Agencia/InsurgentePress – Ciudad de México – Con el voto del PRI y el PAN, el Senado aprobó en comisiones la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contiene los planteamientos de la llamada iniciativa ciudadana 3 de 3.
Los senadores perredistas votaron en contra por considerar que se aparta de las propuestas de la ley 3 de 3, al eliminar la obligación de los servidores públicos y sus familias de publicitar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
En realidad, comentó el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el dictamen aprobado se refiere a una ley “dos que tres”.
A nombre del PRD el senador Zoé Robledo insistió en que el dictamen rompe con el espíritu de esa iniciativa que signaron 634 mil ciudadanos, de permitir que la opinión pública pudiera conocer y en general las fortunas de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como de legisladores, dirigentes sindicales y miembros del poder judicial.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Anticorrupción defendió el dictamen y anunció además que PRI y PVEM presentaron un adendum, en el que incorporaron las demandas del representante legal de los impulsores de la ley 3 de 3.
Detalló que en ese adendum, que hoy no se votó ya que la discusión sólo fue en lo particular, están contenidas las inquietudes de los ciudadanos.
Robledo, en cambió insistió y lo hicieron también los panistas, en que el artículo 29 propuesto en ese adendum, en realidad permite la opacidad a los servidores públicos
El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que: “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
La propuesta del PRI eliminó la obligación del servidor público, el monto de ingresos mensuales por el cargo público que representa, declarar si percibe otros ingresos y si el monto de éstos es mayor al de lo que percibe como servidor público.
También la obligación de hacer públicos el listado de vehículos y de inversiones y cuentas bancarias que posee el funcionario.
Plantean asimismo eliminar de la obligación de inscribir en la Plataforma Digital Nacional los datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los dependientes económicos.
Los senadores del PAN que integran las comisiones dictaminadoras votaron a favor del dictamen en lo general, pero advirtieron que se reservaron ese artículo 29.
La discusión en lo particular se decidió llevar al pleno a fin de poder aprobar hoy esa ley, la más controvertida de las siete que conforman la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción.
En la madrugada de hoy se aprobaron otras dos leyes, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Con información de La Jornada.