Agencias/Ciudad de México.- Amnistía Internacional exhortó al gobierno de México evitar criminalizar a los defensores de la tierra, territorio y medio ambiente para desincentivar las protestas y desarticular los movimientos sociales en el país.
Además, pidió a las autoridades no utilizar cuerpos de seguridad militarizados, entre ellos la Guardia Nacional, para custodiar protestas.
Amnistía Internacional, llamó al Gobierno de México a emprender una reforma a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza para adecuar a estándares internacionales.
En su más reciente informe ‘México: Tierra y ¿Libertad?’ Amnistía Internacional señaló que el derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para exigir respeto a la naturaleza bajo un constante asedio, hostil y de criminalización de parte del gobierno de México.
🔴 #EnVivo Lanzamiento del nuevo informe de la sección mexicana de Amnistía Internacional, México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente 🇲🇽 #ProtestarNoEsUnCrimen✊🏽 https://t.co/45hgGxnLZY
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 13, 2023
Los activistas llevan a cabo acciones de defensa a la autodeterminación, consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas, al medio ambiente sano y la participación en proyectos con posible afectación al entorno de la tierra, entre otros.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades mexicanas utilizaron en cuatro casos el sistema penal contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos.
Y, hasta el momento, añadió, siguen vigentes los procesos judiciales.
Uno de ellos, señaló, es el caso de la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Ahí, agregó, un grupo diverso de personas se unieron en una protesta contra la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida que causaría daños ambientales a esa región de Los Altos de Chiapas.
El otro caso, indicó, ha sido ubicado en Zacatepec, Morelos, región en la que comunicadores y defensores nahuas protestaron contra la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, desatando una contaminación.
El tercero es en Chilón, en la región norte de Chiapas. Ahí un grupo de defensores tseltales, han sido criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
El cuarto caso, precisó Amnistía Internacional, engloba al Pueblo Indígena maya de Sitilpech, que mantiene una férrea lucha contra la construcción de una mega granja porcícola en su territorio que ha causado contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud en esa región de Yucatán.
“En todas estas protestas, el Estado mexicano ha respondido con la criminalización de manifestantes, iniciando procesos penales a nivel estatal en contra de personas defensoras que protestaban de forma pacífica”, denunció Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional advirtió que las autoridades mexicanas han emprendido acciones hostiles y judiciales contra los actividades defensores del medio ambiente.
Los activistas, dijo, llevan a cabo sus tareas en un contexto hostil, con la constante estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.
El organismo internacional de derechos humanos llamó al gobierno de México a frenar el uso del sistema penal para castigar las protestas y garantizar un entorno adecuado para aquellos que legítimamente defienden los derechos humanos
En relación específica a la criminalización de la protesta, específico Amnistía Internacional, es necesario una revisión de los tipos penales utilizados en los casos documentados y adecuar a estándares internacionales para evitar que sean aplicados por consigna contra los activistas de derechos humanos.
Amnistía Internacional pidió al gobierno de México revisar las medidas cautelares que aplicaron los jueces que han interferido y amedrentado las labores de defensa de derechos humanos.
Además, exhortó a las autoridades de impartición de justicia brindar capacitaciones a las Fiscalías para identificar oportunamente denuncias infundadas o criminalizantes y actúen en consecuencia.
