Agencias/Ciudad de México.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) mantiene vigente una recompensa de hasta 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón y su medio hermano Julio César Montero Pinzón, que forman parte de una red que blanqueó más de 350 millones de dólares al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en México.
De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos el CJNG montó durante más de una década una red de fraude contra clientes de tiempos compartidos en México, a través del que obtuvo ingresos por más de 350 millones de dólares entre 2019 y 2024.
Las autoridades presentaron la acusación formal ante el Tribunal Federal de Brooklyn, en la que incluyeron los casos de cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses que cayeron en la trampa en ese período, reportó el portal Infobae.
El dinero no financiaba únicamente el enriquecimiento personal de los operadores del fruade de los tiempos compartidos, sino que iba directo a las arcas del CJNG para sostener sus actividades de narcotráfico y violencia en México y otros países.
El FBI ubicó a Arredondo Pinzón, de 36 años, media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, considerado un operador de alto rango del CJNG, como la encargada principal del esquema de supervisión desde una oficina de captación de fondos en los call-center instalados en Jalisco.
Mientras que Montero Pinzín, gestionaba la red financiera que blanqueaba ese dinero para comprar y distribuir narcóticos en territorio estadounidense.
Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Montero Pinzón acumula además una acusación adicional por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, categoría que Washington le asignó al CJNG en febrero de 2025.
El FBI mantiene la búsqueda de Arredondo Pinzón y Montero Pinzón por su participación en un esquema internacional de fraude que tenía como objetivo a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México.
Desde el pasado 5 de agosto, el Departamento de Estado anunció cargos contra varios líderes del CJNG y recompensas por más de 100 millones de dólares para facilitar la captura o condena de ocho fugitivos relacionados con el cártel.
Entre ellos se encontraba Arredondo Pinzón, por quien se estableció una recompensa de hasta 2 millones de dólares.
El FBI ha vuelto a difundir su ficha como parte de su lista de fugitivos buscados.
El pasado 31 de agosto, el FBI incorporó a Arredondo Pinzón entre las personas buscadas por investigaciones de crimen organizado.
Desde septiembre de 2025, existe una acusación formal contra Arredondo Pinzón por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
De acuerdo al FBI, la operación fraudulenta arrancó al menos desde 2012 bajo un esquema de pago por adelantado.
Los estafadores contactaban por teléfono a propietarios de tiempos compartidos en México y les ofrecían lo que parecía una salida sencilla: alquilar o revender su propiedad sin complicaciones.
Con documentos falsificados y sitios web fraudulentos, los convencían de transferir dinero por presuntas tarifas administrativas e impuestos. La promesa era que recibirían sumas mayores a cambio. Los fondos prometidos nunca llegaron.
El mecanismo tenía una segunda vuelta, una vez que la víctima había perdido su dinero, los mismos operadores volvían a comunicarse haciéndose pasar por abogados o funcionarios gubernamentales para ofrecer servicios para recuperar lo perdido a cambio de una nueva cuota por adelantado.
Lejos de ser una estafa aislada, la red funcionaba como una división corporativa del cartel, diseñada con precisión para convertir el fraude en financiamiento criminal.
El FBI, la DEA y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) mantienen en curso una investigación para desarticular a esa red del CJNG.
La coordinación entre las tres agencias permitió reconstruir el flujo del dinero desde los call centers de Jalisco hasta las redes de distribución de drogas en Estados Unidos.
De ser declarada culpable de los cargos que enfrenta, ambos podrían recibir hasta 20 años de prisión por cada uno de los delitos relacionados con el esquema de fraude.
El caso forma parte de la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra las estructuras financieras del CJNG, al que Washington designó eorganización terrorista extranjera en febrero de 2025.
