Agencias/Ciudad de México.- Gabriele Al Barghouthi es la directora del Centro Psicosocial Mondial Bonn para refugiados con problemas psicológicos y sociales, donde se trabaja para estabilizar emocionalmente a las personas que han debido huir de sus países, sufriendo frecuentemente experiencias violentas.
Al Barghouthi dijo a DW que mucha gente pasó por esas difíciles situaciones, sobre todo, en Alemania: “Esta espera interminable por el procedimiento de asilo, esta incertidumbre, el alojamiento en enormes albergues sin ninguna privacidad. Muchos también sufren por la situación política actual, el racismo en la vida cotidiana y la exclusión. Todo esto también afectaría a personas sanas”.
El centro de Bonn es una de las 51 instituciones en Alemania que ofrece atención terapéutica a refugiados en este país. Según la organización central, en 2022 se ayudó a casi 26,000 personas, es decir, al 3.1 por ciento, pero es un hecho que el 30 por ciento de los refugiados padece enfermedades mentales, según el ministro alemán de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach.
Son cifras que, en gran medida, se pasan por alto en el acalorado debate sobre cómo abordar el problema de los refugiados. Tras el fatal ataque con cuchillo en Aschaffenburg, Baviera, en el que fueron asesinados un niño de dos años y un hombre, la migración es el tema número uno de la campaña electoral. El presunto autor fue un refugiado afgano que, al parecer, padece una enfermedad mental.
La psicóloga Milena Peitzmann vive muy en de cerca lo que les sucede a los refugiados en Alemania: “Observo que mis pacientes tienen mucho miedo después de lo sucedido en Aschaffenburg, tanto por las leyes más estrictas, las normas de deportación más duras, así como por la perspectiva de un nuevo gobierno”.
Tanto Peitzmann como Al Barghouthi creen necesario un examen sistemático en los centros de recepción inicial y de alojamiento colectivo, donde, al llegar, se les pregunte en un formulario si sufren de enfermedades o problemas mentales. Eso no se hace aún. Además, la política amenaza constantemente con recortes. Por último, debe haber un mejor seguimiento por parte de los terapeutas en la práctica en consultorios, explican las expertas.
Según Al Barghouthi, para muchos psicoterapeutas, tratar con refugiados es demasiado estresante: “Primero hay que encontrar un traductor, después hay que redactar un contrato y a menudo no es posible cubrir todos los costos”.
La atención de emergencia es otro problema urgente. El caso clásico: los pacientes acaban en una clínica, son dados de alta tras una noche y luego les dan pastillas sin demasiadas explicaciones.
En general, más de la mitad de los pacientes tienen pensamientos suicidas, afirman los psicólogos de Bonn. No representan un peligro para la población en general. El trabajador social Majid Ibrahim dijo a DW: “Estoy en el centro psicosocial desde 2020 y en todos estos años hemos tenido exactamente un caso en el que una persona amenazó con violencia de manera masiva. Sólo uno, y llamamos a la Policía de inmediato. Por lo general, se trata de personas que quieren infligirse violencia a sí mismas”.
Jenny Baron, psicóloga en BAfF, la asociación nacional de centros psicosociales para refugiados y víctimas de tortura, cree que el debate ha conmocionado a la sociedad alemana, ha generado temores y ha provocado una mayor división social:
“Nosotros, como organización central, notamos que el ambiente se ha vuelto más duro. Hay menos reconocimiento para las personas que están muy comprometidas con el trabajo a favor de los refugiados en condiciones de pobreza. Lo vemos en el hecho de que los recursos financieros son cada vez más escasos, porque los políticos ya no los ven necesarios”.
Baron también critica que los centros psicosociales tienen que rechazar a muchas personas por falta de lugar y atención. Así que muchas enfermedades mentales entre los refugiados pasan, a menudo, desapercibidas.
La psicóloga hace un llamamiento para que no se califique de violentas a las personas con enfermedades psicológicas, y que no se las considere sospechosas de cometer actos violentos contra la población. “En Alemania son una gran parte de la población. Sabemos que un tercio de la población alemana desarrolla una enfermedad psíquica durante su vida. La gran mayoría de estas personas, independientemente de su procedencia, no se vuelven violentas”.
En Alemania, los partidos de la unión conservadora CDU/CSU (Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana) llevan mucho tiempo pidiendo una política migratoria más estricta. El ataque con cuchillo perpetrado en Aschaffenburg contra un grupo de niños por un hombre afgano que estaba obligado a abandonar el país, y que se saldó con dos muertes, ha intensificado aún más el debate. El líder de la CDU, Friedrich Merz, ha presentado un plan de cinco puntos para acabar con la inmigración ilegal.
La CDU/CSU exige que todas las fronteras alemanas sean controladas de manera permanente para frenar la inmigración ilegal. ¿Es posible hacerlo según la legislación de la Unión Europea?
Normalmente, no se prevén controles fronterizos dentro del llamado espacio Schengen, al que pertenece Alemania. El Código de Fronteras Schengen sólo permite excepciones temporales “en caso de amenaza grave al orden público o a la seguridad interior”.
Sobre esta base, ya se están realizando controles fronterizos, que la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser (del Partido Socialdemócrata Alemán, SPD), ordenó tras un ataque en Solingen, en agosto. El presunto autor era un solicitante de asilo procedente de Siria que debería haber sido deportado a Bulgaria hace mucho tiempo.
Los controles comenzaron el 16 de septiembre de 2024 en las fronteras de Alemania con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Dichos controles están limitados a seis meses. La ministra del Interior había ordenado previamente controles en las fronteras con Austria, Polonia, la República Checa y Suiza para frenar la migración irregular. Todas las fronteras alemanas están controladas desde entonces.
Según la legislación de la UE, los controles fronterizos, de los que debe informarse a la Comisión de la UE y a los países vecinos, son el “último recurso”, y únicamente son posibles durante un período de tiempo limitado. No se permiten controles fronterizos permanentes en todas las fronteras nacionales alemanas que cubren más de 3.800 kilómetros, ya que las fronteras internas abiertas gozan de una alta prioridad en las regulaciones de la UE.
La CDU/CSU piden una “prohibición de entrada de facto para todas las personas que no tengan documentos de entrada válidos”. Esto también se aplica a aquellos que “expresan una solicitud de protección”, es decir, que quieren solicitar asilo en Alemania. ¿Está esto legalmente permitido?
Según la legislación de la UE, el Estado miembro en el que residió por primera vez la persona que busca protección es responsable del procedimiento de asilo. Quien llega a Alemania por tierra, en cualquier caso, ha entrado previamente en otro país de la UE y, de hecho, tendría que pasar allí por el procedimiento de asilo. Esto está regulado por el llamado Reglamento Dublín III.
Pero ese acuerdo también especifica un determinado procedimiento. En consecuencia, Alemania no puede simplemente rechazar a todos los solicitantes de asilo en la frontera.
“La ley europea establece que primero se debe permitir la entrada a las personas en el país”, afirmó el abogado especializado en inmigración Daniel Thym, de la Universidad de Constanza, al noticiero Tagesschau. “Luego, hacen un juicio, y después se puede intentar enviar a la gente de regreso a los países pertinentes”.
El elemento central de este procedimiento es una entrevista personal en la que se comprueba qué país es responsable del procedimiento de asilo.
Incluso si el solicitante de asilo ha permanecido antes en otro país de la UE, Alemania podría ser responsable en determinados casos. Por ejemplo, si otro miembro del núcleo familiar ya está pasando por un procedimiento de asilo en Alemania.
Si todos los solicitantes de asilo sin excepción fueran rechazados en la frontera, sería inevitable el surgimiento de más conflictos con los países vecinos de Alemania. Según las normas de Dublín, los responsables del procedimiento de asilo suelen ser países como Bulgaria, Grecia o España. Austria ya había anunciado en otoño que no “recibiría” a ningún migrante rechazado por Alemania.
¿Podría Alemania declarar una emergencia nacional para poder desviarse de las normas europeas sobre la ley de asilo?
La base de este argumento es el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Esto da a Alemania el derecho de declarar una emergencia nacional en materia de migración y, por lo tanto, desviarse de las normas de asilo de la UE. Así lo había declarado el líder de la CDU, Merz, después del ataque en Solingen a finales de agosto. En su plan de cinco puntos, la CDU/CSU subraya que Alemania tiene el deber de “aplicar prioritariamente la legislación nacional si las normas europeas no funcionan”.
Pero eso no es tan fácil de implementar. Para ello, el Gobierno federal tendría que demostrar primero que Alemania se encuentra realmente en una situación de emergencia, es decir, que existe una amenaza grave para el orden o la seguridad públicos. Esto podría resultar difícil, porque los amplios controles fronterizos ya han reducido significativamente la migración irregular. “Una gran parte de las entradas irregulares podrían evitarse mediante rechazos”, afirma el Gobierno federal liderado por el SPD, que rechazó la propuesta de Merz.
Si el propio Merz llegara a ser canciller de Alemania, su Gobierno tendría que encontrar buenos argumentos para demostrar una emergencia, como la sobrecarga del sistema de asilo o los ataques y crímenes que se han cometido. Pero los obstáculos son grandes: la activación de la cláusula de excepción está controlada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su aplicación es restrictiva. Hasta ahora, todos los intentos de los Estados miembros de invocar una situación de emergencia ante el TJUE han fracasado.
Sin embargo, un enfoque alemán independiente de la política migratoria podría tener un efecto diferente: podría acelerar una reforma del sistema de asilo de la UE, que muchos Estados miembros critican como altamente ineficiente. En el momento en que Alemania cierre sus fronteras a los solicitantes de asilo, “otros países europeos, por supuesto, harán lo mismo”, predice el abogado y experto en migración Daniel Thym. “Y luego hay que reunirse muy rápidamente en Bruselas y preguntarse cómo se puede renovar fundamentalmente la ley europea de asilo”.
Llegaron a Alemania desde Colombia hace 2 años. Son 6 mujeres y 4 hombres, de entre 20 y 45 años. La mayoría de ellos viene de las denominadas “zonas rojas” del país y se sienten -o son, según se mire- perseguidos.
Lo cierto es que en suelo germano solicitaron asilo, y en las últimas semanas recibieron la resolución de las autoridades alemanas: el estatus de asilados no les fue concedido y les corresponde ser deportados.
Un dato no menor es, sin embargo, que en este tiempo se han desempeñado -y aún lo hacen- como cuidadores en un hogar de ancianos con demencia, un sector en el que Alemania tiene miles de vacantes por cubrir y necesita urgentemente personal.
Así, por la permanencia del grupo en el país se ha manifestado hasta el actual ministro de Salud germano, con lo que su futuro aún está por verse.
Para las autoridades competentes, sin embargo, la situación es clara: “Estas personas han hecho uso del derecho de asilo, a pesar de que aparentemente han venido a Alemania a trabajar”, indica en entrevista con DW Jochen Hövekenmeier, encargado de prensa de la Oficina Federal de Migración y Refugiados,
conocida por sus siglas BAMF. “Y esto no funciona, porque, por trágicos que sean los destinos individuales, a nosotros, como BAMF, no se nos permite tener en cuenta en el procedimiento de asilo los logros en materia de integración, tales como la rápida incorporación al trabajo”, sostiene.
“Llegan muchas personas que no están perseguidas, que no tienen una razón para ser protegidas, y que, en realidad, vienen más bien por cuestiones económicas, porque quieren trabajar aquí, porque los salarios en Alemania son varias veces los que podrían obtener en sus países de origen: este es el caso muchas veces de quienes vienen de Sudamérica”, explica Hövekenmeier. “Pero para esto, el asilo es el camino completamente errado”, asegura.
“La separación de la inmigración laboral y la inmigración de asilo establecida en la legislación alemana es necesaria para evitar solicitudes de asilo con el objetivo de trabajar en Alemania y para evitar falsos incentivos”, apunta, en el mismo sentido, un portavoz del Ministerio del Interior alemán consultado por este medio.
“Además, sería contradictorio con la finalidad humanitaria del Derecho de asilo combinarlo con argumentos de utilidad para la economía”, completa el portavoz del organismo.
¿En qué casos, entonces, sí es concedido el estatus de asilado?
“Existe, por un lado, el asilo clásico, fijado en la Constitución, que contempla, mayormente, los casos de persecución política. Luego está la Convención de Ginebra y el Estatuto de los Refugiados, que incluye también la persecución religiosa, o por motivos de orientación sexual. Y luego tenemos el otorgamiento de medidas de protección subsidiaria, que constituyen el típico caso de los países con guerra civil”, detalla Hövekenmeier.
“Evaluamos muy bien la situación de cada país, y no lo hacemos de un modo frívolo”, defiende, asimismo, el accionar oficial. Al tiempo que puntualiza: “La situación del país es muy importante, pero aún más (para la concesión de asilo) lo es la situación individual, la historia personal de persecución”.
“Ni siquiera el caso de Cuba es un automatismo”, aclara.
¿Cuántas son, pues, en este marco, las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos provenientes de América Latina, y cuántas las resoluciones favorables al respecto?
“Hay dos países que tienen una situación muy particular, que son Colombia y Venezuela”, analiza el abogado colombiano residente en Alemania Fernando Ortega. “En estos países el número de solicitudes de asilo han venido en aumento en los últimos dos años, y, en el caso de Colombia, en el último año de manera muy drástica”, afirma el cofundador de la iniciativa “Derecho al Asilo”.
En cuanto a las respuestas a esas solicitudes, “la tasa de reconocimiento en el último año no pasa del 1 por ciento, la mayor fue del 0,6 por ciento. Es decir que, de cada 100 colombianos que solicitan asilo, refugio o protección internacional en Alemania, menos del 1 por ciento está obteniendo respuesta positiva”, detalla ante DW.
“En el caso de Venezuela, esta tasa se ubica entre el 19 y el 23 por ciento”, refiere. “La más alta tasa de reconocimiento ha sido tradicionalmente Cuba”, da cuenta.
Con todo, la tendencia le preocupa: “Tanto las autoridades administrativas como los jueces están tendiendo a reconocer menos la situación política en América Latina como susceptible de protección internacional en Alemania”, indica el experto.
Lo cual, a su juicio, no sería casual: “La situación política en Alemania y en toda Europa se ha venido desarrollando en una dirección menos favorable al otorgamiento de asilo y, en los últimos años, esto se ve reflejado en las decisiones sobre el tema”.
“Los ánimos se han vuelto en contra de los solicitantes de asilo”, apunta, por su parte, la etnóloga Nora Braun, especializada en la situación de Colombia. “Los solicitantes de asilo, y los inmigrantes en general, se están convirtiendo en el chivo expiatorio de todo lo que no va tan bien en la sociedad alemana”, analiza la experta, dedicada a la tarea con refugiados en Cáritas Schwarzwald-Gäu.
Y critica: “La ley de asilo alemana no es lo suficientemente exhaustiva: la gente huye por muchas más razones que las que se tienen en cuenta en la ley de asilo”.
Con todo, una apelación es unánime: “Si hay alguien que está pensando en utilizar el asilo como alternativa migratoria, que no se equivoque: no es la vía. Se van a encontrar en Europa con las fronteras cerradas”, advierte, con conocimiento de causa, Ortega.
El debate actual en Alemania gira sobre si debe haber una política de asilo y migración más estricta, por ejemplo, con controles temporales en todas las fronteras alemanas y cómo debe llevarse a cabo la entrada al país de los refugiados a través de dichas fronteras.
De hecho, la legislación europea y alemana establece actualmente que cualquiera que llegue a las fronteras y solicite asilo, tiene derecho a que se examine su solicitud.
El Consejo de Migración, una asociación de alrededor de 100 organizaciones de ayuda a refugiados, comparte esa idea: “La política actualmente debatida de devolver a las personas que buscan protección en las fronteras de Alemania, representa un populismo peligroso en el debate sobre política migratoria. La situación legal actual muestra claramente que rechazar a las personas que buscan protección es ilegal”.
Austria ya anunció que no quiere aceptar refugiados rechazados en la frontera alemana. Y el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó tales planes de Alemania de “completamente inaceptables”. Faeser afirmó que a partir de ahora, cuando se presente una solicitud de asilo en la frontera, se comprobará si el refugiado ya está registrado en otro país de la UE. Los refugiados no podrían entonces entrar al país como antes.
La CDU y la CSU también hacen campaña para que se limite el número de solicitantes de asilo.
El presidente de la CSU y primer ministro bávaro, Markus Söder, afirmó hace unos días: “En general, el número debe reducirse significativamente a largo plazo, muy por debajo de 100,000, porque estamos realmente superados”. Alemania está “superada por las consecuencias y la integración, y no sólo en lo que se refiere a guarderías, escuelas y apartamentos, sino también estamos en parte culturalmente superados. En muchas ciudades alemanas, los habitantes alemanes ya no se sienten como en casa. Y la verdad es simple: nos ha superado”.
En 2023, unas 351,000 personas solicitaron asilo en Alemania.
