Agencias/Ciudad de México.- La Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) trabajó de forma encubierta contra el narcotráfico en Chihuahua con apoyo de Guillermo Zuany Portillo, ex Fiscal de Operaciones Estratégicas acusado de presuntos vínculos con cárteles mexicanos, reveló el The New York Times (NYT).
The NYT reveló que Zuany facilitó durante más de seis meses la participación de agentes de la CIA en entrenamientos y operativos de fuerzas estatales, pese a que Estados Unidos le había revocado previamente su visa por sospechas de nexos criminales.
En su investigación The NYT consultó cientos de documentos confidenciales y entrevistó a una veintena de funcionarios de México y Estados Unidos, mediante lo que confirmó que la CIA inició operaciones con Zuany desde el otoño de 2025.
Las agencias estadounidenses tenían advertencias previas sobre el historial turbio del funcionario estatal -quien además afrontaba denuncias penales por complicidad en el asesinato de policías-, en medio de eso, la CIA utilizó a Zuany como su enlace principal en Chihuahua.
Zuany recuperó la Visa que le permitía ingresar a Estados Unidos a cambio garantizar la entrada y coordinación de los efectivos estadounidenses con la policía local.
Bajo este esquema, agentes de la CIA guiaron a las fuerzas estatales y se sumaron de manera activa a las intervenciones en el terreno de Chihuahua.
Incursiones armadas y sospechas de filtración
La investigación periodística expone que los agentes de la CIA no se limitaron a labores de observación o asesoría teórica, sino que participaron armados en los despliegues tácticos:
– Equipamiento e insignias: Los efectivos estadounidenses vestían equipo táctico, portaban armas largas y, en diversas ocasiones, usaron chamarras con la insignia oficial del estado de Chihuahua para mimetizarse.
– Inteligencia en tiempo real: Durante los patrullajes e intervenciones llevaban tabletas y computadoras para procesar información operativa al momento.
– Cobertura con armas de asalto: En el cateo a una casa de seguridad de un cártel, un agente de la CIA brindó cobertura desde el exterior con un rifle de asalto mientras ingresaba la policía mexicana, participando después en la revisión de dispositivos electrónicos decomisados y en el interrogatorio de un detenido.
– Objetivos en fuga: Diversas misiones -entre ellas la irrupción en un bar para capturar a un líder criminal- se frustraron debido a que los objetivos escaparon momentos antes de la llegada de los contingentes, lo que generó sospechas entre oficiales mexicanos sobre alertas previas a los delincuentes.
Tragedia en la sierra destapa red clandestina
La fachada de la operación encubierta se derrumbó en abril pasado durante la mayor misión conjunta desplegada en la entidad: la localización y destrucción de un laboratorio de metanfetaminas en la sierra de Chihuahua.
Tras ubicar la instalación clandestina, una caravana de nueve vehículos con más de 60 elementos mexicanos y cuatro agentes de la CIA inició el regreso nocturno por caminos de montaña.
La polvareda levantada por un vehículo blindado que encabezaba el convoy redujo la visibilidad, provocando que la camioneta que lo seguía -donde viajaban dos agentes de la CIA y dos policías estatales- se desbarrancara más de 90 metros y explotara al fondo del precipicio, muriendo de forma instantánea sus cuatro ocupantes.
Luego del percance, Zuany llamó al lugar del accidente para ordenar a los policías recuperar los cuerpos de los agentes estadounidenses, despojarlos de cualquier insignia del gobierno estatal y presionar a los oficiales para que ocultaran la participación de la CIA ante los peritos e investigadores federales.
Cae ex Fiscal por traición; Zuany, prófugo
El choque mortal detonó una crisis política nacional. La Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su indignación, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal desconocía las actividades de la CIA en la entidad y exigió explicaciones tanto a la administración de Donald Trump como a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
La secuela judicial derivó en el arrestó a César Jáuregui, ex Fiscal general de Chihuahua y aspirante a la alcaldía capitalina, acusándolo de traición a la patria por haber autorizado el ingreso y operación de la CIA en territorio estatal. Jáuregui rechazó los cargos y atribuyó la responsabilidad a un comandante fallecido en el choque.
En tanto, Guillermo Zuany renunció a su cargo y actualmente permanece prófugo con orden de aprehensión.
En mensajes enviados a The New York Times, Zuany aseveró haber actuado de forma “ética y profesional” y sostuvo que las filtraciones provenían de personas “con mala intención”.
Pese a que la Gobernadora Maru Campos ha mantenido que no tenía conocimiento de las actividades de la CIA en el Estado, Zuany, dijo en un mensaje de texto que la panista en realidad sí sabía de la presencia.
Campos dijo en un comunicado que Zuany está equivocado y que debería estar dispuesto a testificar ante un juez. “Si tiene algo que decir, que se presente a declararlo”, señaló.
El 19 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César ‘N’, acusado del presunto delito de “traición a la patria” en materia de seguridad nacional, tras haber autorizado un operativo en el que murieron dos elementos de la corporación estatal y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en la Sierra Tarahumara, el pasado 19 de abril.
El periódico The Washington Post confirmó que los dos funcionarios de la Embajada estadounidense que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua, tras regresar de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México, trabajaban para la CIA el pasado 21 de abril.
La fiscal general, Ernestina Godoy, dijo que Jáuregui habría permitido que agentes extranjeros intervinieran en facultades exclusivas de la Federación y habría ocultado información que estaba obligado a compartir.
“La orden la otorgó un juez federal, después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien actos de investigación.
“Deriva de hechos que esta persona habría ordenado y coordinado durante el operativo de abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Un operativo irregular, a partir del cual esta Fiscalía aseguró y desmanteló después un laboratorio clandestino de drogas.
“Lo anterior claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”, indicó Godoy en un comunicado.
Precisó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional especifican que las entidades federativas están limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, además, impedidas de transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
“La investigación determinó que César “N” habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional.
“Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.
“Eso atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación, al encontrarse expresamente prohibido por la Constitución, afirmó Godoy.
Precisó que la carpeta de investigació que elaboró la propia fiscalía estatal reconoció la participación en el operativo de estos extranjeros sin ninguna justificación.
“Tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo. Fue el exfiscal estatal, precisamente, quien dio a conocer los hechos a la opinión pública.
“Además, se acreditó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.
“La autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación. La Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe expresamente a los estados.
“Aun así, la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación.
“Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.
“El exfiscal habría ocultado información. La Fiscalía estatal, a través de su titular, tenía que informar a la Federación. No lo hizo. En cambio, informó a personas extranjeras.
“Sabía que se trataba de delitos federales. Sin embargo, avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada e indebida. Las autoridades federales asumieron de inmediato la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”, afirmó.
Godoy destacó que desde el primer momento hemos mantenido comunicación y coordinación con las autoridades estatales.
El delito por el que se le acusa a Jáuregui es uno de los más graves contra el Estado y nadie ha sido condenado por él desde mediados del siglo XIX.
La legislación mexicana no ofrece una definición única de traición a la patria, pero la configura como actos contra la independencia, soberanía o integridad del país en favor de un gobierno, Estado o grupo extranjero.
Los artículos 123 a 126 del Código Penal Federal incluyen conductas como colaborar con fuerzas extranjeras, facilitar una invasión, entregar información estratégica o promover una intervención extranjera, con penas de hasta 40 años de prisión.
A diferencia de otros delitos, castiga conductas que podrían comprometer la seguridad nacional o someter al país a la influencia o control de una potencia extranjera, por lo que su aplicación ha sido históricamente muy poco frecuente.
La última condena histórica ampliamente reconocida por ese delito fue la de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México entre 1864 y 1867.
Maximiliano fue condenado y fusilado en 1867 después de que el gobierno republicano de Benito Juárez determinara que el imperio que encabezó, apoyado por tropas francesas, vulneraba la independencia y soberanía de México.
Entre las conductas que pueden constituir traición a la patria figuran participar en hostilidades contra México bajo las órdenes de un Estado extranjero, proporcionar información estratégica que pueda afectar la seguridad nacional, facilitar una invasión, colaborar con fuerzas o grupos armados dirigidos por extranjeros o reclutar personas para combatir contra el país.
El Código Penal Federal también considera traición a la patria acciones como privar ilegalmente de la libertad a una persona en territorio mexicano para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla al extranjero con ese fin.
Hay una gran diferencia entre ser acusado de traición a la patria y ser condenado por ella.
Las acusaciones recientes no han concluido aún en sentencias firmes. En 2024, la fiscalía general mexicana abrió una investigación y buscó judicializar cargos por “traición a la patria” contra Joaquín Guzmán López, hijo del capo narco Joaquín “El Chapo” Guzmán, por el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.
Las disposiciones sobre traición a la patria se aplican principalmente a ciudadanos mexicanos, aunque el Código Penal Federal también prevé sanciones para extranjeros que participen en las conductas contempladas por la ley.
La figura tiene además rango constitucional. El artículo 108 de la Constitución mexicana establece que incluso el Presidente puede ser imputado durante su mandato por traición a la patria, reflejando la gravedad excepcional que el ordenamiento mexicano atribuye a este delito.
El lunes, Jáurequi, del partido opositor Acción Nacional (PAN), fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en el Estado de México, contiguo a la capital. El jueves, un juez determinará sin es vinculado a proceso y si los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva.
“La acusación de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui busca sentar un precedente y prevenir que la cooperación entre gobiernos estatales y el gobierno de Estados Unidos se dé sin la coordinación y visto bueno de la Federación”, opinó Matías Gómez Léautaud, analista de Eurasia.
“Hay una dimensión política clara, dado el gobierno de oposición de Chihuahua. Las elecciones intermedias de 2027 engendran incentivos para la presidencia de evidenciar fracasos por gobiernos estatales de oposición y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una confrontación con la gobernadora Maru Campos, lo cual aumenta la importancia del caso para la agenda nacional”, agregó.
Jáuregui ocupó el cargo de fiscal de Chihuahua entre 2023 y 2026.
The Washington Post que citó dos personas familiarizadas con el asunto indicó que los agentes de la CIA Richard Leiter Johnston de 36 años y John Dudley Black de 44 años, formaban parte de un papel significativamente ampliado en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.
Richard Leiter Johnston III, agente de la CIA participó en operaciones militares y de inteligencia en Medio Oriente, África y Asia Oriental antes de ser destinado a México, para combatir al narcotráfico.
El pasado 1 de abril, se registró el fatídico accidente que cobró la vida de dos funcionarios mexicanos y dos agentes de la CIA, el hecho llevó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a decir que investigaría si la operación violó las leyes de seguridad nacional de México.
La CIA se negó a comentar sobre el tema, reportó The Washington Post.
Los cuatro murieron cuando regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos tras la operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota de la Sierra de Chihuahua.
Funcionarios mexicanos indicaron que el vehículo se salió de la carretera, cayó por un barranco y explotó.
El accidente se registró en medio de la creciente presión del Presidente Donald Trump sobre México para que tome más medidas contra los cárteles, y mientras la CIA ha ampliado sus operaciones antinarcóticos en Latinoamérica.
Si bien Trump ha amenazado ocasionalmente con acciones unilaterales de Estados Unidos contra los cárteles en México, la CIA y otras agencias federales han enfatizado hasta ahora la importancia de trabajar en colaboración con las autoridades mexicanas.
Las personas familiarizadas con el asunto hablaron sobre el papel de la agencia de espionaje en los sucesos de Chihuahua bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del tema.
Bajo la dirección de John Ratcliffe, la CIA ha asumido un papel más importante y agresivo en la lucha contra el narcotráfico, una de las principales prioridades de Trump al asumir el cargo.
La madrugada del pasado 19 de abril, dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en México murieron junto con el jefe de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera y su subordinado Genaro Méndez Montes, durante el regreso de un operativo en el que inhabilitaron seis laboratorios de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, de Chihuahua.
