Agencias/Ciudad de México.- Las grandes empresas extranjeras dudan entre permanecer, reducir sus actividades o directamente marcharse, tras el golpe de Estado militar en Birmania, que desencadenó masivas protestas y una cruenta represión, que dejó en dos meses al menos 520 muertos, según la ONG birmana AAPP
Varias ONG exhortaron a algunas empresas a revisar sus actividades en Birmania, en particular los vínculos de negocios con las Fuerzas Armadas birmanas.
“El mensaje no consiste en decir que no hay que estar en Birmania sino que hay que cortar los vínculos con las Fuerzas Armadas”, explicó a la AFP Sophie Brondel, coordinadora de la asociación francesa Info-Birmanie.
La petrolera francesa Total, presente en Birmania desde 1992, mantendrá su presencia en el país, asegurando que su filial local “conduce sus actividades de forma responsable, en el respeto de las leyes y los derechos humanos universales”.
Varias ONG exhortan a Total a que “cese de financiar a la junta”. En 2019 y 2020, Total pagó al estado birmano 230 millones de dólares y 176 millones respectivamente en concepto de “derechos de producción”.
Las Fuerzas Armadas controlan la compañía nacional Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), asociada con Total y la petrolera estadounidense Chevron.
La empresa hotelera Accor, que tiene nueve hoteles en Birmania y proyecta abrir otros seis, no tiene la intención de abandonar el país ni romper con su socio local, Max Myanmar Group, que hasta el momento “no ha recibido ninguna sanción”.
El grupo cervecero japonés Kirin indicó que iba a romper sus relaciones con el ejercito birmano, con el cual explota dos cerveceras locales, aunque no va a retirarse completamente de Birmania, cuyo mercado representa 2% del total de sus ventas.
Otra cervecera, la danesa Carlsberg, que emplea 500 personas, permanecerá en Birmania, a pesar de una caída de las ventas.
El fabricante de cigarrillos británico BAT, cuyas inversiones, actividades y asociaciones conciernen a 100,000 empleados locales, permanecerá en el país con el objetivo principal de la seguridad y el bienestar de sus colaboradores.
El gigante energético francés EDF anunció, por su parte la suspensión de un proyecto de represa hidroeléctrica de un monto de 1.500 millones de dólares.
En una carta dirigida a la ONG Justice for Myanmar, EDF indicó que “el respeto de los derechos humanos fundamentales “constituye una condición previa para cualquier proyecto de la empresa”.
Inmediatamente después del golpe de estado, el fabricante japonés de vehículos Suzuki detuvo sus dos fábricas locales, que en 2019 produjeron 13.300 vehículos.
Sin embargo, unas semanas después reabrió las dos plantas y confirmó que proyecta construir una tercera.
En el sector textil, el italiano Benetton y el sueco H&M suspendieron cualquier nuevo pedido proveniente de Birmania.
La productora francesa de energías renovables Voltalia anunció que va a “poner fin a sus actividades” en Birmania, donde se implantó en 2018 y alimentaba 156 torres de telecomunicaciones en zonas rurales.
El grupo adujo como razón la “crisis política y humanitaria” en el país, donde emplea a 43 personas y que representa menos del 1% de su producción.
