InsurgentePress, Oaxaca.- Para garantizar licitaciones transparentes, obras públicas de calidad y que sean realizadas por empresas oaxaqueñas, el candidato a diputado federal de la coalición Juntos haremos historia por el Distrito 8, Benjamín Robles Montoya propuso: Participación Social por Ley y Licitaciones Públicas en Línea.
“Todos los ciudadanos y ciudadanas estarán invitadas a las licitaciones, porque todas se efectuarán en línea, a la vista y en tiempo real para todo el público. El compromiso es muy claro: cada peso público podrá ser monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real. Se acabaron las asignaciones directas o el amiguismo. La publicidad de las licitaciones ya no será opcional o como una excepción, sino que será regla general y de validez para la misma. En esta materia, he leído con mucho interés las propuestas del Colegio Libre e Independiente de Oaxaca, sobre la necesidad de reformar la Ley General de Contratación de Obra Pública y la Obras Públicas en particular, para que los estándares de transparencia en el sector sean los más altos y además que se encuentren alienadas al Sistema Nacional Anticorrupción”, detalló Benjamín Robles.
El petista señaló que para asegurar la calidad de cada obra desde su proyección, es indispensable la participación social efectiva de cámaras, asociaciones y ciudadanía, para que la decisión de realizar una obra pública no dependa del ánimo o la voluntad de un gobernante, sino que su priorización y planeación desde las necesidades de la población sea una obligación de Ley.
“Una obligación, por cierto, con sanciones en caso de incumplirla, porque habitantes de colonias con serias necesidades en materia de obra pública y el sector de la construcción oaxaqueño, han sido los más afectados por el buen o mal humor del gobernante en turno”, agregó Robles Montoya.
Por estas razones se comprometió a impulsar lo que denominó Participación Social por Ley, que es la revisión y adecuación de los instrumentos normativos relativos a la planeación del Estado, las obras públicas y la infraestructura en general, para asegurar que arquitectos, ingenieros, urbanistas, directores responsables de obra, profesionistas y población con necesidad de obra pública sean escuchados por el Gobierno de manera permanente para la priorización y planeación de las obras públicas.
