Agencias/Ciudad de México.- Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado el artífice de una red de empresas fantasma que desfalcaron al erario del gobierno mexicano en los últimos sexenios, cedió los derechos de un rancho de lujo en Palm Beach, Florida, a Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex funcionario de la administración de Michoacán durante la gestión del mandatario estatal perredista Silvano Aureoles.
El portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCCI) dio a conocer que la transferencia del inmueble ocurrió ocho meses después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunciara públicamente en noviembre de 2021 que la administración de su antecesor, el perredista Aureoles, otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga para realizar presuntas labores de espionaje.
En 2019, Álvarez Puga adquirió el rancho ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington -considerada como una de las capitales ecuestres del mundo-, de 15 mil metros cuadrados en 4.9 millones de dólares.
El rancho cuenta con una caballeriza para doce ejemplares, seis potreros, una amplia alberca con jacuzzi techada, siete habitaciones con acabados de lujo y su propia pista de equitación.
La existencia de esta propiedad salió a la luz en 2022, luego de que el diario El País revelara que Álvarez Puga y su esposa dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares.
Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC -empleada por Álvarez Puga para adquirir la ostentosa finca- cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp., compañía administrada y presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se desempeñó en el gobierno de Aureoles como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Para realizar el traspaso del rancho, Álvarez Puga se valió de un “quitclaim deed” o “cesión de derechos”, una figura legal del ramo inmobiliario estadounidense que permite transferir y renunciar a los derechos de una propiedad sin necesidad de una compraventa y sin dejar rastro financiero alguno, de acuerdo con un agente de bienes raíces consultado por MCCI.
En octubre de 2019, el diario Reforma reveló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador descubrió la existencia de un centro de espionaje clandestino ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en el número 443 de Avenida Santa Fe en la colonia Cruz Manca de la Ciudad de México.
Desde ese sitio, informó el medio, operaba una red de espionaje presuntamente dirigida por los ex funcionarios peñistas Alberto Bazbaz Sacal, ex director del CISEN, y Alfredo Castillo Cervantes, ex titular de la CONADE, así como por Walter Meade Treviño, quien ha sido apoderado de Security Tracking Devices SA de CV, compañía del empresario José Susumo Azano Matsura que vendió el malware espía Pegasus a la administración del ex Presidente Felipe Calderón.
La operación clandestina fue detectada por el gobierno federal tras una denuncia anónima recibida en septiembre de 2019 que enumeraba como espiados a personajes encumbrados de la autodenominada 4T, entre los que se encontraban Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de López Obrador; Octavio Romero Oropeza, director de Pemex; Santiago Nieto, titular de la UIF, e incluso al fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Aunque en su momento no se dio a conocer vínculo alguno entre la red espía y Álvarez Puga, MCCI pudo comprobar que la firma Álvarez Puga & Asociados tenía sus oficinas en el piso 35 de la Torre Impulso, lugar desde donde habría operado el centro de espionaje.
Dos niveles arriba, en el piso 37, también se encontraban las oficinas de la Fundación Inés Gómez Mont Arena (FIGMA), constituida en 2016 con el fin de asistir a población vulnerable con orientación educativa, asistencia jurídica y hasta la ayuda para servicios funerarios.
En octubre de 2016, cuatro meses antes de firmar el contrato de espionaje con el gobierno de Aureoles en Michoacán, Integra Software SA de CV acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar su marca del mismo nombre.
En dicho registro, dio como uno de sus domicilios el piso 37 de la Torre Impulso, sitio donde se encontraba la sede de la Fundación FIGMA y donde tres años después el gobierno de López Obrador detectaría la existencia del centro espía en el piso 35.
De acuerdo con el diario Reforma, fuentes del gobierno federal confirmaron la validez de la denuncia anónima sobre el centro de espionaje y afirmaron que existía una investigación en curso por la que ya se había decomisado equipo tecnológico y archivos con llamadas telefónicas que fueron intervenidas ilegalmente, aunque no se precisó si dichos aseguramientos se llevaron a cabo en alguno de los pisos de la Torre Impulso.
Tras la publicación, Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Walter Meade negaron estar detrás de la red de espionaje, mientras que la administración de López Obrador y la FGR nunca informaron en qué derivó la indagatoria.
En julio de 2022, cuando la FGR ya tenía una orden de captura en su contra, Álvarez Puga solicitó sin éxito asilo al gobierno estadounidense bajo el argumento de que él y su familia son perseguidos en México por sus “posturas políticas conservadoras”.
En septiembre de 2025, el abogado y empresario fue detenido por agentes de ICE en Florida.
¿El motivo? Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía autorización para permanecer en el país hasta el 13 de julio de ese mismo año; sin embargo, días antes de que venciera su estancia legal salió a Las Bahamas en avión y volvió a territorio estadounidense de manera irregular en barco, sin que su reingreso fuera aprobado y registrado por funcionarios migratorios.
Desde inicios de diciembre, el nombre de Álvarez Puga desapareció del registro público de detenidos de ICE, como informó el diario El País.
Actualmente, se desconoce el paradero y la situación jurídica de quien llegó a ser considerado como el “rey de las factureras” y del que, ahora se sabe, también habría estado involucrado en una presunta red de espionaje cuyos tentáculos operaron desde la Ciudad de México hasta Michoacán.
