Agencias/Ciudad de México.- Tres jueces han revocado el beneficio de libertad provisional a Roxana Ruiz, de 22 años, que mató a su presunto violador, en una vivienda del empobrecido municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex) en mayo de 2021.
El fallo del Tribunal con sede en Texcoco, Edomex, ha desatado una polémica entre los colectivos feministas en el Valle de México.
El colectivo de la Asamblea Vecinal ‘Nos Queremos Vivas Nezas’ (Nezahualcóyotl, Estado de México) asegura que la medida atenta contra los derechos de Roxana.
“Y el recurso de Apelación presentado por el tribunal de Texcoco no tiene ninguna justificación legal ni soporte ante los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos, al contrario, los está ignorando”.
También ha criticado con dureza la revocación de su libertad condicional y calificado de “respuesta omisa, negligente y violenta” la actuación de la justicia del Estado de México.
“Nos Queremos Vivas Neza” ha convocado una protesta en el juzgado donde se celebrará la audiencia del caso para aumentar la presión el próximo lunes 18 de abril.
En mayo de 2021, Roxana, originaria de la región mixteca de Oaxaca y madre de un niño de cuatro años, fue violada y amenazada de muerte en su propio domicilio. Al intentar defenderse, la joven asfixió a su agresor.
Tras ser acusada por “uso excesivo de legítima defensa”, Roxana pasó nueve meses recluida hasta que un magistrado le permitió salir en libertad provisional con cargos el pasado mes de febrero.
En un comunicado, el colectivo Nos Queremos Vivas Nezas denunció que los jueces han revocado ese beneficio a Ruiz con ‘la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa’.
El colectivo agregó que la medida no cuenta con “ninguna justificación legal” y “ningún soporte en los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos”.
“Mi delito fue defenderme”
En una carta, la propia Roxana relató a la Asamblea Vecinal ‘Nos Queremos Vivas Nezas’ (Nezahualcóyotl, Edomex) que la noche del 8 de mayo salió del trabajo y fue a tomar una cerveza con una compañera. Cuando se disponía a regresar a su casa, un muchacho que conocía de vista se ofreció a acompañarla.
El joven insistió en que le dejase quedarse a dormir porque vivía lejos y accedió.
“Sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal ves dirán, es su culpa ella lo dejó entrar”, escribió.
Le dejó una colchoneta en el suelo y se fue a dormir.
Después, sacó el cuerpo en una bolsa y en ese momento la policía la detuvo.
“Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas periciales en psicología, ni medicina; me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías. No tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme”, denunció.
“Mi delito fue defenderme del hombre que me violó”, lamentó.
Pasó nueve meses recluida en el penal Bordo de Xochiaca, en el Estado de México,.
El pasado 17 de febrero, un Juez otorgó la libertad privisional basado en los tratados internacionales suscritos por México.
Ruiz salió de la cárcel, una decisión celebrada por todo el movimiento feminista mexicano. Ella forma parte de las amargas estadísticas de violencia contra las mujeres en México.
Cifras oficiales registran un promedio de 11 feminicidios y 46 violaciones a mujeres diarias, con un nivel de 90% de impunidad en el País.
Ruiz es considerada por los colectivos feministas un símbolo de supervivencia.
La mujer, procedente de una comunidad mixteca de Oaxaca, emigró a los 15 años en busca de trabajo a Nezahualcóyotl, uno de los municipios más peligrosos para las mujeres en el cinturón de pobreza metropolitano del Valle de México.
Ruiz procreó un hijo, que ahora tiene cuatro años, pero se separó de su marido al poco tiempo. Consiguió un empleo como vendedora en un mercado de esa localidad.
Según datos recientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solo en el mes de enero se registraron 75 feminicidios en todo el país, 14 de los cuales ocurrieron en el Estado de México, que encabeza la lista a nivel nacional.
Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado año se cerró con más de 3.400 mujeres asesinadas, de las cuales más de 920 sufrieron un feminicidio.
