Agencias/ Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos quiere poner fin parcialmente a un acuerdo de 27 años de antigüedad que proporciona supervisión judicial a la forma como el gobierno federal cuida a los niños migrantes bajo su custodia.
El gobierno de Estados Unidos tratará de poner fin parcialmente a la supervisión judicial de 27 años sobre cómo el gobierno federal cuida a los niños migrantes que viajan sin compañía de un adulto, poco después de elaborar su propio conjunto de medidas de protección contra el maltrato, de acuerdo con un abogado involucrado en el caso.
La petición presentada ante un juez federal se produce semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) publicara su propia norma sobre medidas de protección, la cual entrará en vigor el 1 de julio y, según el secretario Xavier Becerra, establecerá “normas claras para el cuidado y tratamiento de los niños (migrantes) no acompañados”.
En una moción presentada ante un tribunal federal de California, el gobierno argumenta que la supervisión judicial ha excedido su propósito y que una nueva normativa es una mejor solución para garantizar la seguridad de los menores.
Los defensores de los niños dicen que lo que se conoce como el acuerdo Flores ha sido fundamental para garantizar condiciones seguras para la niñez, especialmente por el aumento en las detenciones fronterizas ocurridas en los últimos dos años, que incluyeron a casi 300,000 menores no acompañados.
El Departamento de Justicia ha informado a los abogados que se oponen a la medida que pedirá a un juez federal el viernes que ponga fin al llamado Acuerdo Flores en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), que asume la custodia de los niños que viajaron sin compañía de un adulto en las 72 horas posteriores a su detención por la Patrulla Fronteriza, según Leecia Welch, directora adjunta de litigios en Children’s Rights, que representa a los niños en el caso.
El histórico acuerdo, nombrado por una niña migrante de El Salvador, Jenny Flores, seguirá en vigor en la Patrulla Fronteriza y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), creando lo que Welch llamó un desmantelamiento “por partes”. Los abogados de los niños que viajaron solos se opondrán a la medida, la cual estaría sujeta a la aprobación de la jueza federal de distrito, Dolly Gee, en Los Ángeles.
El Departamento de Justicia se negó a comentar. De momento, el HHS no tenía comentarios al respecto.
El Acuerdo Flores es una política fundamental, debido a que obliga a que los niños sean entregados rápidamente a familiares en Estados Unidos y establece estándares en los refugios autorizados, incluyendo para alimentos, agua potable, supervisión adulta, servicios médicos de emergencia, inodoros, lavamanos, control de temperatura y ventilación. Surgió de amplias denuncias de maltrato en la década de 1980.
La medida tiene el potencial de tensar aún más la ya complicada relación del presidente Joe Biden con los defensores de la inmigración, mientras el mandatario demócrata lidia con un aumento sin precedentes en los cruces fronterizos en un año electoral. Las detenciones en la frontera han superado los 2 millones en cada uno de los últimos dos años fiscales, incluyendo casi 300,000 niños no acompañados.
Biden ha optado por una aplicación más estricta de la ley mientras los republicanos critican su manejo de la frontera. Su gobierno planea otra norma destinada a negar más solicitudes de asilo durante las evaluaciones iniciales, un posible preludio de medidas más estrictas en la frontera.
La propuesta para deshacer parcialmente el Acuerdo Flores se produce menos de tres semanas después de que el HHS publicó una norma que establece salvaguardas para la custodia de niños. El secretario de Salud, Xavier Becerra, dijo que la norma, que entrará en vigor el 1 de julio del 2024, establecerá “estándares claros para el cuidado y tratamiento de los niños (migrantes) no acompañados”.
Welch dijo que poner fin a la supervisión especial puede impedir que los abogados de los niños inspeccionen los refugios del HHS y entrevisten a los niños que estén bajo el cuidado del departamento.
“La única razón por la que querrían hacer esto ahora es porque el programa Flores es una piedra en el zapato”, dijo Welch. “Podemos entrar en sus instalaciones siempre que queramos, podemos hablar con los jóvenes allí, y cuando no cumplen podemos presentar mociones para hacer cumplir la ley, y eso no les gusta”.
Mantener la supervisión judicial para el DHS dejaría partes críticas del Acuerdo Flores intactas, incluyendo un límite de 20 días para que la Patrulla Fronteriza retenga a los niños no acompañados y a los padres que viajan con un niño. Las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza han experimentado una sobrepoblación extrema tan recientemente como en 2021, y el gobierno federal ha resistido firmemente los llamados a detener a niños y familias más allá de 72 horas.
Cuando el Acuerdo Flores entró en vigor en 1997, el cuidado de los niños migrantes era competencia plena del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que se disolvió seis años después con la creación del DHS. Desde 2003, el HHS se ha hecho cargo del cuidado de los niños que viajaron sin compañía de un adulto dentro de las 72 horas posteriores a su detención. La división se convirtió en una pesadilla en 2018 cuando el gobierno del expresidente Donald Trump separó a miles de niños de sus padres en la frontera sur, y las computadoras de las dos agencias no estaban correctamente vinculadas para reunirlos rápidamente.
En 2014, el aumento de las llegadas de niños sin compañía de un adulto a la frontera provocó un mayor escrutinio del gobierno federal, y la elevada afluencia continúa hoy en día. Los arrestos de niños que viajan solos en la frontera mexicana superaron los 130.000 el año pasado. El HHS entrega a la mayoría de los niños no acompañados a familiares cercanos mientras los jueces de inmigración evalúan sus futuros.
En 2020, un tribunal federal de apelaciones concedió la solicitud del gobierno de Trump para poner fin al Acuerdo Flores para el HHS, pero bloqueó su intento de retirar la supervisión en el DHS. El cambio nunca entró en vigor.
“Durante un tiempo todo estuvo tranquilo y luego empezamos a escuchar rumores de que iban a seguir adelante con su propia normativa, que iba a ser mayor y mejor y compatible con Flores”, señaló Welch.
En octubre, el HHS publicó una propuesta que obtuvo más de 70.000 comentarios públicos. Dio a conocer una versión final el mes pasado.
El HHS dijo el mes pasado que la norma “implementa y va más allá” del Acuerdo Flores. Entre otras cosas, crea una oficina independiente de un defensor de derechos humanos, establece estándares mínimos en los albergues temporales desbordados y formaliza los avances en los protocolos de revisión para la entrega de niños a familias y patrocinadores y para los servicios jurídicos.
Welch dijo que la nueva norma tiene “muchos aspectos positivos”, pero no aborda los albergues sin licencia que son contratados por el HHS, que considera la pieza más importante del Acuerdo Flores. En 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, revocó las licencias estatales de las instalaciones que cuidan a los niños migrantes.
El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representaban los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por las denuncias generalizadas de malos tratos en la década de 1980.
La demanda original se presentó en nombre de cuatro adolescentes, entre ellos Jenny Lisette Flores, una salvadoreña de 15 años. En la demanda se detallaba cómo Flores y los demás demandantes fueron retenidos por el gobierno durante largos periodos, a menudo en instalaciones con adultos no emparentados, y no recibieron educación ni atención médica adecuada.
El acuerdo establece normas para la detención, el tratamiento y la liberación de menores. Ordena que los niños migrantes sean entregados sin demora necesaria a su familia, a un programa de bienestar infantil o a un adulto que solicite su custodia si no es posible la reunificación familiar. La gran mayoría de los niños liberados en estos casos son entregados a familiares cercanos mientras se dirimen sus procesos de inmigración.
Si la puesta en libertad no es posible por motivos de seguridad, el acuerdo establece que los menores deben ser alojados en el entorno menos restrictivo que resulte apropiado.
El acuerdo también establece normas sobre cómo los albergues autorizados deben proporcionar alimentos, agua, supervisión de adultos, servicios médicos de urgencia, retretes, lavabos, control de temperatura y ventilación.
Todo esto era originalmente responsabilidad del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Tras las reorganizaciones provocadas por los atentados del 11 de septiembre de 2001, el cuidado de los niños migrantes se dividió entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del HHS.
En términos generales, los niños son responsabilidad del DHS después de que son detenidos al cruzar la frontera. Los niños no acompañados son entregados al HHS en un plazo de 72 horas y pasan a ser responsabilidad de esa agencia. A menudo viven en instalaciones diseñadas específicamente para niños hasta que son entregados a un familiar o tutor, un proceso que puede durar días, meses o a veces años.
En virtud del acuerdo Flores, los abogados que representan a los niños migrantes pueden visitar esas instalaciones y documentar las condiciones. A lo largo de los años han denunciado problemas en repetidas ocasiones.
El gobierno pretende poner fin parcialmente a la supervisión judicial, en concreto para los menores no acompañados que están bajo custodia del HHS. El cambio no afectará el trato que reciben los niños de antemano por parte del DHS.
“La única razón que me viene a la mente de por qué querrían hacer esto ahora es porque la política Flores es una piedra en su zapato”, dijo Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, que representa a niños migrantes. “Podemos entrar en (sus) instalaciones cuando queramos, podemos hablar con los jóvenes allí, y cuando no cumplen, podemos presentar mociones para que cumplan, y eso no les gusta”.
El gobierno dice que la nueva norma, que entrará en vigor en julio, “aplica y va más allá” de las normas establecidas en el acuerdo Flores. Entre otras cosas, crea una oficina independiente de defensoría de los derechos humanos, establece normas mínimas en los albergues temporales de emergencia y formaliza avances en los protocolos de selección para la entrega de niños a familias y patrocinadores, y para los servicios jurídicos.
El acuerdo de 1997 no fue diseñado para estar vigente de manera indefinida, sino hasta la creación de una normativa gubernamental que cumpliera las normas Flores.
El juez que supervisa el acuerdo Flores tendría que aprobar la petición del gobierno.
Es previsible que los defensores de los niños migrantes se opongan a la medida del gobierno, lo que pondrá aún más tensas las relaciones del presidente Joe Biden con los partidarios de la inmigración durante un año electoral en el que se espera que el tema tenga mucha relevancia.
Jennifer Podkul, vicepresidenta de política y defensa de Kids In Need of Defense, dijo que el grupo reconoce los esfuerzos del gobierno por crear una norma similar al acuerdo Flores, pero le preocupa que elimine la supervisión por terceros de los centros que albergan a niños.
“Lo que espero es que haya un compromiso de transparencia, cada vez que un niño esté bajo custodia del gobierno, para garantizar que estos niños que ya han sufrido tantos traumas y tanto daño no se vean aún más perjudicados a manos del gobierno de Estados Unidos”, dijo Podkul.
Podkul señaló que algunos estados como Texas han dejado de otorgar licencias a esos centros, pero la nueva regla dice que el HHS puede seguir utilizando instalaciones en esos estados a pesar de todo.
Un tribunal de apelaciones había concedido previamente una solicitud del gobierno de Trump para poner fin a los requisitos del acuerdo Flores para el Departamento de Salud en 2020, aunque el cambio nunca entró en vigor. Un intento de levantar simultáneamente la supervisión en el DHS fue rechazado.
