Agencias/Ciudad de México.- El Gobierno federal expresó su beneplácito por la aprobación por el pleno del Senado de una reforma que brinda al Presidente de la República el poder de otorgar amnistía directa a personas sentenciadas por cualquier crimen, incluso delitos federales como narcotráfico, trata de personas, huachicol, feminicidios o secuestros.
“La reforma establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado mexicano”, declaró la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
La funcionaria encargada de la política interior indicó en conferencia de prensa que la nueva Ley de Amnistía que aprobó anoche la mayoría del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado, por ejemplo, ayudar a romper el “pacto de silencio” entre los funcionarios militares, civiles y sicarios del crimen organizado implicados la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, registrada en Iguala, Guerrero, en 2014
La reforma legislativa aprobada con los votos del oficialismo y el rechazo de todas las bancadas opositoras ofrece un marco jurídico para “avanzar y romper el pacto de silencio, con el fin de poder encontrar a los jóvenes”, subrayó la funcionaria sin aludir a otros crímenes federales.
Los senadores de oposición coincidieron por separado que el dictamen aprobado que modificó el artículo 9 de la Ley de Amnistía pretende otorgar al Poder Ejecutivo ‘facultades metaconstitucionales’ como si fuera ‘un rey’ o ‘un monarca’
Los senadores del partido oficialista MORENA y aliados aprobaron con 67 votos a favor, 32 en contra del bloque de oposición el dictamen que ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y ratificación.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera señaló que la reforma nunca fijó reglas claras de las facultades que prevé otorgar al Presidente por encima de la Constitución.
Al respecto, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda destacó que una sola persona, el Presidente, sin procedimiento alguno, sin pasar ante un juez, sin la valoración de la fiscalía, podrá perdonar a quien sea: narcotraficantes, violadores, secuestradores o delincuentes sentenciados por trata o desaparición forzada.
“Esta es quizá una de las reformas extremas del culto a la personalidad de una sola persona, del presidencialismo, llevado al extremo radical, digan lo que digan, y justifiquen lo que justifiquen, lo que están haciendo es darle el tratamiento de rey al presidente de la República, de monarca, de rey absoluto, que no tiene contrapeso, que es él la ley y la justicia”, cuestionó.
El líder de la bancada del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Ricardo Monreal rechazó estos señalamientos.
La oposición, dijo Monreal, debería estar preocupada porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé ‘eliminar’ el artículo 19 de la Constitución relacionado con la prisión preventiva oficiosa, con lo cual quedan en libertad 69 mil presuntos criminales.
El senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares ironizó que MORENA busca ‘dinero” a cambio de otorgar amnistía a los criminales’.
“¿Le hace falta dinero a Claudia Sheinbaum o qué? (…) ¿Ya no les alcanzó el dinero de la Secretaría del Bienestar y ahora quieren el dinero del crimen?”, enfatizó.
Para Martínez Cázares, en nombre de las víctimas, de los desaparecidos y del dolor de las madres buscadoras, no se debe perdonar a criminales, bajo ninguna circunstancia.
Paralelamente, anoche, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 69 votos de MORENA, partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social (PT-PVEM-PES), y 42 en contra del bloqueo opositor conformado por PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano (mC), el decreto que modificó los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.
Tras seis horas de debate, la minuta aprobada ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
Durante la discusión, la oposición anticipó que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la enmienda.
Al fundamentar el dictamen, Olga Sánchez Cordero la legisladora del partido oficialista MORENA y presidenta de la Comisión de Justicia, precisó que quedan intocados el “juicio de amparo” y “la suspensión”.
“Por supuesto que no estamos afectando derechos, ni por supuesto que estamos haciendo una regresión en las garantías y en la promoción de derechos y, desde luego, tampoco violentamos el principio de constitucionalidad del artículo 1. Simplemente estamos de acuerdo con el principio de la relatividad de las sentencias de amparo y del principio de constitucionalidad de las leyes”.
Al respecto, la legisladora del PRI Claudia Anaya consideró que la reforma es inconstitucional, y regresiva de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución.
En el mismo sentido el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera (PRD), que la reforma que promovió MORENA vulnera los derechos humanos de los mexicanos.
“Porque incluso cuando se apruebe esta iniciativa, porque me queda claro que les asiste la mayoría para hacerlo, va a subsistir el Artículo 107, fracción X de la Constitución, que hoy señala lo siguiente: ‘Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley’. La ley dice cuándo no debe concederse, y también dice cuándo excepcionalmente se podrá conceder. Eso lo van a eliminar”, detalló.
En ese contexto, Adriana Jurado Valadez senadora del PAN dijo que ‘parecieran dos modificaciones menores’, pero que no es así.
“Se trata de eliminar un pequeño parrafito del artículo 129 y adicionar otro pequeño parrafito al artículo 148, pero en realidad esas pocas palabras revisten una importancia enorme ya que vulneran flagrantemente el mecanismo para la eficaz protección de los derechos de la gente, en especial de los derechos colectivos o difusos; es decir, para la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (…) Las consecuencias de esto podrían llegar a ser terribles”.
Al respecto el legislador de MC Luis Ortiz Salinas consideró que el gobierno se siente amenazado y disminuido cuando el poder judicial en ejercicio de sus atribuciones constitucionales limita y corrige abusos de poder.
“Pero que en realidad dicho poder (SCJN), está cumpliendo con su labor de control de la constitucionalidad y con su deber garantista de los derechos humanos.
“El propósito garantista de la suspensión es evitar que haya una afectación en los derechos humanos para prevenir que se presente, más que para repararla o resarcirla. Sin la suspensión se podrían registrar afectaciones irreparables o imposibles de restituir”, dijo.
En ese sentido, la senadora de MC Laura Ballesteros interpretó que la reforma ‘es absolutamente regresiva’.
Y, lamentó el ‘muy atropellado proceso fast track’, cuando la Comisión de Justicia tiene 262 iniciativas y 34 minutas pendientes de aprobación, entre otras ‘la regulación del cannabis’.
En su turno, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del partido oficialista MORENAy autor del cambio legal, pidió a la población no dejarse engañar.
“Lo que estamos haciendo es evitar la dictadura de la toga, porque está provocando una violación al principio de legalidad el juez de amparo (…) Lo que pretendemos con la reforma es evitar el abuso de jueces y de magistrados, y que los jueces y magistrados vendan al mejor postor las suspensiones irresolutas, prolongadas, antes de resolver el fondo del amparo. De eso se trata.
“Y a mí me causa tristeza que los propios senadores se auto aniquilen, que los propios legisladores nos amenacen con que van a acudir a la Corte para que declare inconstitucional la norma, en lugar de buscar cómo fortalecer nuestras facultades”, alegó Monreal.
La reforma aprobada anoche eliminó el artículo 129, cuyo contenido prevé: “se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión.
“El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.
Y agregó al artículo 148 la siguiente adición: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
