Perfiles Políticos/Por Francisco J. Siller/Ciudad de México.- Muchas veces lo he dicho, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le fallan los tiempos de acción. Es como si fuera dos pasos atrás. Envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que le permitiría disponer a su antojo del presupuesto para este año.
Pero la envió tarde. Un par de semanas antes hubieran echo la diferencia. Con su mayoría aplastante Morena la podría aprobar, ante el desoído pataleo de los partidos de oposición, pero no. La envío casi al final del periodo regular de sesiones en San Lázaro, con la seguridad de que habría un periodo extraordinario para aprobarla.
Morena no tomó en cuenta que para aprobar ese periodo extraordinario por la Comisión Permanente requería de 25 votos de los 36 legisladores que la integran. Pero le faltó uno, es decir que solo contaba con 24 y ante la ferrea oposición del PAN, PRD, PRI y MC, prefirieron no hacer el ridículo y echarle la culpa al COVID-19.
Aunque la iniciativa de López Obrador quedó en la congeladora legislativa, es seguro que será discutida en el siguiente periodo de sesiones –a toro pasado– una vez que pase la epidemia del coronavirus, porque Morena no se resigna a no cumplir los deseos del presidente y concederle a la oposición un triunfo.
Para López Obrador, esta derrota podría transformarse en sonado éxito, sobre todo si escucha a los partidos de oposición –y a los empresarios– que le proponen retirar su iniciativa para construir un gran acuerdo nacional para preservar la salud y la economía de los mexicanos.
El único inconveniente para ello es que el presidente no es dado a corregir errores ni cambiar de rumbo. Lo vemos todos los días en su mañanera, en sus actitudes de enfrentarse con periodistas, empresarios o descalificar a organismos o expertos financieros.
Incluso en su conferencia del viernes dedicó largos minutos a justificar la legalidad de su iniciativa y asegurar que los opositores a esta, lo hacen porque ya soplan los vientos electorales. No se le ocurre pensar que lo que buscan es impedir la concentración del poder y la disminución del legislativo en cuestiones presupuestales.
También debe reconocer que le faltó coherencia a su iniciativa –que de entrada no es mala–, pero que no está dirigida a paliar la pandemia, sino que pretende darle poderes para que cada vez que él decrete una emergencia, el presupuesto quede a su antojo y designios, sin consultar al legislativo.
En su lugar lo lógico era presentar a los diputados todas las modificaciones que su gobierno necesita al Presupuesto de Egresos 2020, con puntos y comas y no dejar éstas abiertas a su discrecionalidad, pero ello implicaría tener un plan bien estructurado, que por lo visto no se tiene.
Además, nunca pensó que se cayera el periodo extraordinario, que no se dictaminara como eran sus deseos, que la maquinaria de Morena fuera insuficiente para otorgarle ese poder omnímodo para el manejo del presupuesto en lo que resta del año –y en los subsiguientes– bajo pretexto de la emergencia de salud y económica que vivimos.
Y no lo envió con anticipación, porque no vio la necesidad de hacerlo. La ocurrencia de modificar el artículo 21 de la LFPRH surgió cuando en realidad se dio cuenta de la gravedad de la situación, cuando sus otros datos ya no le funcionaron. Cuando se dio cuenta que el gobierno está a punto de la quiebra.
Eso es una muestra de que las decisiones de gobierno no se están tomando con la previsión necesaria, que se reacciona cuando los problemas se le vienen encima y no se actúa en adelanto lo que permitiría enfrentar cualquier inconveniente con holgura y oportunidad.
Dejando de lado el debate sobre si se debe o no autorizar al presidente al manejo sin restricciones del presupuesto pasando por alto el mandato constitucional de que sea la Cámara de Diputados la responsable del dinero público, el presidente puede operar a su antojo alrededor de 300 mil millones de pesos.
Ello porque la Ley permite hacer modificaciones hasta del 5 por ciento del presupuesto aprobado que para este año alcanza los 6 billones 732 mil millones de pesos sin requerir la autorización de la Cámara de Diputados, pero ello no es suficiente para garantizar sus programas sociales y mantener en marcha sus obras estratégicas.
La baja en la recaudación de impuestos y la caída en los precios del petróleo abrieron un hueco enorme en las finanzas públicas fueron determinantes para que el presidente pidiera modificar la ley federal del presupuesto y poder declarar emergencias a su antojo, incluso rompiendo la relación constitucional entre los Poderes de la Unión.
Francisco J. Siller
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