Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Juez federal Luz Elba de la Torre con sede en Chihuahua ordenó hoy a las autoridades locales acatar el amparo que revocó la prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez ex secretario General Adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusado del desvío de 250 millones de pesos, desde diciembre pasado.
El pasado 30 de agosto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Chihuahua, otorgó a Gutiérrez un amparo inapelable contra la prisión preventiva en la que permanece en Chihuahua.
En su sentencia, el Tribunal Colegiado determinó que no había razón válida para imponer a Gutiérrez prisión preventiva, pues se trata de una medida excepcional que la Fiscalía de Chihuahua no ha justificado.
Hasta la fecha prevalece la presunción de inocencia de Gutiérrez, debido a que no pesa sobre él condena alguna por los delitos imputados por la Fiscalía de Chihuahua.
Este lunes, la Juez De la Torre ordenó a los juzgados locales de Chihuahua cumplir el efecto del amparo que concedió el Tribunal Colegiado a Gutiérrez, para abandonar la prisión y continuar el proceso en libertad.
De acuerdo a la sentencia las partes involucradas en el proceso podrían consensuar la “medida cautelar” que deberá prevalecer contra Gutiérrez, entre ellas un resguardo en su domicilio, uso de brazalete electrónico, pago de fianza o cualquier otra de las que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Un Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, determinó la medida de prisión preventiva contra Gutiérrez, para ser juzgado por las autoridades locales de Chihuahua, que imputaron el delito de presunto peculado de 1.7 millones de pesos, única acusación vigente contra el empresario y político.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) desistió de seguir adelante con el proceso principal contra Gutiérrez, acusado de un peculado de 250 millones de pesos.
Desde el pasado 6 de septiembre, De la Torre pidió al juez local acatar los efectos del amparo, cuya sentencia menciona que el proceso corresponde a la instancia federal radicada en la Ciudad de México.
Precisó que el delito de peculado de 250 millones ha sido radicado en la Ciudad de México, debido a que los recursos involucrados corresponden a la administración federal.
En el peculado de 1.7 millones, aún no se define si el proceso lo llevará el juez local de Chihuahua o el federal de la Ciudad de México.
La resolución del Tribunal Colegiado advirtió que el desacato por parte del juez local traería consigo la destitución y consignación penal del funcionario por inejecución de un amparo.
