Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Juan Fernando Luévano Ovalle Juez Décimo Segundo de Distrito negó al ex gobernador priista César Duarte dos amparos, para revertir el proceso derivado de un millonario desvío de recursos y otro a través del que pretendía salir del Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en Chihuahua, en el que permanece desde el pasado 2 de junio.
Luévano Ovalle consideró que el Juez de Control del fuero común Humberto Chávez cumplió con todos los requisitos de legalidad al vincular a proceso a Duarte, debido a que existen elementos suficientes para mantener el procedimiento penal.
El pasado 8 de junio, el Juez Chávez dicto prisión preventiva justificada contra Duarte ex gobernador de Chihuahua.
Paralelamente, el Juez federal Luévano Ovalle consideró que la medida cautelar está legalmente fundamentada, con los datos que aportó la Fiscalía General de Chihuahua.
“No queda duda”, dijo, de que existe un riesgo de fuga de Duarte en caso de llevar su proceso en libertad.
“En efecto, el juez responsable analizó que no existían datos suficientes para verificar el arraigo personal del aquí quejoso, como lo expuso la representante social.
“Asimismo, también hizo alusión al elemento del máximo de la pena que se pudiera imponer al imputado y descartó tomar en consideración el hecho de que exista riesgo para el testigo.
“En ese sentido, contrario a lo que sostiene el accionante del amparo, la medida de prisión preventiva justificada sí es idónea y proporcional para asegurar su presencia en el proceso”, indicó.
La parte defensora de Duarte prevé impugnar la negativa de los dos amparos ante un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Chihuahua.
La Fiscalía General de Chihuahua acusó a Duarte de transferir 96.6 millones de pesos del erario a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado y una Financiera de la división del Norte SOFOM -siendo accionista mayoritario- entre junio de 2011 y noviembre de 2014.
Parte de las transferencias las realizaron desde la “cuenta deudora” para gastos de emergencia de la administración estatal, siendo Duarte gobernador de Chihuahua, situación que permitió liberar el dinero de forma rápida y sin justificación.
“Según varios testigos, los pagos eran hechos con base en contratos ficticios que eran ejecutados por instrucciones de Duarte, tanto de manera personal, como por medio de otros, como Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, hijo de su amigo de la infancia”, señaló la FGE.
El 8 de julio de 2020, agentes del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) capturaron a Duarte en Miami, Florida.
Las autoridades enviaron al ex gobernador priista de Chihuahua a una prisión de ese condado. Desde ahí enfrentó el juicio extradición a México.
El 8 de noviembre de 2021, La Juez Lauren Fleischer Louis, emitió un fallo a favor de solicitud de extradición que presentó México basado en el Tratado en la materia con Estados Unidos.
El dictamen de Fleischer Louis dejó en manos del Departamento de Estado la decisión final de extraditar a Duarte.
El pasado 2 de junio, el gobierno de Estados Unidos entregó en extradición a autoridades mexicanas al exgobernador César Duarte, acusado de corrupción, para que sea puesto a disposición de la justicia.
El 12 de septiembre de 2017, el Gobierno de Chihuahua entregó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR- hoy Fiscalía) los expedientes en los que solicitó la aprehensión con fines de extradición de Duarte, acompañados de 10 órdenes de aprehensión.
La Fiscalía de Chihuahua señaló que Duarte creó una red de corrupción, planeación, organización y operación para el desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos del erario estatal durante 2010-2016.
