Por Erick Olivera Méndez/Ciudad de México.- La contratación pública es un proceso de gran importancia para el funcionamiento del Estado, pero como en cualquier sistema administrativo enfrenta desafíos que ponen a prueba las mejores prácticas y pueden llegar a comprometer su eficacia y transparencia.
La dimensión penal en la contratación pública en México juega un papel crucial en la prevención, detección y sanción de malas prácticas, a través del establecimiento de normas claras y sanciones adecuadas.
La norma penal tiene objetivos muy concretos que impactan directamente en el descargo de responsabilidad en los servidores públicos, para garantizar imparcialidad en las licitaciones del gobierno y darle legitimidad a las decisiones de Estado.
En primer lugar, busca disuadir a los actores involucrados de cometer actos de corrupción y fraude, y aplicar sanciones penales más severas que las administrativas. Esto envía un mensaje claro de que la corrupción en la contratación pública no será tolerada y que los infractores enfrentarán consecuencias legales graves.
Por otro lado la dimensión penal en en proceso de licitación en México promueve la transparencia al establecer normas claras y sanciones para prevenir la ocultación de información relevante y la manipulación de los procesos de contratación. Esto contribuye a crear un entorno equitativo y competitivo, donde todas las partes tendrán igualdad de oportunidades y se favorecerá la selección de la oferta más ventajosa para el Estado.
La dimensión penal fomenta la rendición de cuentas y la responsabilidad, y mediante la identificación, investigación y sanción adecuada de los responsables de delitos en este ámbito, se busca restaurar la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, sin importar su posición o poder.
La implementación efectiva de la dimensión penal en la contratación pública en México está respaldada por una legislación sólida y actualizada que aborda de manera integral los delitos relacionados con las licitaciones del gobierno.
Pero es importante destacar que es fundamental fortalecer el sistema de justicia para garantizar investigaciones y juicios justos y oportunos. Esto implica contar con jueces y fiscales capacitados en materia de contratación pública, así como asignar los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y asegurar la imparcialidad en los procesos judiciales.
Además debe promoverse la cooperación y colaboración entre las instituciones responsables de la contratación pública y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El intercambio efectivo de información y evidencia contribuirá a investigaciones y enjuiciamientos exitosos en caso de ser necesario.
La dimensión penal en la contratación pública en México desempeña un papel crucial para garantizar procesos transparentes y prevenir y sancionar los actos de corrupción y fraude, promover la equidad y asegurar que los responsables de potenciales delitos sean llevados ante la justicia. Para su implementación efectiva se requiere, además de un marco legal sólido, un sistema de justicia reforzado. Es por ello que es fundamental abordar los desafíos y la consideración del contexto específico mexicano para garantizar una contratación pública efectiva y confiable.
