Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Organizaciones sociales denunciaron que el Gobierno federal y del Estado de México (Edomex) han difundido a través de cuentas de redes sociales y WhatsApp grabaciones para sembrar terror entre la ciudadanía que ha realizado protestas pacíficas contra el gasolinazo en el País.
Las ONG´s alertaron que el Gobierno ha preparado el escenario de ‘vandalismo’ para justificar la represión contra ciudadanos que han salido a las calles a protestar por el alza de los precios de los combustibles.
Además, acusaron al Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas de haber infiltrado a personas ajenas a las manifestaciones para acusar a los movimientos sociales y opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de ser causantes del caos que ha generado el alza indiscriminada de precios en el sector energético.
La dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) reportó que todas las acciones de protesta de militantes de esa organización contra el gasolinazo han sido pacíficas en el País.
La CNPA exhortó a la ciudadanía a participar en las movilizaciones de forma pacífica y organizada para garantizar la integridad de las personas y la propiedad de todos.
La batalla que enfrentamos, indicó, es una lucha justa contra a una política depredadora del Gobierno Federal.
La CNPA consideró que los actos de violencia y vandalismo principalmente en el Estado de México, son contrarios a la demanda ciudadana que busca el bienestar general.
“Es preocupante la presencia de provocadores e infiltrados en movimientos de protesta legítimos en todo el país, los cuales, pareciera buscan brindar los elementos para justificar la intervención de las fuerzas policiacas y militares y con ello inhibir la participación ciudadana en acciones de protesta genuina.
La CNPA pidió a las autoridades federales, estatales y municipales a dar garantías a los ciudadanos para manifestarse, además de exigir a las corporaciones policiales estatales y a la Policía Federal, que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario de la fuerza pública, privilegiando el diálogo al tiempo que velen por la seguridad de las personas en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”, señaló.
También pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos estatales instruyan al personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas.
En ese contexto en comunicados de prensa, organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), así como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilero (CDHZL), exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales garantías a la libre manifestación de ciudadanos.
José Antonio Lara Luque coordinador general de CDHZL acusó al Gobernador priista Ávila Villegas, de “echar a andar grupos de provocadores, los cuales están cometiendo desmanes para infundir temor y pánico en la población que ha salido a manifestarse pacíficamente”.
Dijo que vecinos de varias colonias del Edomex que han decidido manifestarse, “están reforzando sus organizaciones para evitar que grupos de provocadores puedan infiltrar sus filas, generando caos, temor y violencia”.
Lara Luque responsabilizó a los gobiernos de Peña Nieto y Ávila Villegas de la “situación de ingobernabilidad y caos por el irresponsable incremento al precio de las gasolinas”.
Agregó que en el Estado de México la situación se ha recrudecido con saqueos en tiendas comerciales y expendios de combustible, en tanto que el gobierno estatal ha recurrido a la represión de los movimientos ciudadanos.
“Existe un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el FLEPS expresó su preocupación por algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas corporaciones, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines contra personas manifestantes”.
Las agrupaciones que conforman el FLEPS resaltaron que en los primeros días de 2017, en que se han desarrollado manifestaciones de inconformidad en 28 entidades, al menos 16 personas han sido detenidas en la Ciudad de México, Guadalajara y en la carretera México-Toluca, en tanto que hubo actos de represión e intimidación en el Estado de México, Sinaloa y Guanajuato.
“Ante la criminalización contra quien ejerce su derecho a la manifestación, el FLEPS urgió a autoridades de los tres niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos”.
El FLEPS aglutina a Artículo 19, al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, Espacio Libre Independiente Marabunta, Resonar y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.
