Agencias/Ciudad de México.- La extorsión creció más de 50% en los últimos seis años en México, de acuerdo con cifras oficiales. Se trata de uno de los delitos considerados como de “alto impacto” que no solo no se pudieron contener en la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que aumentaron significativamente.
Tan solo el pasado, las fiscalías locales del país abrieron 10.337 averiguaciones previas por este delito del fuero común, 3.616 más que las averiguaciones abiertas en el 2018; es decir, un aumento de 53% en seis años, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La extorsión se ha convertido en el principal delito del país. De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (Envipe) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), difundidos en septiembre pasado, la extorsión fue el tercer delito con mayor incidencia a nivel nacional.
Conforme a la Envipe, el delito más frecuente en México en 2023 fue fraude, con una tasa de 6.962 por cada 100.000 habitantes. Siguieron robo o asalto en calle o transporte público, con 6.526, y extorsión, con 5.213.
De acuerdo con los datos, la tasa de extorsión subió en 2024, al pasar de 5.056 casos por cada 100.000 habitantes en 2022 a 5.213 casos en 2023.
La extorsión fue el principal delito que afectó a la ciudadanía en seis estados: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas Guerrero y Chiapas, mientras que el fraude fue el principal delito en 19 entidades y el robo en calle o en transporte público fue en seis estados.
A principios de noviembre, un empresario restaurantero mexicano, Jorge Peraza Bernal, fue asesinado en el estado de Sinaloa (norte) en un aparente caso relacionado con la extorsión y cobro de piso.
Peraza Bernal era dueño del restaurante Chuparrosa Enamorada, un conocido establecimiento en las afueras de la ciudad de Culiacán que fue incendiado una semana antes del asesinato del empresario.
De acuerdo con reportes de la prensa local, Peraza Bernal había sido víctima de presiones de grupos delincuenciales con extorsiones y cobro de piso, situación que presuntamente habría sido el motivo por el que hace seis días incendiaron su establecimiento.
El crimen cimbró al estado que está en el centro de una batalla entre dos facciones del cártel de Sinaloa que ha dejado más de 250 muertos en dos meses de enfrentamientos y ejecuciones masivas.
Recientemente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una estrategia integral para combatir el delito de extorsión en la capital.
Brugada señaló que una parte de la estrategia es la promoción de reformas legislativas para modificar el código penal y que deje de ser un delito que solo atañe al patrimonio para contemplar también el daño que causa en la dignidad, en la integridad física o psicológica de las personas.
“Se busca sancionar no solo el propio delito de ejercer violencia física o moral, sino la amenaza también”, dijo Brugada.
El objetivo, según ella, es aumentar la pena de este delito y también que el delito pueda perseguirse de oficio.
Otro aspecto tiene que ver con fortalecer la coordinación operativa de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía con acciones focalizadas y buscar la judicialización de casos y también se creará la Fiscalía Especializada para el combate al delito de extorsión.
