Agencias/Ciudad de México.- Estados Unidos notificó a Naciones Unidas que congelará los fondos destinados a una misión respaldada por la ONU en Haití que está a cargo de combatir a las pandillas que intentan tomar el control total de la capital de la nación caribeña, informó la organización.

Estados Unidos ha sido el mayor contribuyente a la misión encabezada por la policía de Kenia, que se lanzó el año pasado y está lidiando con la falta de financiación y personal. La interrupción tendrá un “impacto inmediato” en la misión, señaló Stephane Dujarric, portavoz de la ONU.

Estados Unidos se había comprometido a destinar 15 millones de dólares al fondo fiduciario que financia la fuerza multinacional, dijo. Luego de que ya se gastaron 1,7 millones de dólares de eso, “ahora se han congelado 13,3 millones de dólares”, comentó Dujarric.

La medida se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone una congelación generalizada sobre la asistencia extranjera, lo que ha llevado al despido de miles de empleados y contratistas de agencias de ayuda estadounidenses y al cierre de programas en todo el mundo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha ofrecido una exención para programas que salvan vidas, pero la confusión sobre qué está exento de las órdenes de suspensión —y el temor a perder la ayuda estadounidense de manera permanente— sigue congelando la ayuda y el trabajo de desarrollo a nivel global.

La interrupción en la financiación pareció tomar por sorpresa a los funcionarios que lideran la misión keniana. Cuando se le pidieron comentarios al respecto, el portavoz de la misión, Jack Mbaka, declinó dar cualquier reacción inmediata.

La misión trabaja junto a la Policía Nacional de Haití, que sufre graves carencias de fondos y personal suficientes y que ha recibido millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos en los últimos años para ayudar a combatir a las pandillas. Actualmente, apenas hay alrededor de 4,000 agentes de policía haitianos en servicio a la vez en un país de más de 11 millones de habitantes.

El anuncio se hizo apenas horas después de que un contingente militar de 70 soldados de El Salvador llegó a Haití, uniéndose a más de 600 agentes de policía kenianos que ya se encontraban en el terreno y que están respaldados por policías y soldados de otros países, incluido de Jamaica y Guatemala.

No está claro qué impacto podría tener la interrupción de los fondos estadounidenses para la misión en los esfuerzos para transformarla en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

“La misión de seguridad internacional en Haití ya enfrentaba obstáculos muy grandes; ya estaba muy corta de personal. Con este retiro de ayuda, su trabajo allí será aún más difícil”, señaló Michael Deibert, autor de los textos sobre la nación caribeña “Notes From the Last Testament: The Struggle for Haiti” y “Haiti Will Not Perish: A Recent History”.

La suspensión de fondos se produce en medio de un ataque implacable por parte de cientos de pandilleros en un vecindario de lujo de la capital Puerto Príncipe que comenzó hace más de una semana y ha dejado por lo menos 40 muertos.

Las pandillas ya controlan el 85% de la capital, y el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió recientemente que podrían tomar completamente Puerto Príncipe si no se proporcionaba un apoyo adicional a la fuerza multinacional.

El año pasado se reportaron más de 5,600 asesinatos en todo Haití y más de 2.200 personas resultaron heridas. La violencia a manos de las pandillas ha dejado a más de un millón de personas sin hogar en los últimos años, según la ONU.

“La situación en Haití es de una gravedad inédita”, dijo Diego Da Rin, analista del Grupo de Crisis Internacional.

Dujarric señaló que un reciente informe de derechos humanos de la ONU sobre Haití reiteró preocupaciones sobre la continua violación y explotación sexual de mujeres y niñas por parte de pandilleros, y el reclutamiento de niños en las pandillas.

Cuando el presidente Donald Trump congeló la asistencia extranjera por 90 días, argumentó que tal medida drástica era necesaria para eliminar el despilfarro y bloquear lo que él desprecia como gastos “woke” que no se alinean con los intereses estadounidenses.

Expertos indican que la suspensión tiene otra consecuencia mucho más grave: fortalecer a los autoritarios. Entre los miles de millones que Estados Unidos gasta anualmente en ayuda exterior —más que cualquier otra nación— se encuentran cientos de subvenciones para grupos de base dedicados a luchar por la democracia en países autoritarios alrededor del mundo.

Entre los grupos que no recibirán financiación crítica se encuentra una organización que entrenó a trabajadores electorales para detectar fraude en la reciente votación presidencial de Venezuela, activistas pro-democracia en Cuba y China y un grupo de exiliados bielorrusos detrás de una campaña para impedir que el líder autoritario del país gane una elección fraudulenta.

“Cortar la financiación a estos esfuerzos esenciales envía la señal equivocada a las dictaduras y socava a los valientes individuos que luchan por la libertad”, indicó Thor Halvorssen, fundador de la Human Rights Foundation con sede en Nueva York, que no recibe financiación del gobierno de Estados Unidos. “Estas inversiones particulares no solo deberían ser restauradas —deberían ser priorizadas”.

El Congreso presupuestó al menos 690 millones de dólares en programas pro-democracia este año para contrarrestar el gobierno autoritario en ocho países considerados por expertos entre los menos libres del mundo: Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.

Gran parte de la financiación pro-democracia se canaliza a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donde cientos de empleados fueron despedidos en medio de intentos por parte del multimillonario Elon Musk de cerrar la agencia, que tiene décadas de antigüedad, como parte de su campaña para reducir gastos.

Trump, al anunciar la congelación de la ayuda en su primer día en el cargo, declaró que toda la asistencia extranjera sería evaluada en cuanto a si hace que Estados Unidos sea más seguro, fuerte y próspero.

Para reformar USAID, está contando con Peter Marocco, un exmarine estadounidense y activista conservador de Dallas que trabajó brevemente para la agencia USAID durante la primera administración de Trump. Marocco no respondió a una solicitud de comentarios de AP y la Casa Blanca señaló los comentarios de Trump criticando a USAID como dirigida por “locos radicales de izquierda”.

Mientras que la financiación para algunos de los programas alineados con la política exterior de Trump podría reanudarse, los autoritarios en todo el mundo ya están celebrando y redoblando los ataques contra sus oponentes.

En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, principal ejecutor del aparato de seguridad del partido socialista gobernante, se jactó la semana pasada en la televisión estatal de que la ayuda canalizada por USAID a la oposición era una caja negra de corrupción que prometió investigar. El expresidente ruso Dmitry Medvedev señaló en X que espera que el “notorio Estado Profundo no se trague” a Musk por desconectar la agencia.

En Nicaragua, una red de televisión propiedad de los hijos del presidente Daniel Ortega declaró que Trump cerró el grifo para los “terroristas”. Medios alineados con el liderazgo islámico en Irán bromearon que Estados Unidos trataba a sus aliados como “pañuelos desechables”.

Mientras tanto, en Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko se jactó de que la decisión de Trump de cortar la financiación para la “oposición fugitiva” fue en respuesta a los llamados de su gobierno para un reinicio de las relaciones bilaterales.

Lena Zhivoglod, directora de Honest People, que se estableció en 2020 para contrarrestar la narrativa oficial de Lukashenko y poner fin a tres décadas de su gobierno autoritario, sostuvo que pronto tendrá que despedir a 15 empleados y terminar el arrendamiento de la oficina del grupo en Varsovia, Polonia.

“No se trata de 15 emigrantes bielorrusos en Polonia que se ven obligados a dejar sus trabajos”, declaró Zhivoglod. “Significa perder otra batalla contra las máquinas de propaganda del régimen de Lukashenko y el Kremlin —máquinas que bombardean a los bielorrusos diariamente”.

La perspectiva era igualmente sombría en Venezuela.

Entre los afectados en la nación sudamericana están periodistas que han expuesto la corrupción de altos funcionarios militares y civiles, una organización que proporciona servicios legales a prisioneros políticos y un grupo de monitoreo electoral que ayudó a descubrir pruebas creíbles de que el presidente Nicolás Maduro robó las elecciones del verano pasado.

Todas las organizaciones pidieron a The Associated Press no ser nombradas por temor a que el gobierno pueda activar una nueva ley que convierte en delito recibir financiación internacional.

“Trump está haciendo el trabajo que Maduro nunca podría lograr: sofocar a la sociedad civil”, dijo.

Uno de los activistas afectados por la congelación de fondos experesó que Trump está haciendo el trabajo que Maduro nunca podría lograr: sofocar a la sociedad civil y añadió y que comenzó a despedir a docenas de contratistas que han desempeñado un papel clave en la movilización de la oposición a Maduro.

Halvorssen indicó que, aunque hay mérito en reevaluar los programas para asegurarse de que el dinero de los contribuyentes se gasta sabiamente, los programas pro-democracia están entre las herramientas más efectivas para avanzar los intereses de Estados Unidos. Aún así, las encuestas de opinión muestran consistentemente que los estadounidenses creen que Washington es demasiado generoso al dar dinero a gobiernos extranjeros, incluso si otros países, como Noruega y Suecia, donan mucho más y la ayuda exterior comprende menos del 1% del presupuesto federal.

Otra víctima de la congelación de la ayuda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha centrado gran parte de su trabajo reciente en Cuba, Nicaragua y Venezuela —todos países donde las instituciones están llenas de leales al partido gobernante. El grupo de vigilancia ha sido un pilar del sistema interamericano liderado por Estados Unidos desde la década de 1950 y depende principalmente de las contribuciones de Washington, donde tiene su sede. En días recientes, ha tenido que despedir a cerca de un tercio de su fuerza laboral.

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se refirió a la congelación de la ayuda extranjera como “extraordinariamente disruptiva, extraordinariamente cruel” en una llamada con su personal para discutir la orden de detención del trabajo. Una gerente senior en la llamada describió la crisis de financiación como algo que nunca había visto en 24 años trabajando en la comisión. Otro gerente veterano afirmó que la comisión enfrenta un “colapso”.

“Diría buenas tardes, pero no es una buena tarde”, indicó Clarke, abogada de Barbados, al inicio de la llamada, una grabación de la cual fue compartida con AP bajo condición de anonimato.

Administraciones sucesivas, incluida la primera Casa Blanca de Trump, han sido partidarias de activistas de democracia que luchan contra el Partido Comunista de China. Las suspensiones han dejado a los grupos —especialmente aquellos que trabajan en temas en el Tíbet y Hong Kong, así como entre las minorías uigures— sin apoyo financiero y vulnerables a que Beijing los ataque con impunidad.

Algunos republicanos también están preocupados de que Trump podría estar dañando los intereses estratégicos y de seguridad nacional de Estados Unidos.

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