Agencias/Ciudad de México.- El gobierno de Nicaragua está utilizando la corrupción no solo como vía de lucro personal sino como una herramienta para financiar una represión política sistemática dentro y fuera del país, denunciaron expertos de la ONU en su más reciente informe.
“Fondos públicos destinados a asistencia social y gastos operativos se han desviado sistemáticamente para financiar operaciones de seguridad violentas y grupos armados progubernamentales”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos en una conferencia de prensa desde Ginebra.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, agregó.
Además, el grupo aseguró que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidentes del país desde enero de 2025, han utilizado una red transnacional de vigilancia e inteligencia en la que participa el ejército, la policía, las sedes diplomáticas y las autoridades migratorias o de telecomunicaciones para rastrear a opositores en el exilio, intimidarles y silenciarles.
La ONU ha denunciado en varias ocasiones el empeoramiento de la situación en Nicaragua y a finales del año pasado alertó que, debido a los cambios constitucionales realizados por su gobierno, ya no hay división de poderes, son persistentes las violaciones de derechos humanos, la represión y la censura, y se ha oficializado el paramilitarismo o el uso del ejército para evitar, por ejemplo, asambleas.
Ahora, el grupo de expertos fue un paso más allá.
Después de decenas de entrevistas y la revisión de pagos, correos electrónicos, presupuestos y múltiples documentos —dicen— que identificó patrones y mecanismos de encubrimiento para desviar fondos públicos y utilizarlos para acciones represivas a través de la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según Simon, el informe ofrece rutas concretas para abrir investigaciones e identifica a más de medio centenar de presuntos involucrados, algunos ya mencionados por el equipo el año pasado.
Ahora se señaló al actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, como uno de los presuntos líderes de la red de vigilancia e inteligencia de los nicaragüenses en el exterior entre 2021 y 2023, cuando ocupaba importantes cargos diplomáticos.
Los expertos indicaron que la situación no ha dejado de empeorar. Después de la captura del venezolano Nicolás Maduro —-actualmente enjuiciado en Estados Unidos y gran aliado de Managua— el gobierno de Ortega-Murillo liberó a algunos presos pero muchos más, al menos 60 personas según el grupo, fueron detenidas por apoyar el ataque lanzado por Donald Trump.
En este sentido, Simon recordó que el equipo apoya “cualquier presión (al gobierno nicaragüense) que se base en la legalidad, los derechos humanos y las obligaciones internacionales de Nicaragua” e instó a las autoridades del país al desmantelamiento de las estructuras represivas.
Este grupo de expertos para Nicaragua, que trabaja para la ONU pero es independiente, presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la próxima semana.
Se creó en 2022 para investigar presuntas violaciones en el país centroamericano desde la violenta represión de las protestas de 2018, fecha desde la que la represión no dejó de avanzar.
En los últimos siete años, al menos 1.894 organizaciones han sido ilegalizadas, entre ellas 850 organizaciones religiosas y más de 40 entidades educativas, incluidas universidades. El acoso a la oposición ha obligado a decenas de miles de personas a huir del país en busca de asilo y un total de 452 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad.
Además de extrema vigilancia a todos estos exiliados, para silenciar a los críticos se ha utilizado el acoso digital, el abuso de los mecanismos de la Interpol, la confiscación de propiedades, castigos a familiares, la intimidación física “y, posiblemente, incluso el asesinato”, denunció Reed Brody, otro de los miembros miembro del grupo.
Al menos ha habido una docena de asesinatos o intentos de asesinato de críticos exiliados, incluido el homicidio del militar retirado Roberto Samcam en Costa Rica en 2025, fuerte crítico del gobierno.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, sentenció Simon.
