Agencias/InsurgentePress/ Ciudad de México.- La bancada de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley de austeridad que tipifica como falta administrativa grave incumplir preceptos de recursos públicos y aplica a funcionarios del Gobierno Capitalino.
Además, canceló la entrega de bonos, pagos por productividad o cualquier otra remuneración adicional a las que corresponden por ley, y tener un sueldo superior a la que se fijó para el titular de la jefatura de Gobierno.
La iniciativa que presentó en el pleno la coordinadora del grupo parlamentario, Ernestina Godoy Ramos, señala que la norma será aplicable a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como a los órganos autónomos que deberán emitir las disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la norma.
“Esta iniciativa es un antídoto contra la adicción al dinero de la clase política; el servicio público no es para enriquecerse ni para lograr movilidad social, se trata de desterrar el pensamiento profundo de gobernantes y gobernados la máxima cultural del priismo, un político pobre es un pobre político, porque ahí radica el origen de buena parte de los males de esta nación”, señaló la legisladora al exponer la iniciativa.
Otras medidas que plantea son la eliminación de partidas destinadas a la contratación de seguros de gastos médicos privados y de separación individualizada en tanto que sólo los funcionarios de mandos superiores en cargos de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer de servicios de escolta con cargo al erario.
En la administración pública no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos y la contratación de personal por honorarios tendrá que estar plenamente justificada.
En el caso de las compras que realice la administración local, la Secretaría de Finanzas emitirá lineamientos para adquirir bienes y servicios de uso generalizado en forma consolidada a fin de obtener mejores condiciones en precio y calidad, que serán obligatorios para las unidades administrativas del gobierno central y podrán adherirse a dichos procesos de compra consolidada o proponerlos al ejecutivo, las alcaldías y los otros poderes.
