Agencias / Ciudad de México.- El exdirectivo de Odebrecht Luis Alberto de Meneses Weyll declaró que la empresa brasileña inyectó 500,000 dólares a la campaña de Javier Duarte de Ochoa para convertirse en gobernador de Veracruz en el 2010.
El vínculo entre Duarte y Meneses Weyll se dio por intermediación del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, de acuerdo con una acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Lozoya.
“La compañía Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno para la adjudicación de contratos, aportó a la campaña de Duarte de Ochoa la cantidad de 500 mil dólares”, declaró Meneses.
Javier Duarte de Ochoa viajó a Sao Paulo, Brasil, para reunirse con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa brasileña señalada de repartir sobornos en Latinoamérica para recibir beneficios a cambio.
Más tarde Duarte presentó el proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, una presa sobre el río Los Pescados que sería cedida a Odebrecht como pago por haberlo apoyado en su campaña. Para la obra se creó una sociedad pública privada en la que Odebrecht pondría el 72% de la inversión de 7,500 millones de pesos y la administración de Duarte pondría el 28% restante.
La obra iba a afectar a 21 comunidades aledañas y levantó la oposición de los lugareños quienes interrumpieron los trabajos y hasta la fecha mantienen un puesto de guardia, pese a que la actual administración de Cuitláhuac García ha dicho que no continuará con el proyecto.
Las reuniones Duarte y Odebrecht
En agosto de 2011, Duarte de Ochoa viajó a Sao Paulo para reunirse con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa brasileña; encuentro que se replicó un par de meses después, ahora en Veracruz.
Un par de años más tarde, el gobernador Duarte de Ochoa presentó el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, mediante el cual quiso ceder los derechos del Río La Antigua a Odebrecht.
De acuerdo con la fiscalía estatal, esta obra sería uno de los pagos de Duarte de Ochoa a la empresa brasileña por haberlo apoyado financieramente en su campaña a gobernador, aunque al final no se concretó por la oposición de los habitantes que se sintieron afectados por la construcción de una presa.
Para este proyecto se creó una sociedad pública-privada, cuya inversión sería de 7 mil 500 millones de pesos, de los cuales 72 por ciento aportaría la empresa brasileña y el resto, correspondiente a 355 millones de pesos, el gobierno de Duarte.
Para concretar este proyecto, Odebrecht obtuvo dos permisos en octubre de 2013 para generar electricidad por parte de la Comisión Reguladora de Energía.
La intención era que la empresa brasileña construyera una presa y una hidroeléctrica para abastecer, sin necesitarlo, agua y electricidad a la capital del estado.
Todo esto, a costa de más de 21 comunidades aledañas que dependen del agua del río: la mayoría vive del ecoturismo, el resto son campesinos y pescadores.
A Duarte de Ochoa no le importó que el río La Antigua cuenta, desde 1935, con una veda emitida por el presidente Lázaro Cárdenas para no ser alterado.
El proyecto detalla la construcción de una cortina de 100 metros de altura y 700 metros de longitud que almacenaría 135 millones de metros cúbicos de agua, los cuales serían bombeados y conducidos en un acueducto de 42 kilómetros a Xalapa.
La intención era que la sociedad gobierno de Veracruz-Odebrecht operara los sistemas relacionados con la presa durante 25 años.
Pero este proyecto no se pudo concretar porque habitantes de al menos una decena de municipios aledaños al río La Antigua se opusieron a esta construcción desde que comenzaron a percatarse del ingreso de maquinaria en 2010.
En octubre de 2013, el rechazo a este proyecto escaló: en una reunión realizada en el municipio de Jalcomulco, a casi una hora de distancia de Xalapa, la autoridad estatal le confirmó a los pobladores la intención de llevar a cabo dicha obra.
Unos meses después, los comuneros, ahora ya constituidos como los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, decidieron que se plantarían de forma permanente a pie de la carretera, a la orilla del río, a la altura de la población conocida como Tamarindos.
Más de seis años después, el campamento se mantiene. Por la contingencia sanitaria los habitantes han tenido que regresar casa, pero aseguraron a MILENIO que mantendrán sus barricadas.
De acuerdo con los pobladores, el actual gobierno de Cuitláhuac García les ha dicho que no dará ningún permiso para llevar a cabo el proyecto, pero le han solicitado una reunión y no la ha aceptado por eso no bajan la guardia.
“Jamás dejaremos que construyan esa presa”, exclamaron.
