Por Eros Ortega Ramos/Ciudad de México.- A cinco días de haber iniciado las campañas los rounds de sombra siguen siendo los mismos; un candidato violento, pendenciero, creando escenarios que le favorezcan, aunque no sean reales. El senador con licencia José Luis Pech, excolaborador cercano de Roberto Borge Angulo, quien por cierto se encuentra hoy en prisión, ahora quiere hacer campaña convirtiéndose en afectado, perseguido, inculpado de manera indirecta por la vinculación a proceso que un juez federal giró contra su hijo, José Luis Pech, por una presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos en la vergonzosa “Estafa Maestra”.
Que pierda preocupación, los números de simpatía electoral no le favorecen, está en tercer sitio y no crece: José Luis Pech (MC) cuenta con 10%; Laura Fernández (PAN-PRD-CQ) con 18% y Mara Lezama con 42%, según una encuesta de “El Universal”; Leslie Hendricks del PRI con 8% y Nirvardo Mena de MAS con 4%.
Si el exsenador -hoy candidato Pech- quiere atraer la atención, en cierta medida lo logra, pero no le suma puntos. La Estafa Maestra es algo real, debidamente documentada y las órdenes de jueces federales se acatan sin excepción alguna. Es –acaso- necesario recordarle su pasado priista de 1978 hasta 2012, su pasado como secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo de 1991 a 1992; o con el gobernador Joaquín Hendricks cuando fue secretario técnico del Gabinete en 2000-2001; secretario de Hacienda de 2002 a 2004; secretario de Educación y Cultura en 2005, y de 2005 a 2011 Rector de la Universidad de Quintana Roo. Finalmente, candidato a gobernador por Morena en 2016, quedando en tercer lugar.
El diario “Reforma” detalla que el expediente acusa a José Luis Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR) y a José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
De acuerdo con la investigación, de los 20 millones pagados por la SEDATU a la UPQR, se usaron 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa “Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular”, en la que a José Luis Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.
Con ese dinero, la compañía representada por el entonces rector adquirió tres camionetas Mazda CX3 y una Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.
Los hechos que les imputan están relacionados con un convenio del 29 de septiembre de 2015 para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la SEDATU y sus órganos desconcentrados.
El problema no es nuevo ni reciente, las cosas reviven cuando es el momento inoportuno, pero querer culpar a terceros, ya sean al actual gobernador o la candidata que lleva las preferencias electorales y que, como se puede observar, es la favorita para ganar las próximas elecciones, es una estrategia desesperada que evidencia el mayor temor de la oposición, o sea; el de la inminente derrota.
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