Sin casos oficiales, las familias no pueden contratar abogados para investigar
Agencias/Ciudad de México.- Después de cruzar Venezuela durante 10 horas en camión para buscar a su marido desaparecido, Carolina Carrizo improvisó una cama con sofás y muebles abandonados para dormir afuera de Zona 7, un centro de detención en Caracas.
Hace dos meses, relata, alrededor de 30 policías uniformados, bajo la excusa de buscar armas, irrumpieron violentamente en su casa, ubicada al oeste de Venezuela, y se llevaron a su esposo Omar Torres de 53 años, quien es activista político.
Las autoridades no han reconocido el arresto y ella dice que hasta el momento no ha sabido nada de su marido.
Aunque no está segura de sí su esposo se encuentre allí, ella ha dormido fuera de la Zona 7 desde su llegada a Caracas hace dos semanas, reseñó The New York Times.
Después de la captura del Presidente de Venezuela Nicolas Maduro por parte de la administración del mandatario Donald Trump, el gobierno interino que asumió el control ha llamado la atención de medios internacionales tras liberar a docenas de presos políticos de las cárceles del país.
El proceso de liberación ha vuelto a poner el dedo en un conocido fenómeno en Venezuela: personas que fueron arrestadas, principalmente por razones políticas, y luego desaparecieron sin que hasta la fecha se conozca oficialmente su paradero.
Las palabras de elogio del Presidente Trump hacia Delcy Rodriguez, gobernante interina, a quien la reconoce por su actitud de cooperación, ha encendido la llama de la esperanza entre las familias que esperan la liberación de seres queridos arrestados durante regímenes anteriores sin dejar rastro.
“Estamos todos aquí afuera de la prisión por Trump, por lo que hizo,” dijo la señora Carrizo. “Ahora solo quiero a mi esposo de vuelta.”
Desde hace dos semanas, madres, esposas, novias y demás familiares de todo Venezuela han dormido en la calle justo afuera de la Zona 7, sus tiendas de campaña permanecen vigiladas constantemente por policías antimotines, que portan escudos y bastones antidisturbios.
Aunque la policía asegura que la cárcel está vacía, los familiares mencionan que han escuchado gritos provenientes del interior de la prisión, de acuerdo a los testimonios que difundieron en The New York Times los periodistas Camille Rodríguez y Frances Robles.
“Siento que Trump es el que los va a sacar,” dijo Betsy Orellana, quien cuenta la historia de su hijo, Rodolfo José Rodríguez Orellano, un expolicía sentenciado a 24 años de prisión por participar en un complot para derrocar al gobierno ‘Chavista’ (en alusión el extinto Presidente Hugo Chávez). Ella no sabe nada de su hijo desde un traslado a prisión registrado en el mes de agosto.
Aún se desconoce el paradero de al menos 66 presos en Venezuela, de acuerdo con Foro Penal, una agrupación de defensoría de Derechos Humanos que se encarga de rastrear detenciones con motivaciones políticas.
De esa cifra al menos 30, como es el caso del hijo de la señora Orellana, fueron arrestados durante un intento fallido de invasión conocida como Operación Gideon en 2020, una misión cuyo objetivo era derrocar a Maduro.
La operación fue ideada por un ex boina verde norteamericano que culmino en la muerte de ocho insurrectos y los 30 detenidos de los que aún no se sabe nada desde su traslado en agosto. El gobierno venezolano no respondió a la solicitud hecha por el New York Times sobre el tema.
La desaparición forzada ha sido una práctica común en las dictaduras que han gobernado diversas naciones, sobre todo en Latinoamérica. Es el método para acallar a críticos, adversarios y detractores del status quo del régimen. Los desaparecen sin importar su ocupación, edad o nacionalidad. Ese añejo método es considerado una violación al derecho internacional y un crimen de lesa humanidad. En Venezuela existen múltiples denuncias sobre personas desaparecidas de manera forzada desde hace varios años.
La legislación de Venezuela prevé que los detenidos deben ser presentados ante un juzgado después de 48 horas, sin embargo, según activistas de derechos humanos, esa norma constantemente se omite.
En la mayoría de los casos de detenidos por causas políticas, los familiares ni siquiera saben dónde están recluidos.
El gobierno venezolana realizó una jornada de represión llamada “Operación Knock Knock” para eliminar la disidencia después de las elecciones presidenciales de julio del 2024. Esa contienda, de acuerdo a los opositores, Nicolás Maduro perdió en las urnas, situación que nunca reconoció.
Posteriormente ordenó el arresto de 800 personas consideradas presos políticos que aún siguen bajo custodia de las autoridades después de la liberación de 154 hace unos días, de acuerdo con Foro Penal.
Para los activistas defensores de derechos humanos, la desaparición de reos es considerado un tema grave, debido a que los detenidos están fuera de la protección de la ley. Es difícil para las familias contratar defensoría legal para casos que oficialmente no existen, dejando a los afectados particularmente vulnerables.
En un reporte de 2025, Amnistía Internacional señaló que ha visto un incremente significativo en desapariciones forzadas en Venezuela después de las elecciones del 2024. Había gente que desaparecía por horas, días, semanas o meses, según la organización.
Clara del Campo, responsable de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que las familias literalmente tienen que ir a tocar las puertas de las prisiones a preguntar por sus seres queridos para saber si están ahí, pero los custodios aseguran siempre que: “no hay nadie con ese nombre aquí.”
“Habla del ingenio de los gobiernos represivos mediante el cual encuentran nuevas formas de aplicar crueldad y castigar a aquellos que consideran disidentes reales o percibidos”, añadió.
En Caracas, la capital de Venezuela, Víctor Borges, de 39 años y activista político, ha estado desaparecido desde el 25 de noviembre, según relatan sus familiares.
“Es como si la tierra se lo hubiera tragado”, dijo su expareja, Yesley Bello, de 26 años.
Testigos dijeron a Bello que vehículos que portaban la insignia de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela llegaron al lugar de trabajo de Borges, una escuela privada de élite, donde él cuidaba animales en el zoológico de la escuela, y lo secuestraron.
Su familiares tienen memorizados los nombres de las agencias de gobierno, prisiones, hospitales, estaciones de policía y morgues a donde han ido a preguntar por él. Siempre obtienen la misma respuesta: nadie con ese nombre estuvo aquí.
Bello ha comenzado a considerar la posibilidad de que él tal vez nunca regrese a casas con ella y con sus cinco hijos. “Les contaré sobre el gran padre que tuvieron”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas.
La tragedia de Bello es similar a la de Marilis Rodríguez, de 58 años que viajó 320 kilometros desde la ciudad de Acarigua buscando a su hijo, Carlos José Rodríguez Rodríguez hasta Caracas.
Narro que la policía se llevó a Rodríguez, de 29 años, de su casa, después de acusarlo de vender dólares ilegalmente en el mercado negro, el pasado 23 de septiembre.
“A mi hijo lo sacaron de su casa para una investigación”, recordó Rodríguez. “Iban a interrogarlo sobre algo, y van a ser cuatro meses desde la última vez que supimos de él”.
Relató que su hijo, un vendedor de productos importados, no era políticamente activo. Según cuenta que en una prisión en Caracas le dijeron que había sido liberado, solo para que un día después se enterara que no era verdad.
Justo después de ser detenido nació el primer hijo de Rodríguez, un varón, quien hasta el momento no ha podido conocer a su padre. La familia dijo que había intentado encontrarlo en al menos cinco prisiones de Caracas y también preguntó por él en cada estación de policía en Acarigua.
“Hemos puesto el pueblo de Acarigua patas arriba”, dijo Adriana Graterol, una prima.
Un periplo parecido enfrenta, Leomaris Prado que viajó ocho horas en autobús desde el estado Guárico hasta El Helicoide, una prisión con reputación de ser un centro de tortura en Caracas, para buscar a su padre.
Leonardo Prado, un mecánico, que ha estado desaparecido desde el 28 de diciembre. Ella dijo que fue detenido en un punto de control y se lo llevaron.
Su padre tampoco era un activista político, aseguró Prado, pero recientemente había tenido una disputa con vecinos ruidosos que resultaron ser oficiales de policía, y su familia ahora se pregunta si eso desencadenó su detención.
“Estoy aquí porque quiero pruebas de que mi padre está vivo”, imploró Prado. “Quiero que me digan dónde está. Quiero que me digan por qué se lo llevaron. Quiero que me muestren la evidencia”.
La palabra “desaparecido” se volvió común en en Argentina en la década de 1970, en ese periodo la dictadura militar secuestró y torturó a más de 30.000 disidentes políticos, y en cientos de casos, arrojó a personas desde aviones al mar, en los ahora conocidos como vuelos de la muerte.
Durante años, el término de “desaparecido’ ha sido considerado en gran medida sinónimo de “muy probablemente muerto”.
En años recientes, la práctica se volvió común en países como Venezuela y Nicaragua. en este segunda región las personas desaparecidas están vivas, pero encarceladas, sin registros que lo documenten.
En Nicaragua, varias docenas de personas detenidas y reportadas como desaparecidas han sido liberadas recientemente, pero aún se desconoce el paradero de nueve más, según un grupo de monitoreo de prisioneros.
Martina Rápido, una investigadora de Human Rights Watch, dijo que la desaparición forzada es “siempre una estrategia para quebrar no solo a la persona que es detenida, sino también a su familia, a veces en represalia por la oposición política”.
Rápido dijo que las desapariciones generalmente encajan en uno de dos patrones. A menudo son detenciones de corto plazo que duran unos pocos días. Pero otras involucran a activistas de alto perfil que permanecen incomunicados por un largo periodo de tiempo.
Texto-NYT-Traducción Emiliano Pensamiento Monterrosa
