Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Juez Lisa Walsh de la Corte Civil en Miami fijó al ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereyra una multa de 2 mil 488 millones de dólares, debido al esquema de corrupción y operaciones fraudulentas que dañaron las finanzas del gobierno de México.
El 21 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México interpuso una demanda ante la Corte Civil en Miami, contra García Luna quien a través de un esquema ilegal realizó contratos de la entonces Secretaría de Seguridad Púlica (SSP) cuyo dinero blanqueo en propiedades y movimientos financieros en Florida, Estados Unidos.
Walsh a cargo del caso en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade concluyó que García Luna y su esposa participaron en un mecanismo ilegal de contratación gubernamental en México.
De acuerdo con la UIF, García Luna y su esposa transfieron los recursos desviados a cuentas en Estados Unidos, particularmente en el condado de Miami-Dade, con el objetivo de ocultar su origen ilícito cometido en México.
la UIF, acusó a García Luna y Pereyra de enriquecimiento a través de mecanismos corruptos durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, durante la administración del exPresidente Felipe Calderón en México (2006-2012).
La sentencia de la Juez Walsh tendrá un efecto civil sin caer en el tipo penal, dado que el gobierno de México ha exigido la restitución de los fondos públicos desviados, de acuerdo con la legislación vigente en Florida.
Paralelamente, García Luna enfrenta un proceso penal por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos.
El fallo de la Corte de de Miami ejercerá una mayor presión financiera y judicial al proceso de García Luna y a familia radicada en Estados Unidos.
El gobierno de México a través de la UIF a echado mano de la cooperación binacional para recuperar parte de los activos desviados mediante el embargo de propiedades o cuentas en el extranjero que utilizó García Luna para ocultar los fondos obtenidos mediante corrupción.
La resolución de la Juez Walsh contra García Luna y Pereyra representa uno de los fallos económicos más contundentes contra un exfuncionario mexicano en el extranjero.
Walsh fijó a García Luna una multa de 748 millones de dólares y a su esposa Pereyra, de 1 mil 740 millones que deberá retribuir al Gobierno mexicano.
El Gobierno de México alista esquemas para repatriar esos fondos y sentar un precedente legal que podría utilizar contra otros ex funcionarios y personas ligadas al blanqueo de dinero y corrupción en el extranjero.
el 19 de diciembre de 2024, las autoridades de Estados Unidos reportaron a través de la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) que habían trasladado a García Luna ex secretario de Seguridad Pública de México a una cárcel federal del estado de Virginia.
El 16 de octubre de 2024, una Corte federal sentenció a García Luna a más de 38 años de prisión, cinco de libertad condicional y una multa de 2 millones de dólares por narcotráfico.
De acuerdo con información del BOP el exfuncionario mexicano con número de registro 59745-177 permanece bajo custodia en el penal de Lee USP.
García Luna ha sido enviado a una prisión federal de alta seguridad para reclusos varones en Virginia, de acuerdo con información del BOP.
La ficha del BOP especificó que exfuncionario mexicano permanecerá tras las rejas, acusado, entre otros delitos, de conspirar para traficar narcóticos a Estados Unidos y recibir sobornos millonarios de parte del Cártel de Sinaloa, hasta el 8 de agosto del año 2052.
La nueva prisión de García Luna en Virginia, tiene una población de mil 422 reclusos y se encuentra ubicada en el condado de Sotavento, con visitas temporalmente suspendidas.
El traslado de García Luna ocurrió una semana después de haber sido enviado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, al Centro Federal de Transferencia en Oklahoma.
El 30 de octubre de 2024, la parte defensora de García Luna exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio del expresidente Calderón (2006-2012), dio a conocer que apeló su sentencia de poco más de 38 años de prisión en Estados Unidos, país en el que se encuentra detenido desde 2019.
De acuerdo con medios locales, el amparo será tramitado ante el Segundo Circuito de la Corte de Apelación estadounidense.
De cumplirse los requisitos necesarios, el caso será admitido y analizado por el Tribunal de Apelación de la nación norteamericana.
El 16 de octubre de 2024, García Luna fue condenado a más de 38 años de prisión por varios cargos penales, entre los que destacan su cooperación con el Cártel de Sinaloa para traficar droga a suelo estadounidense, esto mientras formaba parte del gabinete de Calderón.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la ayuda de García Luna al grupo criminal permitió el ingreso de, al menos, 53 toneladas de cocaína al país norteamericano.
Con esta condena, García Luna se convirtió en el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser procesado por las autoridades de EEUU. El juez Brian Cogan fue el encargado de dictar sentencia.
Este Juez también llevó el caso del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a quien sentenció a cadena perpetua en 2019.
Gracias a este juicio que se inició la investigación contra García Luna, ya que durante el proceso testificó Jesús ‘El Rey’ Zambada —hermano de Ismael Mayo Zambada.
El exsecretario de Seguridad mexicano fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019.
Después de cumplir su sentencia, y a la espera de alguna modificación por la apelación que interpusieron sus abogados, el exfuncionario tendrá derecho a cinco años de libertad condicional.
Delitos penales contra García Luna:
- 1.Participar en una empresa criminal continua.
2.Conspiración para la distribución internacional de cocaína.
3.Conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.
4.Conspiración para importar cocaína.
5.Hacer declaraciones falsas.
Principales acusaciones en materia civil:
- Contratos manipulados: García Luna habría adjudicado contratos de manera irregular para beneficiar a determinadas empresas.
Transferencias internacionales: Los fondos obtenidos presuntamente fueron enviados a Estados Unidos para encubrir su origen.
Lavado de dinero: Parte de los recursos habrían sido canalizados a través de empresas fachada y cuentas bancarias personales en Florida.
Uso indebido de recursos públicos: La UIF documentó cómo el dinero público terminó siendo parte del patrimonio de García Luna y su familia.
Según los registros judiciales del condado de Miami-Dade, se acreditó que el esquema funcionó durante varios años y permitió el desvío de miles de millones de pesos, que al ser convertidos a dólares y transferidos, sumaron más de 2,488 millones.
