Agencias/Ciudad de México.- En los últimos días, miles de israelíes han salido a las calles para exigir un nuevo acuerdo para la liberación de rehenes y protestar contra las medidas políticas del gobierno de extrema derecha religioso del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Decenas de miles de israelíes se han sumado a protestas antigubernamentales en los últimos días. Un expresidente del Tribunal Supremo ha advertido sobre la posibilidad de una guerra civil. Y los expertos dicen que podría avecinarse una crisis constitucional si el gobierno israelí sigue adelante con sus planes para destituir a altos funcionarios jurídicos y de seguridad.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció la semana pasada que despidió a Ronen Bar, el jefe del servicio de seguridad interior Shin Bet, bajo el argumento de que había una crisis de confianza desatada por los fracasos para prevenir los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El gobierno de Netanyahu también ha iniciado un proceso para destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, acusándola de obstruir su agenda.
Estas medidas se producen mientras el Shin Bet está investigando una posible infiltración de la oficina de Netanyahu por parte de un país árabe, y en un momento en que el mandatario está siendo juzgado por corrupción.
Todo ello está preparando el terreno para un enfrentamiento entre Netanyahu y el poder judicial que está profundizando las divisiones en Israel y podría desencadenar inestabilidad en un momento en que el país está abrumado por la guerra.
El gobierno de Netanyahu lanzó una reforma radical del poder judicial en 2023, un proceso que desató protestas masivas.
Los críticos dijeron que la reforma socavaría el delicado sistema de controles y equilibrios del país al otorgarle demasiado poder a Netanyahu. Él y su coalición gobernante argumentaron que el poder judicial se había vuelto excesivamente intervencionista y estaba bloqueando su agenda legislativa.
Los opositores también criticaron a Netanyahu por promover los cambios mientras estaba siendo juzgado por corrupción. Dicen que un poder judicial fuerte e independiente es una salvaguarda necesaria contra gobiernos autoritarios.
Los ataques de Hamás del 7 de octubre, que desataron la guerra en Gaza, obligaron a pausar la reforma, pero a la vez generaron nuevas divisiones en el país sobre quién debía asumir la culpa por no prevenir el día más mortífero en la historia de Israel.
Netanyahu ha evitado aceptar la responsabilidad, y en lugar de ello ha intentado señalar a los jefes del ejército y del Shin Bet. Desde hace tiempo ha culpado al “Estado profundo” de querer derrocar a su gobierno.
En un anuncio sorpresa la semana pasada, Netanyahu indicó que despedía a Bar. Esto provocó protestas masivas de críticos, los cuales señalaron que la medida socavaría las instituciones gubernamentales independientes de Israel y era un castigo por la investigación del Shin Bet a la oficina de Netanyahu, o pretendía descarrilarla por completo.
El paso ayudó a que el político de extrema derecha Itamar Ben-Gvir regresara al gobierno de Netanyahu, fortaleciendo al mandatario israelí antes de una votación clave sobre el presupuesto. Ben-Gvir había renunciado semanas antes en protesta por un alto el fuego temporal, y regresó al cargo horas después de la reanudación de la guerra en Gaza.
El propio Bar indicó que había planeado dejar su puesto a su debido tiempo, incluso después de concluir las delicadas investigaciones sobre si Qatar —que tiene estrechos vínculos con Hamás— había contratado a asesores de Netanyahu para lanzar una campaña de influencia en Israel. Netanyahu ha planteado, con poca evidencia que lo sustente, que la investigación fue resultado de una colusión entre Bar y la fiscal general para obstaculizar el despido del jefe de seguridad interna.
El gobierno de Netanyahu votó para destituir a la fiscal general, lo cual dio inicio a un proceso que podría llevarse semanas.
En un país que no tiene una Constitución oficial y sólo cuenta con una cámara parlamentaria controlada por la coalición de Netanyahu, durante mucho tiempo el Tribunal Supremo de Israel ha sido un contrapeso importante frente a las decisiones del gobierno.
La decisión de destituir a Bar ya ha sido impugnada en el tribunal, el cual emitió una orden judicial que congeló la medida hasta nuevas audiencias. En las próximas semanas se prevé que el tribunal decida si la destitución fue legal y si hubo un conflicto de interés a la luz de la investigación de Qatar.
En lo que respecta a la fiscal general, el gobierno aprobó una decisión en gran medida simbólica en la que pide su destitución. Una comisión, que se prevé esté compuesta por aliados de Netanyahu, escuchará las posiciones del gobierno y de Baharav-Miara antes de emitir una recomendación. Sólo entonces el gobierno de Netanyahu tomará su decisión final con respecto a su destino.
Si la comisión sigue adelante con su destitución, probablemente enfrentará una impugnación en el Tribunal Supremo. Una vez más, se prevé que decida si Netanyahu tiene un conflicto de interés porque está despidiendo a la funcionaria que encabeza la fiscalía pública que lo está juzgando por corrupción.
No está claro si el gobierno aceptaría una decisión que no le guste.
“El escenario peligroso es si no aceptan el fallo”, apuntó Amir Fuchs, investigador sénior del Instituto de Democracia de Israel, un centro de investigación en Jerusalén. Eso provocaría una crisis sobre qué autoridad debe seguirse: la del tribunal o la del gobierno, y podría desembocar en un caos, advirtió.
Esos temores han crecido desde que se iniciaron las destituciones. En una serie de entrevistas con medios de comunicación el fin de semana, Aharon Barak, de 88 años —la mente jurídica más destacada de Israel— expresó su preocupación de que se desate una posible guerra civil. También se sumó a casi 20 exjueces del Tribunal Supremo en una carta publicada en la que advierten que despedir a la fiscal general amenaza el Estado de derecho.
El líder opositor Yair Lapid pidió una sublevación fiscal si el gobierno desobedece el fallo. El líder del principal sindicato del país señaló que ignorar un fallo judicial era una línea roja, y dejó entrever que podría lanzar huelgas generales en respuesta.
Las advertencias han sido inquietantemente similares a 2023, cuando se anunció la reforma jurídica. Decenas de miles de personas salieron a las calles en protestas constantes.
Se convocó a huelgas generales, y los reservistas amenazaron con no presentarse al servicio militar si la reforma seguía adelante. El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los judíos a los 18 años, pero el ejército depende en gran medida de las unidades de reserva de mayor edad, especialmente durante tiempos de guerra. Algunos analistas consideraron que tal conflicto interno era un factor que influyó en que Hamás decidiera atacar cuando lo hizo. Esa agitación podría ser sólo un precursor.
“Desobedecer a los tribunales es un acto ilegal”, escribió el comentarista Nadav Eyal en el diario Yediot Ahronot. El resultado podría ser “desobediencia civil generalizada, de un tipo que el gobierno será incapaz de sobrevivir”.
Desde hace semanas, Netanyahu maniobra entre las amenazas de la extrema derecha de derrocar su gobierno, su propia supervivencia política y las demandas de muchos israelíes que exigen priorizar el regreso de los rehenes por encima de la derrota total de Hamás, algo que el primer ministro ha prometido.
Muchos israelíes creen que la destitución de Bar está relacionada con la investigación del Shin Bet sobre las fallas en la seguridad antes y durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Estas investigaciones apuntan al fracaso de las políticas de Netanyahu para contener a Hamás, considerado una organización terrorista por Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.
En febrero, el Shin Bet también abrió una investigación sobre los presuntos vínculos entre asesores cercanos del primer ministro y Qatar, un importante financiador de Hamás en los últimos años. Sin embargo, una orden de censura impide la publicación de detalles sobre la investigación.
La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, se ha opuesto al plan de Netanyahu de despedir a Bar, argumentando que no puede proceder sin una base “factual y legal”. En respuesta, Netanyahu la acusó de abuso de autoridad, y funcionarios israelíes han señalado que podría ser destituida próximamente.
Bar, al igual que otros altos funcionarios de seguridad israelíes, asumió la responsabilidad por el fracaso del Shin Bet en prevenir los ataques del 7 de octubre y anunció que dimitiría antes del fin de su mandato. Sin embargo, aunque la mayoría de los israelíes quieren que renuncie, les incomodan las razones detrás de su despido.
“El problema es el momento, que huele a política”, escribió el 19 de marzo Yoav Limor, periodista del diario conservador Israel Hayom. “En una extraña coincidencia, Itamar Ben-Gvir regresó al gobierno justo después de que se reanudaron los combates y poco después de la destitución (aún no completada) del director del Shin Bet, Ronen Bar, algo que Ben-Gvir había exigido”.
Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, renunció en enero en protesta por la tregua y el acuerdo de rehenes con Hamás. Su regreso al gobierno se produjo horas después de que Israel reanudara los ataques aéreos en Gaza.
Otro socio clave de la coalición de Netanyahu, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, también sigue en el gobierno. Smotrich había amenazado repetidamente con abandonar el gabinete si Israel avanzaba a la segunda fase del acuerdo de tregua.
Dicha segunda fase incluía la liberación gradual de los 59 rehenes restantes, el retiro total del ejército israelí de Gaza y el fin permanente de la guerra. Las encuestas de opinión en Israel han mostrado un amplio apoyo a esta segunda fase.
El respaldo de estos dos socios ultraderechistas ha fortalecido la mayoría de Netanyahu en la Knéset (el Parlamento israelí) antes de una votación clave sobre el presupuesto estatal. Si el presupuesto no se aprueba antes del 31 de marzo, el Parlamento se disolverá, lo que desencadenaría nuevas elecciones.
Netanyahu ha rechazado las acusaciones de maniobras políticas y ha culpado a Hamás y su negativa a liberar más rehenes por el colapso del alto al fuego.
Los críticos sostienen que las recientes acciones de Netanyahu forman parte de una estrategia para evitar asumir su responsabilidad en la falta de prevención de los ataques del 7 de octubre. Hasta ahora, Netanyahu ha rechazado todos los intentos de establecer una comisión estatal de investigación, argumentando que esto debe hacerse después de la guerra.
La reanudación de la ofensiva y la estrategia de máxima presión contra Hamás también han desmoralizado a muchas familias de rehenes. Algunos familiares acudieron a la Knéset, temiendo que el destino de sus seres queridos ya estuviera sellado.
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que representa a muchas de las familias, acusó al gobierno de haber abandonado a los 59 rehenes que quedan en Gaza, al menos 24 de los cuales se cree que aún están vivos.
Algunos exrehenes también han criticado la nueva ofensiva. Uno de ellos, Iair Horn, habló en una manifestación en Tel Aviv. Horn fue liberado a mediados de febrero, pero su hermano Eitan sigue en cautiverio.
“Todos los videos de propaganda de Hamás que han visto de mí y de Eitan, de Matan Angrest, de Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David, eran pruebas de vida, y espero que no se conviertan en sus últimos videos debido al regreso de los combates”, dijo Horn a la multitud.
Muchos de los rehenes liberados durante la primera fase de la tregua han relatado cómo sus condiciones empeoraban en respuesta directa a las acciones del gobierno israelí. Han contado que fueron golpeados, privados de comida o sometidos a abusos psicológicos por parte de sus captores de Hamás.
