Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 diciembre 2016.-El instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) del estado desechó una demanda por presuntos actos anticipados de campaña del secretario de Socialdel CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Roberto Albores Gleason.

El presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que la denuncia de los hechos son “imprecisos” y no se especifican “con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que participan cada uno de los denunciados respecto a las conductas denunciadas”.

Albores Gleason es desde hace más de cinco años el presidente del Comité Directivo Estatal en Chiapas del PRI; forma parte de la dirigencia nacional del mismo partido e hijo de Roberto Albores Guillén, ex gobernador de Chiapas.

En plena defensa del senador Albores Gleason, el presidente del órgano electoral de la entidad pidió al demandante ratificar la denuncia contra Albores Gleason y funcionarios públicos, el lunes 5 de diciembre a las 17:00 horas, pero lo hizo a través de un acuerdo suscritho el 1 de diciembre, pero exhibido en estrado hasta el 2 de diciembre.

El organismo reveló la identidad de la denunciante, quien se había mantenido en el anonimato. La denunciante asegura que el 28 de noviembre denunció al senador Roberto Albores Gleason, al jefe de la unidad jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Dante López Amador, Felipe García Ortiz, “El señor de los caballos”, aspirante a la alcaldía de La Trinitaria, por el PRI y otros servidores públicos, por actos anticipados de campaña.

Además, al utilizar recursos públicos federales “con impacto en el estado de Chiapas”, se vulnera el principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los precandidatos o candidatas durante el próximo proceso electoral a iniciarse en el mes de octubre del 2018”.

La entrega de paquetes del Pimaf, en un evento público en la cabecera municipal de La Trinitaria, el pasado 3 de julio, son “actos anticipados de proselitismo, así como el uso indebido de recursos públicos” y por lo tanto “no limita la facultad de la autoridad administrativa electoral para analizar, determinar y, en su cas, sancionar tales actos.

Abogados de CCVM que pidieron no ser identificados, aseguraron que la demanda debió haber sido seguida por oficio por el IEPC, porque al desecharla, lo único que hace es “abonar a la impunidad” y se viole le legislación electoral. (IP).

 

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