Agencias, Ciudad de México.- El presidente Donald Trump ha prometido expulsar a millones de personas de Estados Unidos mediante el mayor programa de deportación de la historia estadounidense. No obstante, su agenda migratoria enfrenta diversas pruebas en los tribunales del país.
Por ejemplo, una corte federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que el gobierno de Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, lo que probablemente llevará a un enfrentamiento en la Corte Suprema.
Varias de las políticas del presidente afectan a cientos de miles —si no es que a millones— de personas. Estos son algunos de los esfuerzos del gobierno de Trump que han sido objeto de escrutinio judicial:
Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, con el argumento de que se trata de una fuerza invasora.
El gobierno deportó a personas que designó como miembros a una prisión de mala reputación en El Salvador, y argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la guerra anglo-estadounidense de 1812 y las dos guerras mundiales.
Más de 250 de los hombres deportados por Estados Unidos a El Salvador fueron devueltos a Venezuela a principios de este verano en un complejo acuerdo negociado entre los tres países. Sin embargo, el litigio sobre el asunto continúa.
En el fallo del martes de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, dos jueces de un panel de tres jueces coincidieron con los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes y los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua.
Lee Gelernt, quien defendió el caso en nombre de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o ACLU), dijo que el fallo frenó “la opinión del gobierno de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin ninguna supervisión de los tribunales”.
Pero Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente tiene la autoridad para “llevar a cabo operaciones de seguridad nacional en defensa de Estados Unidos y expulsar a terroristas”.
“Esperamos ser reivindicados en cuanto al fondo de este caso”, agregó.
Ciudadanía por nacimiento
El presidente Trump emitió una orden ejecutiva que intenta redefinir la ciudadanía por nacimiento bajo la 14ta Enmienda.
La Cláusula de Ciudadanía de la enmienda dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción estadounidense son ciudadanas. El gobierno de Trump afirma que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o si se encuentra en el país con autorización, pero de manera temporal, y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
Los estados que han demandado a causa de esta orden —Washington, Arizona, Illinois y Oregon— argumentan que ignora la redacción simple de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por derecho de nacimiento de 1898. La Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por el hecho de haber nacido en suelo estadounidense.
Una corte federal de apelaciones de San Francisco falló a finales de julio que la orden de Trump es inconstitucional, y confirmó la decisión de un tribunal inferior en Nueva Hampshire que bloqueó su aplicación a nivel nacional.
Deportaciones a terceros países
El gobierno de Trump expulsa y envía a personas a países con los que no tienen vínculos, incluidos El Salvador, en Centroamérica, y Sudán del Sur, en África.
Funcionarios de Trump han afirmado que estos inmigrantes a menudo fueron condenados por delitos violentos o provienen de países que no los reciben de regreso. Grupos de defensa presentaron una demanda este año en la que argumentan que se violan los derechos de las personas al debido proceso, y que se envía a inmigrantes a países con un largo historial de violaciones de derechos humanos.
A finales de marzo, un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones de personas a terceros países sin antes concederles el argumentar que ello pondrá en peligro su seguridad. Sin embargo, en junio, una Corte Suprema dividida detuvo esa orden, lo que permitió la rápida expulsión de inmigrantes a naciones que no son sus países de origen.
Los abogados de cinco hombres que fueron deportados al país africano de Esuatini, en julio, informaron el martes que han permanecido en prisión durante siete semanas sin cargos ni acceso a asistencia legal.
Los abogados de uno de ellos, el jamaiquino Orville Etoria, dijeron que su país de origen estaba dispuesto a aceptarlo de regreso.
Frenos a la aplicación de la ley migratoria en California
A principios de este año, las autoridades migratorias estadounidenses comenzaron a realizar redadas masivas en el sur de California y detuvieron en ellas a inmigrantes —en su mayoría latinos— en lugares como negocios de lavado de autos, tiendas Home Depot y paradas de autobús. Incluso, en ocasiones, arrestaron a ciudadanos estadounidenses también.
Esta práctica motivó una demanda por parte de grupos de defensa de inmigrantes que acusaron al gobierno de tener sistemáticamente como objetivo a personas de piel morena de la región. El Departamento de Justicia ha argumentado que los agentes federales pueden considerar factores como la raza, la etnia y las ocupaciones en un zona que considera “de máxima prioridad para la aplicación de la ley”.
Un juez federal ordenó al gobierno detener esas tácticas en siete condados de California, incluido Los Ángeles, con el argumento de que violan la Constitución de Estados Unidos. Una corte federal de apelaciones confirmó la orden temporal del juez.
El gobierno de Trump presentó una petición de emergencia a principios de agosto en la que solicita a la Corte Suprema que suspenda el fallo del tribunal inferior, y D. John Sauer, el procurador general, argumentó que pone una “camisa de fuerza” a los agentes federales.
Estatus de Protección Temporal
El gobierno de Trump ha buscado poner fin a los programas que ofrecen autorización legal, pero temporal, para personas que viven y trabajan en Estados Unidos si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras.
Estos esfuerzos han dado lugar a demandas en todo el país que afirman que más de 1,5 millones de personas se encuentran bajo lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), o bajo el permiso humanitario o de beneficio público significativo para extranjeros —o programa probatorio humanitario. El TPS permite a las personas que ya residen en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente por hasta 18 meses si sus países de origen son inseguros debido a disturbios civiles o desastres naturales. El estatus puede renovarse repetidamente.
Más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela viven en Estados Unidos bajo el programa probatorio humanitario, que permite a personas de países que están en guerra o donde hay inestabilidad política entrar y vivir temporalmente en Estados Unidos.
Para calificar, tuvieron que volar a Estados Unidos con sus propios medios y contar con un patrocinador financiero. Para la mayoría de las personas, la designación tiene una duración de dos años.
En mayo, la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump revocar el TPS y las protecciones del programa probatorio humanitario mientras procedían las demandas. Como resultado, es posible que las personas que contaban con esas protecciones puedan ser deportadas antes que se completen los procesos legales.
El viernes, el juez federal de distrito Edward Chen restableció las protecciones del TPS para 1,1 millones de venezolanos y haitianos, al fallar que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, carecía de autoridad legal para revocar las prórrogas otorgadas durante el gobierno de Joe Biden. En agosto, la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito lo respaldó en una apelación relacionada.
En la costa este del país, la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito decide si ratifica la orden de un juez de Boston que suspende la cancelación de los programas probatorios humanitarios para aproximadamente 430.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Deportaciones por la vía rápida
El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero que expandía el uso de la deportación acelerada, un proceso de deportación por la vía rápida para migrantes que ingresaron al país sin autorización y que han estado en el país menos de dos años.
Este proceso permite su deportación sin necesidad de comparecer ante un juez.
Antes del segundo mandato de Trump, la deportación acelerada se aplicaba únicamente a migrantes detenidos a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera y que llevaban menos de 14 días en Estados Unidos.
Este cambio ha desatado demandas por parte de la ACLU y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. A finales de agosto, la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó temporalmente la expansión del gobierno y sugirió que viola el derecho de las personas al debido proceso.
A principios de agosto, en otro caso, Cobb estuvo de acuerdo en bloquear temporalmente los esfuerzos del gobierno para ampliar las deportaciones exprés de inmigrantes que entraron legalmente a Estados Unidos bajo el permiso humanitario o de beneficio público significativo para extranjeros.
Cobb dijo que la “pregunta subyacente” del caso es si las personas que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de “defender su caso dentro de un sistema de reglas”.
El plan del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a Chicago ha puesto a muchos residentes latinos en alerta, lo que ha llevado a algunos a llevar sus pasaportes de Estados Unidos con ellos al tiempo que otros dudan si celebrar abiertamente el próximo Día de la Independencia de México.
Aunque la feriado es el 16 de septiembre, las celebraciones en Chicago se extienden por más de una semana y atraen a cientos de miles de personas. Las festividades comenzarán con un desfile el sábado por el barrio de Pilsen, de marcada influencia mexicana, y continuarán con caravanas de autos y animadas fiestas callejeras.
Pero este año, el período típicamente alegre coincide con las amenazas de Trump de sumar a Chicago a la lista de ciudades gobernadas por demócratas que ha priorizado para reforzar la aplicación de la ley federal. Su gobierno ha anunciado que intensificará la aplicación de la ley migratoria en Chicago, como ya hizo en Los Ángeles, y que desplegará tropas de la Guardia Nacional. Además de enviar tropas a Los Ángeles en junio, Trump las desplegó el mes pasado en Washington, D. C., como parte de su toma de control policial sin precedentes de la capital del país.
Aunque los detalles sobre la prometida operación en Chicago han sido escasos, la oposición en la ciudad ya es generalizada e incluye a comunidades suburbanas con sus propias bases de comunidades migrantes. Los gobernantes estatales y de la ciudad han dicho que planean demandar al ejecutivo de Trump.
Sentimientos encontrados sobre aplazamiento de celebraciones
Las amplias celebraciones del Día de la Independencia de México reflejan el tamaño y la vitalidad de la comunidad mexicoamericana de Chicago. Los mexicanos representan más de una quinta parte de la población total de la ciudad y alrededor del 74% de sus residentes latinos, según estimaciones del Censo de Estados Unidos de 2022.
Los organizadores de desfiles y festivales han estado divididos sobre si seguir adelante con las precauciones o posponerlo, con la esperanza de que muchos participantes se sientan más seguros al disfrutar de una verdadera celebración dentro de unos meses. En Pilsen, los organizadores afirmaron esta semana que se debe priorizar la seguridad de la comunidad. Sin embargo, un festival del Día de la Independencia de México en el centro de la ciudad, programado para el próximo fin de semana, fue pospuesto esta semana por los organizadores, quienes afirmaron que la decisión se tomó para proteger a la población.
“Pero también nos negamos a que nuestro festival sea un peón en este juego político”, dijo Germán González, uno de los organizadores de El Grito Chicago.
En Pilsen y La Villita, dos de los barrios más conocidos de la ciudad con restaurantes, negocios y lazos culturales con México, los residentes mostraron su decepción por el miedo y la ansiedad que la posible intervención federal estaba generando dentro de la comunidad en una época del año que suele caracterizarse por la alegría, la unión y la celebración de la cultura y el patrimonio mexicoamericano.
Atentos por presencia del ICE
El sábado por la mañana, algunos asistentes al desfile tomaron silbatos naranjas brillantes y volantes gratuitos de voluntarios que estaban afuera de la sucursal Lozano de la Biblioteca Pública de Chicago.
“¡Sopla el silbato contra ICE!” decían los volantes, alentando una táctica no violenta para alertar si los agentes aparecen en el evento.
“Trump 2.0 es definitivamente más directo y cruel que Trump 1.0”, afirmó Leo Pargo, de la organización comunista Revcom Corps.
Magdalena Alvarado, quien vivió en La Villita durante 30 años, tomó un silbato naranja.
“Mi corazón está latiendo un poco porque no sé qué esperar hoy”, dijo.
Alvarado vio algunos autos lowrider, a menudo decorados con banderas mexicanas, con imágenes de apoyo a la policía. Se preguntó si las habían añadido intencionalmente para generar buena voluntad entre las fuerzas del orden presentes.
“Tendemos a ser muy patrióticos y orgullosos de nuestra cultura, y este año siento que no somos tan libres para expresarlo”, dijo Alvarado.
Algunos residentes planean celebrar con precaución
Para Galiela Méndez, la decisión de posponer El Grito Chicago fue tanto desgarradora como comprensible.
Y aunque la tercera ciudad más grande del país tiene sus problemas, incluida la persistente violencia armada en algunas zonas, Méndez apuntó que Trump y sus seguidores están difamando a Chicago para obtener beneficios políticos al tiempo que perturban los festejos para una gran parte de la población.
Para Méndez, de 25 años, la situación es como una “bofetada”. Según afirmó, la comunidad está en alerta porque se trata de gente que habla de una determinada forma de su hogar, pero nunca acuden a la zona para ver en primera persona qué sucede.
Vianney Alarcón, de 42 años, dijo que espera que la gente esté en el punto de mira de las autoridades con independencia de su estatus legal.
“Simplemente van a atrapar y hacer preguntas después”, dijo.
Pero en un acto de desafío, participará en las festividades para celebrar su herencia, pero llevando consigo su pasaporte.
“Todavía voy a celebrar mi herencia”, afirmó. “Y sé con certeza que muchas de las personas que conozco y las personas que comentan en Facebook también van a acudir. ¿Qué van a hacer? No estamos siendo disruptivos si estamos celebrando adecuadamente”.
Sensación de incertidumbre
Fabio Fernández, de 39 años, propietario de 3W We Will Win, una empresa de arte y camisetas asentada en una tienda de ropa urbana en Pilsen, calificó de “preocupante” y “desalentador” que la posible intervención federal estuviera afectando las celebraciones del Día de la Independencia de México.
Para Fernández, la comunidad no debería temer ni sentir que no puede caminar por las mismas calles de siempre, y agregó que en el vecindario había una sensación de ansiedad e incertidumbre.
Esto afecta a los pequeños negocios: las ventas han bajado y hay menos tráfico peatonal para establecimientos como el suyo, añadió.
Señaló que apoyar a los negocios locales de propiedad latina es una de las mejores maneras de mostrar apoyo durante este tiempo.
“Regresen a la Calle 18. Apoyen a los pequeños negocios aquí. Todavía están trabajando arduamente para mantener sus negocios vivos”, dijo.
Alejandro Vences, de 30 años, se convirtió en ciudadano estadounidense este año, lo que le proporciona algo de consuelo, dijo mientras comía pozole verde en 5 Rabanitos, un restaurante mexicano local, el viernes por la tarde.
Aun así, dijo que la ansiedad es palpable.
“Para nosotros, nuestro Día de la Independencia siempre ha sido una celebración de nuestra cultura”, declaró. “Siempre ha sido una celebración de quiénes somos. Se siente como si no pudiéramos celebrar nuestra cultura de la misma manera”.
Al presidente Donald Trump —quien alguna vez fue dueño de un casino y está siempre en busca de su próximo trato de negocios— le gusta recurrir a analogías del póker para evaluar a socios y adversarios.
“Tenemos mucho mejores cartas que ellos”, dijo sobre China el mes pasado. Al referirse a Canadá, declaró en junio pasado:“Tenemos todas las cartas. Tenemos todas y cada una de ellas”. Y la más memorable, cuando le dijo al presidente ucraniano Volodimir Zelenskyy durante su confrontamiento en el Despacho Oval a principios de este año: “No tienes las cartas”.
La frase ofrece una ventana al mundo de Trump, quien ha dedicado su segunda etapa en la Casa Blanca a acumular cartas para desplegar en busca de sus propios intereses.
Siete meses después de iniciado su segundo mandato, ha acumulado un poder presidencial que ha utilizado contra universidades, medios de comunicación, bufetes de abogados e individuos que le desagradan. Un hombre que se postuló a la presidencia como la víctima de un “estado profundo” convertido en arma, ahora potencia al máximo, en cierto modo, el poder del gobierno y lo dirige contra sus adversarios.
Y los simpatizantes que respondieron a sus quejas sobre los insistentes demócratas no dan paso atrás: lo incitan a seguir.
“Utilizar al estado como un arma para ganar la guerra cultural ha sido esencial para su agenda”, dijo David N. Smith, sociólogo de la Universidad de Kansas que ha investigado exhaustivamente las motivaciones de los votantes de Trump. “No les gustó cuando se movilizó al Estado para frenar a Trump, pero les alegra ver que el Estado actúe para combatir la guerra cultural en su nombre”.
Cómo Trump ha utilizado al gobierno como arma
Trump puso al gobierno federal a trabajar para él a las pocas horas de asumir el cargo en enero, y desde entonces ha acumulado y utilizado el poder de maneras novedosas. Es un impulso a toda velocidad para ejecutar su agenda política y ajustar cuentas.
En el último mes, de desplegó a cientos de agentes federales y soldados de la Guardia Nacional en Washington después de que Trump invocó una ley nunca antes utilizada que le permite tomar el control de las fuerzas del orden en la capital del país. Ha amenazado con despliegues similares en otras ciudades gobernadas por demócratas, incluidas Baltimore, Chicago, Nueva York y Nueva Orleans. También despidió a una gobernadora de la Reserva Federal, argumentando —sin presentar pruebas— un fraude hipotecario.
Trump, sus colaboradores y aliados en toda la rama del poder ejecutivo han apuntado al gobierno, o amenazado con hacerlo, contra una enorme gama de objetivos:
—Amenazó con bloquear el plan para construir un estadio para el equipo de fútbol americano Washington Commanders a menos que vuelva a adoptar el nombre que usó hasta 2020, el cual es percibido como un insulto racial.
—Revocó las autorizaciones de seguridad para abogados de bufetes que no le agradan e intentó bloquear su acceso a instalaciones gubernamentales.
—Retuvo miles de millones de dólares en fondos federales para la investigación a universidades de élite e intentó impedir que estudiantes extranjeros pudieran inscribirse en ellas. Bajo presión, la Universidad de Columbia aceptó un acuerdo de 220 millones de dólares, la Universidad de Pensilvania invalidó los récords que estableció la nadadora transgénero Lia Thomas, y los rectores de la Universidad de Virginia y de la Universidad Northwestern renunciaron.
—Ha despedido o reasignado a empleados federales señalados por su labor, incluidos fiscales que trabajaron en casos que lo involucraban.
—Retiró los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para obtener cooperación en su ofensiva contra los inmigrantes que viven en el país sin autorización.
—Logró acuerdos multimillonarios contra medios de comunicación en demandas que eran consideradas ampliamente como casos débiles.
—La secretaria de Justicia Pam Bondi impulsa una revisión con jurado investigador en torno a los orígenes de la investigación Trump-Rusia, y nombró a un fiscal especial para investigar a Letitia James, la fiscal general de Nueva York, y al senador federal Adam Schiff.
Eso no es utilizar al gobierno como arma: es ejercer el poder, declaró Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca.
“Lo que la nación presencia hoy es la ejecución del gobierno más trascendental en la historia de Estados Unidos”, dijo Fields, “uno que adopta el sentido común, pone en primer lugar a Estados Unidos y cumple con el mandato del pueblo estadounidense”.
Trump tiene un sexto sentido para el poder
Hay una disputa en el poder. Se otorga y se retira. Y mediante órdenes ejecutivas, cambios de personal, la influencia de su posición privilegiada y un descaro absoluto, Trump ha asumido poderes que ninguno de sus predecesores modernos llegó ni de cerca a alcanzar.
También ha recibido el poder de muchos a su alrededor. Una base ferozmente leal que lo acompaña en las buenas y en las malas. Un Congreso y una Corte Suprema que hasta ahora han cedido su autoridad al poder ejecutivo. Universidades, bufetes de abogados, medios de comunicación y otras instituciones que han negociado o llegado a acuerdos con él.
El gobierno estadounidense es poderoso, pero no es inherentemente omnipotente. Como Trump aprendió —para su frustración— en su primer mandato, el presidente está limitado por la Constitución, las leyes, los fallos judiciales, la burocracia, las tradiciones y las normas. No obstante, en su segundo mandato Trump ha conseguido eliminar, aplastar, ignorar o neutralizar muchos de esos mecanismos de control.
Los líderes pueden ejercer su voluntad mediante el miedo y la intimidación al determinar los temas que se discuten y moldear las preferencias de la gente, argumentó Steven Lukes en “Power: A Radical View”, su influyente libro de 1974. Lukes, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, explicó que Trump ejemplifica las tres dimensiones del poder. La innovación de Trump, agregó Lukes, es la “liberación epistémica” —la disposición a inventar hechos sin pruebas.
“Esta idea de que puedes decir cosas que no son ciertas, y que no le importe a tus seguidores ni a mucha otra gente… eso me parece algo nuevo”, al menos en las democracias liberales, dijo Lukes. Trump utiliza memes y chistes —más que argumentos y activismo— para expresar sus preferencias, añadió.
Trump hizo campaña contra el uso del gobierno como arma
Un elemento central de la campaña de Trump en 2024 fue su afirmación de que era víctima de una “persecución despiadada” perpetrada por “el Departamento de Injusticia convertido en arma por el gobierno de (Joe) Biden”.
Con cuatro casos penales en su contra en Nueva York, Washington y Florida, Trump dijo en 2023 que su anhelo no era acabar con el uso del gobierno como arma, sino aprovecharlo. “¡Si vienen por mí, iré tras de ustedes!”, escribió Trump en su plataforma social Truth Social el 4 de agosto de 2023.
“Si llego a ser presidente y veo a alguien que lo está haciendo bien y me está dando una paliza, yo digo: ‘Vayan y acúsenlo penalmente’”, declaró en una entrevista con Univisión el 9 de noviembre de 2023. Y un mes después, cuando un entrevistador de Fox News le dio la oportunidad de garantizarle a los estadounidenses que usaría el poder con responsabilidad, respondió que no sería un dictador “excepto el primer día”.
Se retractó en buena medida de esas amenazas conforme se acercaban las elecciones, incluso mientras continuaba su campaña contra el uso del gobierno como arma. Cuando ganó, declaró el fin de eso.
“Nunca más se utilizará el inmenso poder del Estado como arma para perseguir a los oponentes políticos —algo de lo que yo sé—”, expresó Trump en su segundo discurso inaugural.
Un mes después: “Le puse fin al uso de Joe Biden (del poder) como arma en cuanto tomé posesión”, declaró Trump en un discurso el 22 de febrero en la Conservative Political Action Conference a las afueras de Washington. Y 10 días después de eso: “Hemos puesto fin al uso del gobierno como arma, donde, por ejemplo, un presidente en funciones puede procesar brutalmente a su oponente político, como ocurrió conmigo”.
Dos días después, el 6 de marzo, Trump firmó una orden de amplio alcance dirigida a un destacado bufete de abogados que representa a demócratas. Y el 9 de abril, emitió memorandos presidenciales que ordenaban al Departamento de Justicia investigar a Chris Krebs y Miles Taylor, dos funcionarios de su primer gobierno.
Habiendo dicho eso, el uso del gobierno como arma está donde empezó. Trump ya no está rodeado de abogados ni funcionarios gubernamentales apegados a la tradición, y su instinto para jugar sus cartas con agresividad encuentra pocas limitaciones.
