Agencias/Ciudad de México.- Elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), arrestaron a Gerardo “C”, implicado en el presunto delito de defraudación fiscal de unos 16 mil millones de pesos al fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El periódico La Jornada informó que basado en las investigaciones el abogado Gerardo ‘C’ ha sido implicado en esa acción fraudulenta contra el ISSSTE.
De acuerdo al rotativo que citó fuentes ministeriales señaló que los agentes de la FEMCC cumplimentaron la orden de aprehensión que otorgó la Juez Salma Martínez Macías, con sede en Torreón, Coahuila.
Precisó que Gerardo “C”, ha sido señalado como probable responsable en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2019.
Las autoridades federales han vinculado al abogado en casos de fraude contra el ISSSTE relacionados con el sistema de pensiones que cobraron de forma ilícita en asociación con servidores públicos y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje, casos que el periódico La Jornada ha documentado ampliamente desde junio de 2024.
El periódico La Jornada recodó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial por más de 575 millones producto de remanentes no devueltos a la tesorería de la Federación (Tesofe) en 2020.
Entre las anomalías identificadas la ASF descubrió la falta de documentación para respaldar los pagos a trabajadores en retiro mensualmente, además, de una contabilidad deficiente sobre el destuno del dinero, incluidos recursos no utilizados.
La ASF halló alrededor de 9 mil personas pensionadas de 90 años de edad, sin que existan pruebas de su existencia.
Paralelamente, señaló que el ISSSTE carece de proceso de conciliación de datos de actas de defunción, baja de la CURP en el Registro Nacional de Población (Renapo) y de un padrón de instituciones bancarias a las que transfieren pagos de pensiones.
Simultáneamente, ubicó una nómina de trato especial, con 5 mil 900 pensiones de servidores públicos, cuya salud física o mental les impidan el desarrollo de sus funciones desde 1989 a la fecha.
El 6 de febrero de 2002, el gobierno federal emitió la Norma que regula el Programa Pensionario de Trato Especial para el Personal Operativo de la Administración Pública Federal, que ha sido aplicada por un acuerdo de voluntades y parte de los acciones especiales de la administración pública federal a los inscritos desde 1989.
La ASF encontró que sólo quedaban 16 pensionados en la citada nómina en diciembre de 2021. De cualquier manera, la ASF indicó que no es viable la actualización del convenio para continuar ese programa, ya que sus efectos jurídicos están por extinguirse.
La Auditoría revisó 60 expedientes de las delegaciones Puebla, Hidalgo, Ciudad de México Sur y estado de México. En esta última identificaron anomalías pues cinco carpetas –de 25 requeridas– no se localizaron en un principio.
Hubo corrección en cuatro y del quinto se identificó que se trataba de una pensión de orfandad que debía haber concluido en junio de 2014, pero hasta 2020 se seguía pagando. Sólo en ese año el Issste erogó 733 mil 900 pesos de manera irregular para este caso.
