Agencias/Ciudad de México.- Pakistán planea expulsar a tres millones de afganos del país este año, después de que el plazo para que abandonen voluntariamente la capital y las áreas circundantes. Es la última fase de una campaña nacional iniciada en octubre de 2023 para expulsar a extranjeros que viven ilegalmente en Pakistán, en su mayoría afganos. La campaña ha sido criticada por grupos de derechos humanos, el gobierno talibán y la ONU.
Las detenciones y deportaciones debían comenzar el 1 de abril, pero se pospusieron hasta el 10 de abril debido a las celebraciones de Eid al-Fitr que marcan el final del Ramadán, según documentos gubernamentales vistos por The Associated Press.
Alrededor de 845,000 afganos han abandonado Pakistán en los últimos 18 meses, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.
Pakistán dice que permanecen tres millones de afganos. De estos, 1,344,584 tienen tarjetas de Prueba de Registro, mientras que 807,402 tienen Tarjetas de Ciudadano Afgano. Hay un millón más de afganos que están en el país ilegalmente porque no tienen documentación para vivir allí.
Pakistán ha dicho que se asegurará de que los afganos no regresen una vez deportados.
Las autoridades querían que los titulares de Tarjetas de Ciudadano Afgano abandonaran la capital, Islamabad, y la ciudad de Rawalpindi antes del 31 de marzo y regresaran a Afganistán voluntariamente o serían deportados.
Aquellos con Prueba de Registro pueden permanecer en Pakistán hasta el 30 de junio, mientras que los afganos destinados a reasentarse en un tercer país también deben abandonar Islamabad y Rawalpindi antes del 31 de marzo.
Las autoridades han dicho que trabajarán con misiones diplomáticas extranjeras para reasentar a los afganos.. De lo contrario, también serán deportados de Pakistán.
Decenas de miles de afganos huyeron de su país tras la toma de poder del Talibán en 2021. Fueron autorizados a reasentarse en Estados Unidos a través de un programa que ayuda a personas en riesgo debido a su trabajo con el gobierno estadounidense, medios de comunicación, agencias de ayuda y grupos de derechos humanos.
Sin embargo, el presidente Donald Trump congeló los programas de refugiados de Estados Unidos en enero y 20,000 afganos están ahora en el limbo.
“Ningún funcionario afgano formará parte de ningún comité o proceso formal de toma de decisiones”, decía uno de los documentos sobre los planes de expulsión.
Un portavoz del Ministerio afgano de Refugiados, Abdul Mutalib Haqqani, dijo a The Associated Press que Pakistán estaba tomando decisiones de forma arbitra, sin involucrar a la agencia de refugiados de la ONU ni al gobierno talibán.
“Hemos compartido nuestros problemas con ellos, afirmando que expulsar unilateralmente a los refugiados no está ni en su interés ni en el nuestro”, dijo Haqqani. “No está en su interés porque expulsarlos de esta manera genera odio contra Pakistán”.
“Para nosotros, es natural que gestionar el regreso de tantos afganos sea un desafío. Hemos solicitado que sean deportados a través de un mecanismo y entendimiento mutuo para que puedan regresar con dignidad”.
Se establecerán dos estaciones de tránsito en la provincia noroeste de Khyber Pakhtunkhwa para ayudar con las deportaciones. Una estará en Nasir Bagh, un área en los suburbios de Peshawar. La segunda estará en la ciudad fronteriza de Landi Kotal, a unos siete kilómetros del cruce de Torkham.
No está claro qué sucederá con los niños nacidos en Pakistán de padres afganos, parejas afganas con diferentes tipos de documentos y familias donde un padre es ciudadano paquistaní y el otro es afgano. Pero los funcionarios indicaron a la AP que habría personal de servicios sociales disponible para ayudar en tales casos.
Omaid Khan, de 30 años, tiene una Tarjeta de Ciudadano Afgano, mientras que su esposa tiene Prueba de Registro. Según la política del gobierno paquistaní, él tiene que irse, pero su esposa puede quedarse hasta el 30 de junio. Sus dos hijos no tienen documentos, incluidos pasaportes o tarjetas de identidad de ninguno de los dos países.
“Soy de la provincia de Paktia, pero nunca he estado allí y no estoy seguro de mi futuro”, dijo.
Nazir Ahmed nació en la ciudad suroeste paquistaní de Quetta y nunca ha estado en Afganistán. Su única conexión con el país fue a través de su padre, quien murió en Quetta hace cuatro años.
“¿Cómo podemos ir allí?”, dijo Ahmed, que tiene 21 años. “Pocas personas nos conocen. Todos nuestros parientes viven en Quetta. ¿Qué haremos si vamos allí? Hacemos un llamado al gobierno paquistaní para que nos dé algo de tiempo para que podamos ir y averiguar, al menos conseguir algún empleo”.
En cuestión de horas, Abdul tomó la decisión de abandonar Pakistán, el país donde había pasado sus 23 años. Él y su familia, que incluye un bebé, empacaron apresuradamente lo que pudieron durante la noche y partieron hacia la frontera con Afganistán a la mañana siguiente. Era justo un día antes de la fecha límite del 1 de noviembre fijada por el gobierno de Pakistán para que más de un millón de extranjeros sin documentación regresaran a sus países. Una vez vencido el plazo, se aplicarían medidas de control de migración.
Refugiados como Abdul estaban oficialmente exentos del plan de repatriación del gobierno, anunciado el 3 de octubre, pero ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y otras agencias de la ONU, han recibido informes de que personas registradas como refugiadas y otros afganos con documentos legales también se enfrentan a presiones de las autoridades policiales para que abandonen Pakistán.
Abdul había escuchado informes similares de líderes comunitarios afganos en Karachi. “Era mejor irnos que ser capturados y detenidos por la policía”, afirma. “En 24 horas, nuestras vidas cambiaron”.
En total, más de 350,000 personas han regresado a Afganistán desde el anuncio, y el número que llega a las fronteras exhausto y en necesidad de asistencia de emergencia sigue creciendo.
Pakistán acoge a 1.3 millones de personas refugiadas afganas registradas, mientras que otras 840,000 poseen tarjetas de ciudadanía que les otorgan cierta protección. Se calcula que otros 1,5 millones de afganos viven en Pakistán sin documentación alguna, incluidos unos 600,000 que llegaron al país tras la toma de Afganistán por las autoridades de facto en agosto de 2021.
Días después de llegar a Afganistán, Abdul sigue aturdido por la repentina partida de su familia. En un centro de ACNUR en Samarkhel, en la provincia nororiental de Nangarhar, han recibido orientación sobre protección y se les ha brindado asistencia, incluido una ayuda en efectivo para el retorno, vacunas y revisiones médicas. Pero Abdul sigue preocupado por su futuro. Como muchos de quienes llegan, es la primera vez que está en Afganistán. Nació en Pakistán, donde trabajaba como vendedor de telas en un mercado local.
“Soy el hijo mayor y el responsable de la familia. Encontrar trabajo es nuestra principal preocupación”, explica. “Mi padre se fue como refugiado a Pakistán y empezó desde cero, al igual que lo estamos haciendo nosotros ahora”.
El personal de ACNUR y sus socios humanitarios se esfuerzan por supervisar y prestar asistencia a la afluencia a gran escala de personas afganas retornadas que llegan a los dos pasos fronterizos oficiales con Pakistán: Torkham, en la provincia de Nangarhar, y Spin Boldak, en la provincia de Kandahar. Se trata de una tarea de enormes proporciones que se suma a la crisis humanitaria que sufre Afganistán y que afecta a más de dos tercios de la población.
En el puesto fronterizo de Spin Boldak, Assadullah, padre de ocho hijos, acaba de llegar de Pakistán en un camión pintado de colores cargado de artículos domésticos. Abandonó Afganistán a los ocho años, tras la invasión soviética de 1979, y pasó 44 años en Quetta, Pakistán. A pesar de sus muchos años ahí, sintió que no tenía otra opción que irse.
“Hace poco sentimos mucho acoso. Registraban nuestras casas, nos detenían por la calle, nos quitaban el dinero y no aceptaban nuestras credenciales de refugiados. Pensábamos que las cosas mejorarían, pero empeoraron cada día”.
Las restricciones impuestas por el Gobierno de Pakistán hacen que los retornados no puedan traer consigo más de 50,000 rupias (173 dólares dólares) en efectivo. Al igual que Abdul, a Assadullah le preocupa volver a empezar en Afganistán. “No tenemos casa, ni trabajo, ni nada. Pero al menos hay paz y nadie nos acosa”.
En los últimos años, el número de refugiados afganos que optan por regresar a casa a través del programa de repatriación voluntaria de ACNUR ha sido relativamente bajo: 6.424 en 2022. Este año, más personas se han puesto en contacto con ACNUR para solicitar el retorno, y el número aumentó drásticamente en octubre, tras el anuncio de Pakistán de la fecha límite para el retorno, hasta alcanzar 24.000 a mediados de noviembre. El programa de ACNUR ofrece apoyo a los refugiados que regresan, incluida asistencia para su protección y ayuda en efectivo.
Muchas personas recién llegadas, como Obaidullah, padre de 12 hijos, se alojan actualmente con familiares en Jalalabad y otros lugares hasta que encuentren vivienda y trabajo.
“Tengo una familia numerosa y me preocupa cómo voy a mantenerlos, cómo vamos a encontrar un lugar adecuado para vivir. Me cuesta encontrar trabajo diario”.
Su hijo mayor, Imran, está intentando conseguir un pasaporte para encontrar trabajo y ayudar a mantener a la familia. Mientras tanto, su hija Kainat, de 18 años, quien habla inglés, está desolada por el traslado. “Estudié en Pakistán y mi sueño era ser médica. Esta oportunidad se me cierra en Afganistán”, asegura.
Se prevé que el abrupto regreso de cientos de miles de afganos justo antes de la llegada del invierno empeore la ya grave crisis humanitaria del país, con una mayor competencia por los escasos recursos, como vivienda, servicios de salud y puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las agencias humanitarias están luchando con importantes déficits de financiación, así como tratando de responder a los devastadores terremotos en la provincia occidental de Herat en octubre.
“Las llegadas masivas no podían producirse en peor momento”, comenta Leonard Zulu, Representante de ACNUR en Afganistán. “Nos enfrentamos a muchas necesidades humanitarias en competencia y ahora a un gran número de llegadas, muchas de ellas sin apoyo familiar ni mecanismos para hacer frente a la situación. Esto hace que sea un invierno muy sombrío y un tiempo difícil por delante”.
Las autoridades de facto y los afganos de a pie también se están movilizando para apoyar a las personas recién llegadas, proporcionándoles tiendas de campaña, ayuda en efectivo para las familias, ayuda con el transporte, alimentos y otros artículos, pero los retos que tienen por delante son enormes.
