de equipos esenciales. Mientras tanto, se estima que las pandillas suman decenas de miles de miembros, fuertemente armados con armas de alto calibre, en su mayoría traficadas desde EE. UU.
Uno de los principales argumentos para desplegar una fuerza internacional en Haití ha sido crear condiciones adecuadas para celebrar elecciones antes de finales de 2025.
El último presidente electo, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021 y Haití no ha realizado elecciones en más de ocho años. El año pasado, la violencia pandillera obligó al cierre del aeropuerto de la capital durante tres meses, dejando al entonces primer ministro Ariel Henry fuera del país hasta su eventual renuncia.
En enero, Jimmy “Barbecue” Chérizier, expolicía y el líder pandillero más poderoso del país, anunció que su alianza pandillera Viv Ansanm “pronto se convertirá en un partido político”. Es poco probable que sea reconocido legalmente, pero la experiencia pasada genera temor de que intente apoyar a un candidato mediante la violencia. En las dos elecciones más recientes, las pandillas intentaron influir en los resultados, interrumpiendo mítines y tomando el control de centros de votación.
Jean Claude Joseph, un exlíder pandillero que desde 2013 trabaja para promover la paz y el desarme en Haití, confirma a DW que tuvo “reuniones con todos, desde alcaldes hasta el presidente” durante su tiempo como líder armado.
“Recibí dinero para asegurar que las elecciones fueran bien para ellos. Cada Gobierno tenía un representante para reunirse con la pandilla”, dice a DW.
Enfatiza que, para reducir la violencia, es necesario abordar la corrupción política.
“Puedo ir a las comunidades y hacer un gran trabajo para convencer a los jóvenes de que dejen de disparar. Pero ellos necesitan un centro de salud o dinero, y de repente llega un político y les entrega lo que necesitan, a cambio del favor de que quemen el pueblo para obtener más votos”, dice.
Por su parte, Rosy Auguste Ducéna, abogada y directora del programa Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, considera que la inseguridad hace que las ambiciones de llevar a cabo elecciones este año sean “completamente irreales”.
“Cuando los políticos prometen elecciones este año, lo hacen para aparentar ante la comunidad internacional, para mostrar voluntad de acción. No se lo dicen a los haitianos, porque sabemos que no será posible”, afirma.
Para que la MSS tenga un verdadero impacto, muchos ciudadanos insisten en que debe transformarse. La cuestión es cómo.
Algunos líderes locales apoyan la idea de convertir la MSS en una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU. El año pasado, Haití presentó una solicitud oficial ante la ONU para una misión de este tipo. Sin embargo, muchos haitianos ven tal opción con escepticismo, recordando la anterior misión de paz de la ONU y sus repetidos escándalos de derechos humanos.
Rosy Auguste Ducéna insiste en que las lecciones de esa misión, que dejó el país en 2019, deben tenerse en cuenta al decidir el futuro de las intervenciones de seguridad en el país.
“Por ejemplo, durante la intervención previa, la ONU nunca evaluó el impacto de los altos salarios de los cascos azules en la población. Cuando se fueron, el costo de vida había subido tanto que los haitianos tuvieron dificultades para pagar la vivienda. Con la MSS, ya estamos comenzando a ver el mismo problema”, advierte.
En efecto, varios ciudadanos expresan a DW su descontento con el hecho de que, según informes, los policías kenianos en Haití ganan aproximadamente cuatro veces más que sus colegas haitianos. Esto no solo genera un sentimiento de injusticia. En un país donde cuatro de cada cinco personas sobreviven con menos de 2 dólares al día y los grupos armados se aprovechan de la pobreza, el aumento del costo de vida podría empeorar tanto la crisis humanitaria como la de seguridad.
“Estos efectos secundarios deben considerarse, no solo los beneficios inmediatos de una intervención”, advierte Rosy Auguste Ducéna.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que la falta de infraestructura y de un Estado de derecho en Haití hacen que el país “no sea apto para una misión de mantenimiento de la paz”.
“Tenemos que actuar con rapidez”, advirtió.
En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU el 25 de febrero, Guterres sugirió que la transición a una misión de paz podría considerarse “una vez que se haya logrado un progreso significativo en la reducción del control territorial de las pandillas”. Mientras tanto, propuso financiar la actual MSS con el presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU, lo que garantizaría recursos estables.
