Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de amparo que interpuso la filial brasileña Odebrecht a través del que pretendía evadir una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) luego de que mintió para obtener un contrato con la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por unanimidad, la Segunda Sala de la SCJN desechó el amparo directo en revisión que promovió Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México SA de CV, para revertir una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que había rechazado eliminar la sanción administrativa la SFP, el 13 de octubre de 2021.
El 5 de diciembre de 2016, la filial de la empresa brasileña Odebrecht solicitó a Pemex la modificación del contrato A3/15, bajo la justificación que cumplió cabalmente todos los requisitos legales.
“Sin embargo, a esa fecha no contaba con el registro de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Fue hasta el 25 de mayo de 2017 cuando presentó su registro como generador de residuos peligrosos en la categoría de pequeño generador, no obstante que era su obligación”, indicó el dictamen que presentó el magistrado Carlos Mena Adame, del TFJA en octubre de 2021.
El dictamen del magistrado Mena Adame ha sido confirmado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN este miércoles.
En abril del 2019, Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó y multó a la filial de Odebrecht, por rendir información falsa en el contrato para construir accesos y obras externas del proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería de Tula, por mil 811 millones de pesos adjudicado en 2015.
La constructora brasileña declaró que contaba con todos los permisos y autorizaciones necesarios para la obra, sin embargo, no tenía aún el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tramitó hasta el 25 de mayo de 2017.
Este es uno de los contratos que Odebrecht presuntamente obtuvo en México mediante el supuesto pago de sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex (actualmente preso), por una suma de 10.5 millones de dólares.
La empresa presentó un juicio de nulidad contra la sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que la Sala Superior ratificó por unanimidad la inhabilitación y la multa, al estimar que están debidamente fundadas y motivadas, en julio de 2022.
El tribunal indicó que la sanción estaba fundamentada con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, norma que solo estuvo vigente durante cuatro años.
Contra esta resolución Odebrecht presentó un amparo directo, que ha sido negado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al advertir que no había ningún vicio de legalidad ni violación a los derechos a la quejosa.
Odebrecht impugnó esa sentencia del colegiado mediante el recurso de revisión que la Segunda Sala de la SCJN desechó en definitiva.
En junio pasado, un tribunal anuló una multa de mil 88 millones de pesos a Odebrecht en México, al concluir que la SFP nunca demostró que la empresa evadiera o simulara el cumplimiento de requisitos en otro de los contratos de obra de la Refinería de Tula de Pemex.
Odebrecht mantiene otro litigio contra una inhabilitación por tres años, sin multa, impuesta en abril de 2019.
