Agencias/Ciudad de México.- La Secretaría de Relciones Exteriores (SRE) emprenderá nuevas acciones legales ante el fallo desfavorable de un Juez de Estados Unidos sobre su demanda por 15.000 millones de dólares contra fabricantes de armas que facilitaron el tráfico ilegal pistolas, rifles y pertrechos a cárteles del narcotráfico en México.
“México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en una nota publicada en su cuenta de la red social X.
The Government of Mexico takes note of Wednesday’s decision by a Federal Judge in Boston, regarding Mexico’s lawsuit against gun manufacturing and distribution companies. Mexico will assess further steps as part of its broader legal strategy.
Importantly, Mexico’s lawsuit in…
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 8, 2024
El Juez de distrito de Boston, Massachusetts (noreste), Dennis Saylor IV, desestimó las querellas alegando problemas jurisdiccionales contra seis de las ocho empresas que México había demandado en 2021.
En 2021, el gobierno de México demandó ante los tribunales estadounidenses a las empresas fabricantes de armas Sturm, Ruger RGR y Glock.
“Al tratarse de una estrategia de litigio amplia, se analizarán los siguientes pasos a seguir”, indica la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena.
El magistrado calificó la conexión de las empresas con Massachusetts como “mínima en el mejor de los casos”.
En marzo de 2023, México apeló una sentencia anterior de una corte de Boston, en un primer fallo que desestimó la demanda presentada hace tres años contra fabricantes de armas, que considera a las armerías responsables en parte por la violencia del crimen organizado trasnacional.
En aquella ocasión apeló al fallo del tribunal emitido a principios de octubre de 2022, según el cual “desafortunadamente para el Gobierno de México, todos sus reclamos legales están prohibidos por ley federal o fracasan por otras razones”.
El texto de la cancillería, publicado horas después del fallo emitido este mismo 7 de agosto, considera importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas: Smith & Wesson, y la compañía Interstate Arms.
“Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas. Las acciones contra estas seis empresas continúan”, aclara el anuncio oficial mexicano.
Las seis empresas desvinculadas por el fallo del juez son: Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt”s Manufacturing, Glock & Strum, y Ruger.
Saylor IV considera que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no había demostrado que cualquier arma de fuego vendida específicamente en Massachusetts le había causado ningún daño.
Pero el Gobierno mexicano asegura que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en ese estado acabaran siendo traficadas ilegalmente a territorio nacional.
En marzo de 2023, México logró respaldo en su apelación en la que insistió que “la ley de EEUU que otorga inmunidades a quienes manufacturan y comercian armas no abarca los daños causados en territorio mexicano”.
Presentó en esa ocasión nueve escritos bajo la figura de Amigos de la Corte en favor de su demanda, firmados por parte un amplio espectro de actores mundiales.
México estima que hay en su territorio 13 millones de armas sin registrar, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EEUU, suficientes para que una de cada 10 personas esté armada en una población de casi 130 millones de habitantes.
Entre los nueve escritos de apoyo que han sido desestimados están las “fuerzas del orden estadounidenses, entre los que se encuentran un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, y jefes de policía de ese país”.
La lista incluía a procuradores de 17 estados de la federación estadounidense que también cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas.
Además, 24 fiscales de distrito de EEUU, incluyendo el fronterizo Arizona, señalan que las armas traficadas “facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, causando daños a sus comunidades”.
Al menos inco países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago), así como una coalición de organizaciones en favor del desarme, apoyaban la demanda.
En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluyendo hasta 597,000 armas producidas por los acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
En 2019, según estimaciones de la SRE, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
