Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer ante la justicia a 3 ex funcionarios, debido al pago ilegal 400 millones de pesos de una supervisión y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en un caso más de la “Estafa Maestra”.
El periódico Reforma difundió en su edición impresa una nota firmada por Abel Barajas, en la que precisó que la Secretaría de Desarrollo Social, hoy de Bienestar, contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) y del que se acusa la inexistencia de comprobantes para acreditar los servicios, la subcontratación superior a la permitida por ley y un adeudo al proveedor, en principio no registrado.
De acuerdo con Reforma, la empresa que subcontrató la Universidad es Productos Serel, perteneciente a Grupo Cosmos, del empresario Jack Landsmanas, uno de los grandes proveedores de alimentos a nivel nacional
Los ex funcionarios a imputar son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y José Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
El Ministerio Público Federal pidió a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente una audiencia inicial para imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida, difundió Reforma.
El pasado 4 de octubre estaban llamados a comparecer por vez primera ante la juez federal Beatriz Moguel Ancheyta; sin embargo, debido a que estaban pendientes de resolver algunos amparos, la audiencia fue aplazada para los próximos días.
El delito que les imputan se sanciona con seis meses a doce años de prisión, 100 a 300 días de multa, y la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo o comisión públicos, por el periodo de la sanción penal.
EL CONTRATO
La investigación corresponde a una denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la FGR, en enero de 2018, y trata de un convenio suscrito cuando Rosario Robles era la titular de la Sedesol.
De acuerdo con informes judiciales, el convenio en cuestión fue firmado en abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo, control y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México.
Los trabajos incluían la entrega de informes del padrón de empadronamiento, uso de recursos y planes de mejora.
La contratación de los servicios de la Universidad se llevó a cabo a través de dos convenios específicos, el primero con vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015 y el otro del 6 de mayo al último día del mismo año, cada uno por 200 millones de pesos.
La institución educativa manifestó que contaba con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los convenios y que no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49 por ciento del importe total, límite que marca la norma.
Sin embargo, la UPCH subcontrató la totalidad de los trabajos con Productos Serel, perteneciente a Grupo Cosmos, de Jack Landsmanas.
Cuando la ASF revisó este asunto, detectó que la UPCH había subcontratado toda la proveeduría por un precio menor al recibido. Lo hizo a través de dos contratos con Productos Serel por 139 millones 200 mil pesos cada uno.
Es decir, que de los 400 millones de pesos recibidos, la Universidad sólo empleó 278 millones 400 mil pesos para cubrir la totalidad del contrato. Se desconoce el destino de los restantes 121 millones 600 mil pesos.
La ASF también comprobó que la UPCH sólo liquidó el primer contrato a Productos Serel por 139 millones 200 mil pesos, pero no le pagó 98 millones 800 mil pesos del segundo contrato específico.
“Se verificó que éste (el proveedor) realizó los trabajos encomendados por la UPCH, recibió el pago por 139,200.0 miles de pesos del entregable 1 realizado de cada uno de los Acuerdos Específico de Acompañamiento formalizados con la universidad y que no ha recibido el pago correspondiente a los entregables 2, 3 y 4 de los acuerdos referidos por 98,800.0 miles de pesos”, dice la ASF en su Informe de la Cuenta Pública.
El organismo fiscalizador también estableció que la Sedesol “no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha universidad”.
Cuando estos convenios fueron auditados, la Dirección General de Desarrollo Comunitario de la Sedesol desconoció la existencia de los mismos, debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción de José Israel Torres Gutiérrez, ex titular de esa dirección.
Sin embargo, los documentos fueron proporcionados a la ASF en la visita domiciliaria que hizo a la UPCH.
“La respuesta de la Sedesol respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, dijo la ASF.
Entramado
Algunos detalles del caso por el que la FGR busca imputar a tres ex funcionarios.
3 personas ligados a irregularidades en un pago millonario
2 contratos entre Sedesol y la UPCH con anomalías
$200 millones
pactados en cada contrato
Objetivo del contrato:
Supervisión, monitoreo, control y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México.
La ASF detectó que:
- UPCH subcontrató la totalidad de los trabajos, pese a declarar que no requeriría de terceros para su labor
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La Universidad pagó por la proveeduría un precio mucho menor al que recibió de Sedesol, en dos contratos
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Se desconoce el destino de 121 millones 600 mil pesos
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La UPCH sólo liquidó un primer contrato de los dos que pactó para llevar a cabo los servicios
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Sedesol no proporcionó evidencia que acreditara que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por la UPCH
Delitos:
Uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal y contratación indebida
Posibles sanciones:
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De seis meses a doce años de prisión
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De 100 a 300 días de multa
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Destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos (por el mismo periodo que la sanción penal)
