Agencias/Ciudad de México.- Los gobiernos del continente americano implementan políticas “deficientes” que llevan a los migrantes a cruzar la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos ante crisis como las de Venezuela y Haití, denunció la oenegé Human Rights Watch (HRW) en un informe.
“Los esfuerzos por regularizar la migración en la región a menudo han sido insuficientes debido a una combinación de plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos onerosos en cuanto a documentación y retrasos administrativos”, indica el reporte.
HRW analizó las políticas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú e identificó desafíos para generar “oportunidades reales de integración socioeconómica” para los migrantes.
Esa situación, según el informe, ha impulsado a miles de personas a atravesar esa peligrosa jungla de 575,000 hectáreas entre Panamá y Colombia para huir a Estados Unidos.
HRW criticó el convenio alcanzado entre Washington y Panamá para expulsar vía aérea, con financiamiento estadounidense, a los migrantes llegados por ese corredor: “Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región”.
La ONG recordó que los migrantes que cruzan el Darién están expuestos a vulneraciones como robos, extorsiones y violencia sexual.
“La mayoría de los abusos ocurren en el lado panameño de la frontera”, aseguró a la prensa la directora ejecutiva de HRW, Tirana Hassan, de visita en Colombia para reunirse con el gobierno y visitar el Darién.
Según el informe, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha atendido a 1,500 personas que reportaron violencia sexual en esa zona entre 2021 y 2024. “Es una cifra sorprendente”, agregó Hassan.
La abogada y activista aseguró haber escuchado en terreno “historias de mujeres y niñas, a partir de 15 años, que llevaban sus propios anticonceptivos de emergencia” ante la alta “probabilidad de ser violadas durante el trayecto”.
Human Rights Watch received credible reports of 24 killings in the context of post-electoral demonstrations in Venezuela.
Urgent steps are needed to ensure that people are able to peacefully protest and that their vote is respected. https://t.co/Nl9EYjccKR pic.twitter.com/bmPMu3cHTd
— Human Rights Watch (@hrw) September 7, 2024
En esa zona fronteriza, Hassan constató la “presencia del Clan del Golfo”, la mayor banda narcotraficante de Colombia. Al intentar consultar a los migrantes sobre sus condiciones humanitarias y de seguridad, “callaban, susurraban y estaban visiblemente asustados”.
El Clan del Golfo ha sido señalado en diversos informes de organismos internacionales como el principal actor involucrado en el tráfico de migrantes en esa región, pese a que sus líderes lo niegan.
Según cifras recabadas por HRW, en el último año y medio más de 700,000 personas han cruzado el Darién huyendo de la violencia, la persecución y las crisis humanitarias. De ellos, 477,000 son venezolanos, 60,000 ecuatorianos y 41,000 haitianos.
“Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias”, según Hassan.
Desde el 28 de julio, Venezuela está inmersa en una crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro entre denuncias de fraude de la oposición, con protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y 2,400 detenidos. Su rival Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria, tuvo que exiliarse en España.
HRW destacó un sondeo de la firma Megaanálisis en el que un 43% de los encuestados estaba considerando abandonar Venezuela tras los comicios.
Ante la prensa, Hassan hizo un llamado a países “aliados” de Venezuela y a otros gobiernos del mundo a que “alienten y presionen al gobierno venezolano a que reconozca los resultados de la elección”.
Haití también vive una debacle política y de derechos humanos luego de que en febrero varias de las pandillas que controlan la capital se aliaran para derribar al controvertido primer ministro Ariel Henry.
La violencia de esas bandas, acusadas de asesinatos, violaciones y secuestros, deja casi 600,000 desplazados internos entre enero y junio de 2024 y llevó a 5.5 millones de personas, casi la mitad de la población, a sufrir necesidades humanitarias, según HRW.
What’s the latest on protests in Venezuela, and where are refugees being denied their right to seek asylum?
Get up to speed in our weekly update ⤵️ pic.twitter.com/QrbK7HgSMy
— Human Rights Watch (@hrw) September 6, 2024
La oenegé exigió a los gobiernos de América “implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable”.
Organizaciones de la sociedad civil documentaron varios incidentes de ataques, amenazas e intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas y jueces entre enero y octubre de 2022.
En enero, pandillas asesinaron a dos periodistas que investigaban el homicidio de un inspector de policía. Un tercer periodista sobrevivió al ataque, pero huyó de Haití tras recibir amenazas de muerte. En febrero, un periodista murió a causa de disparos mientras cubría una manifestación. En septiembre, dos periodistas fueron asesinados por pandillas mientras reportaban sobre la violencia de estos grupos. No ha habido avances en las investigaciones de estos asesinatos ni en los de otros dos periodistas en junio de 2021.
La RNDDH informó que una personalidad política influyente y otras personas, incluyendo el líder de una pandilla, mantuvieron reuniones en marzo para planificar el asesinato de su director. La organización informó que el plan fue revelado por una persona que estuvo presente en una de las reuniones.
En 2019, Charlot Jeudy, presidente de la organización Kouraj, que promueve los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), fue hallado muerto en su vivienda. No se han informado avances en la investigación de este hecho.
Entre enero y septiembre de 2022, varios países de la región enviaron a más de 21,000 personas de regreso a Haití por vía aérea o marítima, en comparación con 10.152 personas durante el mismo período de 2021, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De las personas repatriadas en 2022, el 69 % fueron retornadas por Estados Unidos, que utilizó de manera indebida una política de salud conocida como Título 42. Entre las personas recientemente retornadas se encuentran más de 4,000 niños y niñas, cientos de los cuales nacieron de padres haitianos en Chile y Brasil.
La República Dominicana expulsó a casi 59,000 personas a Haití por vía terrestre entre febrero y octubre de 2022, incluidas personas nacidas en la República Dominicana, pero consideradas haitianas por las autoridades dominicanas, según indica el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR).
La Guardia Costera de EE. UU. interceptó a 7,137 haitianos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022; de lejos, la cifra más alta en cinco años.
La mayoría de las personas retornadas por Estados Unidos se habían establecido en América del Sur años atrás, luego de escapar de la situación económica y de seguridad de por sí difícil en Haití. Algunas sufrieron discriminación y violencia en su trayecto hacia el norte, además de falta de acceso a atención de la salud y alimentos y productos de higiene adecuados en centros de detención estadounidenses. Algunas de las personas retornadas señalaron que deseaban solicitar asilo en Estados Unidos, pero que no tuvieron oportunidad de hacerlo.
Hasta octubre, no se había implementado ningún programa de reintegración para ayudar a las personas retornadas en Haití ni mecanismos de supervisión de derechos humanos a fin de determinar si alguna de ellas fue perseguida o sufrió algún otro tipo de daño tras su retorno.
