Agencias/Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, dedicadas a operar un esquema de fraude en la compraventa de tiempos compartidos, que ha beneficiado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con unos 300 millones de dólares en el periodo de 2019 a 2023.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló que el CJNG, designado como Organización Terrorista Extranjera, ha utilizado ese esquema de estafas y otros negocios ilícitos -como el robo de combustible- para diversificar sus ingresos en México.
Según el FBI, el CJNG estafó a unos 6 mil estadounidenses que arrojaron ganancias ilícitas de alrededor de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Paralelamente, el CJNG mantiene activo de tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos (EEUU).
Según la notificación emitida hoy, han sido aplicadas a Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, y Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”, considerados integrantes de alto rango del CJNG, dedicados al fraude de tiempo compartido en Jalisco y Nayarit.
“Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”, señaló la OFAC.
las sanciones ligadas a narcotráfico a tres líderes del CJNG, también incluyó al presunto empresario turístico (Michel Ibarra Díaz Jr) que controla la industria de los tiempos compartidos en Puerto Vallarta y la zona colindante de Nayarit, desde 2021.
Las empresas sancionadas son Akali Realtors; Centro Mediador De La Costa, SA de CV; Corporativo Integral De La Costa, SA de CV; Corporativo Costa Norte, SA de CV; y Sunmex Travel, S. de RL De CV.
Así como TTR Go, SA de CV; Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV; KVY Bucerias, SA de CV; y Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV; además de Fishing Are Us, S. De RL de CV; Santamaria Cruise, S. de RL de CV; Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV; y Consultorias Profesionales Almida, SA de CV.
Paralelamente, ordenó el congelamiento de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo hacer negocios con ellos.
Todas la empresas están dedicadas expresamente a ese segmento turístico.
Las autoridades describieron un esquema dirigido principalmente a adultos mayores estadounidenses, con llamadas y correos de supuestos corredores, abogados o representantes, solicitando pagos por “impuestos” y “comisiones” que nunca se devuelven.
En muchos casos, las víctimas han sido doblemente engañadas por falsos abogados o funcionarios que prometieron recuperar el dinero a cambio de más pagos.
“Bajo la dirección del Presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles de generar ingresos incluyendo intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante e fraude de tiempo compartido”, dijo Scott Bessent secretario del Tesoro de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro también sancionó a otras compañías que ubicó dentro del mismo emporio incluido la agencia de viajes TTR Go, las inmobiliarias KVY Bucerias, Inmobiliaria Integral Del Puerto y Servicios Inmobiliarios Ibadi y dos operadoras de tours en la zona Fishing Are Us y Santamaria Cruise.
Otras dos compañías sancionadas relacionados con la prestación de servicios para autos Laminado Profesional Automotriz Elte y firma de asesoría contable Consultorias Profesionales Almida todas en el área de Jalisco y Nayarit.
El Departamento del Tesoro indicó que participaron en la acción coordinada el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda de México, basado en la Orden Ejecutiva 13224 contra el terrorismo del año 2001.
Desde febrero, el CJNG es uno de los seis cárteles mexicanos que el Departamento de Estado de Estados Unidos U designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras, figura jurídica que ha permitido sancionar y presentar cargos contra de personas y entidades que presten ayuda material para sus supuestas actividades terrorista.
