Agencias / Ciudad de México.- La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que prevé tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada en el País.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar admitió que es necesario tomar en cuenta los argumentos de quienes creen que la propuesta no diferencia entre empresarios que actúan de buena fe y aquellos que hacen de las facturas apócrifas una práctica constante.

El legislador del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) comentó que es obligación de los diputados buscar equilibrios antes de aprobar una ley.

Es necesario acabar con estas prácticas que tienen graves efectos en la hacienda pública, dijo, sin afectar los intereses de las empresas que realizan sus actividades en apego a la ley.

“Es un tema en el que les asiste la razón. Yo creo que tendremos que precisar muy bien cómo vamos a evitar que personas inocentes sean motivo de castigo por esta práctica.

“Yo creo que en los próximos días vamos a tener que ver bien los detalles, ver bien las propuestas, para evitar que paguen justos por pecadores”, expresó.

Ramírez Cuéllar dijo que las inquietudes de los empresarios y de los especialistas son atendibles, por eso, se comprometió a impulsar que la iniciativa que eventualmente enviará el Senado a la Cámara de Diputados sea analizada mediante parlamento abierto.

“Yo creo que son atendibles las observaciones que ellos están haciendo; sin embargo, también la convicción es contar con este instrumento”, insistió.

El morenista explicó que los efectos de la facturación falsa en México son incalculables, ya que se estima entre 500 mil millones y 2 billones de pesos.

Indicó que si bien se han detectado alrededor de 8 mil empresas, no son todas las que están participando en la comisión de este ilícito.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, coincidió en que el erario público pierde una gran cantidad de recursos por este tipo de prácticas.

Advirtió que es responsabilidad de los legisladores lograr una reforma equilibrada que sancione la facturación falsa, pero también salvaguarde a los empresarios que contribuyen en rubros como la generación de empleos.

“Por un lado debe asegurarse la máxima recaudación fiscal y, por otro lado, deben considerarse las mejores condiciones que reconozcan al contribuyente cumplido, y no sólo al cumplido, al que hizo pacto en todo momento en beneficio o por el bien del erario público”, reiteró.

El legislador consideró que sí hay casos en los que la defraudación fiscal debe ser sancionada como delincuencia organizada debido a su grado de colusión, pero que éstos deben quedar claros en la legislación.

Estos casos, señaló, deben ser aquellos en los que se coluden supuestos empresarios, autoridades, notarios e incluso impresores.

“Debe quedar muy claro, el supuesto clave es que la diferencia del crimen organizado con el criminal común es que el crimen organizado implica la asociación de varios actores delictivos con la participación de una autoridad o de alguien que desde el ejercicio de autoridad se presta o se colude para la realización del ilícito”, agregó.

Bravo afirmó que pugnará para que las modificaciones legales en materia de facturación falsa se lleven a cabo mediante parlamento abierto, en el que participen empresarios, especialistas y todo aquel interesado en el tema.

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