Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación consideró que la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas entró en una de las etapas más complejas y de ruptura del pacto del silencio relacionado a un crimen de Estado a seis años de distancia.
Encinas dio a conocer que mantienen sujetos a proceso a unos 80 implicados en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa que ocurrió en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Durante la presentación del Informe de la Comisión por la Verdad y la Justicia a seis años de los trágicos hechos, Encinas enfatizó que las nuevas líneas de investigación partieron de la premisa de que, la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
“Y qué encontrar esa verdad es la encomienda que vamos a cumplir”, sostuvo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo Encinas, ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala.
“Respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, órdenes de operación, dando respuesta a las solicitudes de información planteadas por el GIEI, la cual ha sido remitida a la Fiscalía General de la República (FGR), manteniendo una colaboración permanente.
“Al mismo tiempo, la Sedena puso a puesto a disposición de la Comisión Presidencial y del Ministerio Público, a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que contribuyan con la investigación, iniciando en su caso los procesos penales correspondientes”, sostuvo.
Paralelamente, añadió, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) constituyó el “Comité de Seguimiento al caso Iguala”, que inició procesos administrativos contra 14 elementos.
Cuatro de ellos, dijo, han sido removidos después de un proceso de sanción administrativa, tres causaron baja, dos suspensión temporalmente y cinco más son investigados.
“Esta información fue remitida a la FGR, quien inició los procesos penales en contra de algunos de estos elementos.
“La Secretaría de Marina (Semar) remitió la relación de servidores públicos presentes durante el proceso de búsqueda, recolección de indicios y evidencias en el Río San Juan, así como en el perímetro de seguridad del basurero de Cocula, además del informe de la operación denominada ‘Guerrero Seguro’, correspondiente al mes de septiembre de 2014.
“La Unidad de Inteligencia Financiera ha proporcionado toda la información financiera, patrimonial y fiscal de empresas y personas consideradas como objetivos prioritarios relacionados con el caso a la FGR”, relató.
De marzo a la fecha, agregó, han liberado 70 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas contra integrantes de fuerzas de seguridad municipales, estatales, federales, servidores públicos y personas ligadas al grupo delictivo Guerreros Unidos.
“Y se ha detenido a 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento”, afirmó..
La instrucción presidencial, afirmó Encinas, ha sido no encubrir a ningún funcionario público.
“Destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio público encargada de ‘legalizar’ la verdad histórica”, sostuvo.
La evidencia científica, señaló Encinas, ha sido verificada y confirmó que los 43 normalistas nunca estuvieron juntos en las horas trágicas del basurero de Cocula, Guerrero.
Agregó que han realizado 30 acciones de búsqueda en campo en 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero.
“El Centro Nacional de Inteligencia ha brindado información que no fue considerada por la entonces Procuraduría General de la República como son reportes y bitácoras diarias de inteligencia sobre el estado de Guerrero de los años 2014 y 2015.
“Las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero 2014, los reportes, mapas e imágenes de localización del basurero de Cocula e información de inteligencia vital para entender lo sucedido durante la desaparición de los normalistas y la construcción de la verdad histórica”, afirmó.
Paralelamente, añadió, un grupo interdisciplinario analizó 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018.
Esto, dijo Encinas, arrojó 206 mil registros de interés, una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos, ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Con este análisis hoy se cuenta con información que permitirá a la FGR determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quiénes perpetraron las agresiones contra los estudiantes.
“Sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos, el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horarios de los hechos y un seguimiento por minuto de los actores principales; lo que evidencia científicamente que la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos.
“Del análisis de cientos de documentos oficiales, decenas de horas de grabación en videos clasificados, reportes, informes que habían sido resguardados en los últimos años por dependencias gubernamentales, se cuenta con los elementos básicos para desarrollar el mosaico explicativo sobre la desaparición de los normalistas” sostuvo.
Encinas consideró que la investigación entró en una de las etapas más complejas.
“Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto del silencio, para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia.
“En la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias y acciones del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar información, confundir y desacreditar la investigación, lo que, anticipo, no nos amedrenta, ni nos va a detener. Vamos a ir al fondo en estas investigaciones”, afirmó.
Encinas reconoció que la lucha firme y digna de las madres y padres de los 43 estudiantes ha sido de gran utilidad para desenredar una compleja red de complicidades oficiales.
“Como se ha acreditado, la verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.
“Nos corresponde ahora romper los candados de intereses ligados al crimen organizado y al poder público. Romper el pacto de silencio e impunidad y deslindar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados, y reafirmamos: No habrá impunidad.
“Pero también queremos ser claros, no generaremos falsas expectativas, ni construiremos una nueva verdad histórica, nuestro objetivo es conocer la verdad por dolorosa que esta sea.
“En ese esfuerzo no cejaremos. Esa es la instrucción del Presidente de la República y nuestro compromiso. Aquí, no estamos cansados y nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa”, afirmó.
Encinas señaló que Samuel Ventura Ramos Juez Primero con sede en Tamaulipas, liberó a 77 implicados en la desaparición de 43 normalistas con el argumento de que habían sido obligados a a declarar bajo tortura.
“Pero el juez no observó la jurisprudencia del 21 de julio de 2019, que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados que determinan la materialidad del delito.
“Es decir, subsisten las responsabilidades por los delitos cometidos, al tiempo que deben de fincarse la responsabilidad y castigar a los torturadores.
“En este caso, este juez no fincó responsabilidad alguna a los presuntos torturadores, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación.
“Son los casos, además, del juez Noveno de Distrito, Gabriel Domínguez Barrios, en Iguala, quien por el pago de una multa de 10 mil pesos dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos.
“O del secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Penal en el Estado de México, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad a Ángel C., quien se encontraba prófugo desde 2015, afortunadamente eso no sucedió y hoy se encuentra plenamente a disposición de las autoridades”, indicó.
Debo decir con toda claridad, agregó, estas resoluciones judiciales representa una afrenta a las víctimas y sus familiares.
“Son una burla a la justicia. Alientan el silencio y la impunidad, y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia en nuestro país y que es necesario transformar”, sostuvo.
