Agencias/Ciudad de México.- El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el recurso de amparo a Genaro García Luna exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), para evitar su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional.
En 2020, García Luna promovió juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que bloqueo sus cuentas bancarias a solicitud de la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) derivado de una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Distrito emitió sentencia contra García Luna.
“Nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
“Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo”, indicó el dictamen del Juez de Distrito.
La parte defensora de García Luna interpuso un recurso de revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado incluido en el proceso 288/2022.
Durante el proceso la UIF formuló agravios en adhesión a través de los que aportó elementos de convicción sobre el dictamen que emitió el Juez de Distrito en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del quejoso.
El 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución del Juez y negó el amparo a García Luna.
El Juzgado señaló que la resolución ha sido apegada a derecho y la UIF demostró que el origen de la inclusión de García Luna en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) cumplió una obligación de carácter internacional.
Paralelamente, un Juez federal expidió una nueva orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal preso en Estados Unidos desde 2019.
La FGR obtuvo de un Juez de Control 61 órdenes de aprehensión contra servidores públicos y particulares por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.
En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos previamente señalados.
De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP (2006-2012), los involucrados “se coludieron con el entonces titular de la SSPF, Genaro “G” y sus socios Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de esa Secretaría en territorio mexicano.
La FGR obtuvo de un Juez de Control órdenes de aprehensión contra la esposa y hermanos de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, a quienes acusa de haber participado en una trama de corrupción y desvío de recursos públicos.
Los mandamientos judiciales contra Linda Cristina Pereyra Gálvez, cónyuge del ex mando policiaco, así como contra Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, todos de apellidos García Luna, forman parte de las 61 órdenes de aprehensión que la FGR anunció el lunes sin revelar los nombres de los implicados.
Los sospechosos son acusados de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La FGR aseguró que presuntamente participaron en el desvío de cinco mil 112 millones de pesos que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pagó a diversas empresas a través de 10 contratos ilícitos.
Además de los familiares de García Luna, entre los acusados están varios ex funcionarios, como es el caso de Eduardo Guerrero Durán, quien se desempeñó como oficial mayor del OADPRS, así como Oswaldo Luna Valderrábano, quien fue coordinador general de planeación y programas policiales.
También está María Vanesa Pedraza Madrid, quien de 2008 a 2012 se desempeñó como directora general adjunta en la Coordinación de Asesores de García Luna y en octubre de 2019 fue nombrada apoderada legal de Nunvav, una empresa constituida en Panamá en 2005 y que participó en los contratos ilícitos.
Además, figuran los accionistas de las empresas que obtuvieron los contratos, como son Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López, Francisco Carreira Pitti, Gabriel Carreira Pitti y Natan Wancier Taub.
La FGR también solicito una orden de aprensión contra García Luna, quien con el nuevo mandamiento judicial ya suma cuatro.
Las tres órdenes anteriores son por enriquecimiento ilícito, por tráfico de armas, ya que presuntamente permitió la implementación del operativo “Rápido y Furioso”, y por haber otorgado concesiones de penales federales en condiciones de desventaja para el Estado.
En febrero pasado, un jurado en Estados Unidos lo declaró culpable por haberle dado protección al Cártel de Sinaloa durante 12 años.
El ex mando policiaco, quien está preso desde diciembre de 2019, espera que el juez Brian Cogan le dicte sentencia, la cual, por la gravedad de los delitos imputados, podría ser de cadena perpetua.
